¿Cárcel por no proteger a menores? Abogadas proponen sanciones para funcionarios, instituciones y familias omisas

Tijuana,BC.- Integrantes del Colegio de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. presentaron una propuesta para reformar el Artículo 160 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de establecer sanciones de prisión y multas económicas para servidores públicos y particulares que incumplan con el deber de cuidado hacia niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

La presidenta de la Comisión Penal y Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del colegio, Irma Hernández, explicó que la iniciativa plantea imponer penas de tres años de prisión, además de multas equivalentes a 50 y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Añadió que, cuando la conducta sea atribuible a un servidor público, la sanción económica se incrementaría en un 50 por ciento, debido a la responsabilidad inherente al cargo.

Tijuana

Continúa sin definirse el esquema para la pensión de viudas de policías

Te puede interesar: Acusa secretario de salud BC a la oposición política de desprestigiar al IMSS-BIENESTAR

La propuesta contempla instituciones y familias

De aprobarse la reforma, las sanciones podrían aplicarse a personal o responsables de escuelas, hospitales, albergues y otras instituciones encargadas de la atención de menores y personas con discapacidad, cuando incumplan obligaciones relacionadas con protección civil, educación, atención médica, seguridad u otras medidas preventivas.

La presidenta del colegio, Estefanía Campos, señaló que la iniciativa también alcanzaría a familias e instituciones gubernamentales que no cuenten con un plan preventivo o que, teniéndolo, no lo implementen para garantizar el resguardo, cuidado y vigilancia de estos grupos de atención prioritaria.

La propuesta fue entregada a la diputada Evelyn Sánchez, con la intención de que sea presentada para su análisis en el Congreso de Baja California.

Buscan prevenir antes de que ocurra una tragedia

Campos sostuvo que el propósito de la iniciativa es fortalecer la prevención y evitar que las autoridades actúen únicamente cuando ya ocurrió un accidente, una lesión o un fallecimiento.

Como ejemplo, mencionó que dependencias como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud podrían ser sujetas a estas sanciones cuando exista una omisión en la atención de casos relacionados con bullying, atención médica o demoras derivadas de trámites administrativos, como la activación del seguro escolar.

Nos hemos dado cuenta de que existe un vacío legal muy importante. Al día de hoy la ley únicamente sanciona cuando tenemos un daño ocasionado, cuando tenemos una lesión, una discapacidad o una muerte. Pero, ¿qué pasa con las personas o autoridades que son omisas en sus responsabilidades?”

Expresó Estefanía Campos.

Hasta el momento, la iniciativa únicamente fue presentada a una legisladora para su eventual análisis, por lo que aún no ha sido discutida ni aprobada por el Congreso del Estado de Baja California.