Afirma ministro de la Suprema Corte que la población tiene derecho al acceso a la justicia y al amparo

Tijuana, BC.- A pesar de los ajustes que aún se realizan al Poder Judicial tras la aprobación de la reforma en 2024, la ciudadanía conserva su derecho de acceso a la justicia y a promover un amparo si considera que alguna dependencia de gobierno vulnera sus derechos.

Así lo afirmó el ministro Irving Espinosa Betanzo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante una visita a la Casa de los Saberes Jurídicos de Tijuana, donde estuvo acompañado por representantes del Poder Judicial en Baja California, así como juezas, jueces y abogados.

Espinosa Betanzo encabezó mesas de trabajo en las que se abordaron temas como la desaparición forzada, la violencia de género y el acceso a la seguridad social, entre otras problemáticas que afectan a habitantes de la ciudad.

México

La Suprema Corte ha determinado que los jueces deben analizar caso por caso los derechos sucesorios en herencias familiares, como la atención y cuidado brindado a un familiar dependiente o la existencia de copropiedad de bienes permitiendo valorar circunstancias especiales

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Impartidores de justicia deben atender a la ciudadanía

El ministro señaló que es obligación de los impartidores de justicia atender a las personas que consideran que sus derechos humanos han sido vulnerados y dar respuesta a sus casos.

A partir de que entendamos que no solamente es una obligación legal, sino que es una necesidad y una obligación de carácter ético, así ha sido históricamente. Desafortunadamente, se trastocó, se distorsionó la labor jurisdiccional, pero tiene que ser escuchada. Es necesario el diálogo con la ciudadanía, con las personas que se dedican al noble ejercicio de exigir justicia”

Declaró.

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Ciudadanía conserva su derecho al amparo

Asimismo, el representante de la SCJN reafirmó que, en esta nueva etapa del Poder Judicial, las y los ciudadanos conservan su derecho a promover un amparo.

Explicó que, si se comprueba que una autoridad vulneró los derechos de una persona, el Estado tiene la obligación de reparar, compensar o indemnizar el daño.

Este derecho se encuentra establecido en el artículo 107 de la Constitución Mexicana, mientras que el artículo 113 señala las responsabilidades de los servidores públicos.

Es un derecho y una garantía establecida en nuestra Constitución. Nosotros, como integrantes del Máximo Tribunal, claro que garantizamos que toda persona que considere que ha resentido una injusticia tenga un tribunal que la ampare y proteja”

Mencionó Espinosa Betanzo.