Alcaldesa de San Quintín rechaza propuesta del Síndico para redirigir 12 millones de pesos
Miriam Cano afirmó que la Sindicatura no tiene facultades para decidir el destino del presupuesto y recordó que cualquier modificación debe ser aprobada por el Cabildo.

Ensenada,BC.- La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, rechazó la propuesta del síndico procurador para redirigir 12 millones de pesos a distintas obras de infraestructura, al señalar que la Sindicatura carece de facultades legales para determinar el destino de los recursos públicos o instruir a las dependencias sobre su aplicación.
La alcaldesa explicó que la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que corresponde a la Presidencia Municipal dirigir la administración pública y ejecutar el presupuesto, mientras que la Sindicatura tiene atribuciones de vigilancia, control interno y fiscalización del ejercicio de los recursos.
Asimismo, precisó que cualquier modificación al destino del presupuesto debe ser aprobada por el Cabildo mediante el procedimiento legal correspondiente y no puede resolverse a través de un oficio dirigido a una comisión edilicia.
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Recursos siguen dentro del proceso presupuestal
Cano Núñez indicó que la reserva presentada durante la discusión de la Quinta Modificación Presupuestal fue resuelta por el propio Cabildo en la misma sesión, por lo que el asunto no fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis.
Añadió que los 12 millones de pesos, provenientes de ajustes en recursos del Fortamun y Faismun, permanecen dentro del proceso presupuestal y no representan una bolsa disponible cuya aplicación pueda definirse de manera unilateral.
En ese sentido, sostuvo que el destino de dichos recursos deberá establecerse conforme a los mecanismos previstos en la legislación municipal y con la aprobación del Cabildo.
Plantea priorizar regularización de predios
En su posicionamiento, la alcaldesa señaló que una de las prioridades que deberá valorarse es atender el rezago en materia de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, al considerar que el ordenamiento territorial es un paso indispensable para ampliar la cobertura de servicios públicos como agua potable, electrificación y otras obras de infraestructura.
Explicó que la regularización de predios también fortalece la recaudación del impuesto predial, lo que permite generar mayores recursos para el financiamiento y mantenimiento de los servicios municipales.
Finalmente, Miriam Cano reiteró que su administración reconoce y respalda las facultades de la Sindicatura en materia de fiscalización, aunque insistió en que las decisiones relacionadas con el ejercicio del presupuesto deben apegarse al procedimiento establecido en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y contar con la aprobación del Cabildo en sesión pública.
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