Cinco detenidos por despojo de terrenos del Gobierno de Sonora en San Carlos valuados en cientos de millones de pesos
La FGJES informó que un juez les impuso prisión preventiva justificada; los imputados presuntamente ocuparon fracciones de tres polígonos estatales en la zona norte del bulevar Tetakawi.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas señaladas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno estatal, ubicados en San Carlos, municipio de Guaymas.
Los predios se encuentran en la zona norte del bulevar Tetakawi y, en conjunto, tienen un valor de cientos de millones de pesos, según informó la institución en un comunicado este lunes 26 de octubre de 2026.
La FGJES se pronunció tras publicaciones en redes sociales que cuestionan la actuación de las autoridades y presentan la detención como arbitraria.
¿Por qué fueron vinculadas a proceso las cinco personas?
De acuerdo con la investigación expuesta por el Ministerio Público ante la autoridad judicial, los cinco imputados habrían ocupado diversas fracciones de tres polígonos propiedad del Gobierno de Sonora, ubicados en la colindancia norte del bulevar Tetakawi, en San Carlos.
La Fiscalía señaló que los terrenos pertenecen al patrimonio estatal y que su propiedad y posesión corresponden al Gobierno de Sonora, por conducto de Bienes y Concesiones.
La investigación sostiene que en esos inmuebles se realizaron actos materiales de despojo que afectaron la disponibilidad de los predios por parte de sus legítimos poseedores.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba relacionados con el caso. Después de escuchar los argumentos, el juez resolvió vincular a proceso a las cinco personas.
¿Qué medida cautelar impuso el juez a los imputados?
El juez determinó que los cinco imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento, conforme a lo informado por la FGJES.
Esta medida implica que deberán permanecer privados de la libertad durante el proceso, de acuerdo con la resolución judicial, sin que ello signifique que ya hayan sido declarados culpables del delito que se les atribuye.
¿Dónde están los terrenos y a quién pertenecen?
Los predios involucrados se encuentran en San Carlos, dentro del municipio de Guaymas, Sonora, en la zona colindante con el sector norte del bulevar Tetakawi.
Según la FGJES, se trata de fracciones distribuidas en tres polígonos estatales cuyo valor conjunto asciende a cientos de millones de pesos.
La institución indicó que los inmuebles forman parte del patrimonio del Gobierno de Sonora y que su administración en materia de propiedad y posesión corresponde al área de Bienes y Concesiones.
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¿Qué respondió la Fiscalía a las publicaciones sobre una detención arbitraria?
La FGJES se refirió a publicaciones difundidas en redes sociales que presentan el caso como una detención arbitraria y cuestionan la actuación de las autoridades judiciales.
Frente a esas versiones, la institución afirmó que la detención de los imputados derivó de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial, relacionada con la investigación por el presunto delito de despojo.
La Fiscalía sostuvo que la actuación se realizó en el marco de un procedimiento judicial y rechazó que las publicaciones difundidas en redes sociales sean suficientes, por sí solas, para establecer una versión distinta de los hechos.
El caso se encuentra ahora en una etapa procesal en la que deberán examinarse los datos de prueba y las circunstancias relacionadas con la presunta ocupación de los terrenos.
FGJES combate la invasión ilícita de terrenos propiedad del Gobierno de Sonora
— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 26, 2026
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¿Qué dijo la FGJES sobre la presunta condición del espectro autista de uno de los imputados?
Otro de los puntos abordados por la Fiscalía fue la difusión de publicaciones que señalan que Héctor Alonso “N” tiene autismo y utilizan esa afirmación para cuestionar su detención.
De acuerdo con el comunicado, durante la audiencia inicial esa condición no fue manifestada por el imputado ni por su defensa. Por ello, la institución indicó que no corresponde considerar acreditada esa afirmación únicamente a partir de una publicación en redes sociales.
La Fiscalía también señaló que, durante la detención, el imputado no mostró signos de esa condición. Sin embargo, la ausencia de signos visibles no permite, por sí sola, confirmar ni descartar una condición del espectro autista.
La institución agregó que, si se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición de este tipo, esa circunstancia no implica automáticamente una exención de responsabilidad penal.
No obstante, precisó que las autoridades deben considerar las circunstancias particulares de cada caso y garantizar los apoyos, ajustes y salvaguardas que correspondan conforme a la ley, con respeto a los derechos humanos de las personas involucradas.
¿Qué postura tiene el Gobierno de Sonora sobre la ocupación de terrenos por grupos precaristas?
En el comunicado, la FGJES sostuvo que la defensa del patrimonio público y el cumplimiento de la ley son parte de sus obligaciones, al tiempo que reiteró su compromiso con los derechos humanos.
La institución también abordó la posibilidad de que las personas involucradas formen parte de grupos precaristas, es decir, grupos de personas vulnerables que no cuentan con los recursos para tener una vivienda propia.
Al respecto, señaló que el Gobierno estatal buscaría atender las necesidades de vivienda que pudieran existir, pero advirtió que eso no significa permitir la apropiación de terrenos que forman parte del patrimonio estratégico de Sonora.
¿Qué sigue en el proceso por el presunto despojo en San Carlos?
Con la vinculación a proceso, la investigación penal continuará para esclarecer los hechos atribuidos a los cinco imputados y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.
Mientras tanto, la prisión preventiva justificada permanecerá vigente conforme a lo resuelto por el juez, salvo que exista una modificación judicial posterior.
La FGJES reiteró que continuará con las acciones dirigidas a proteger los bienes públicos y hacer cumplir la ley, bajo el principio de respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
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