Creciente deslegitimación

En su afán destructivo, nunca advirtieron los riesgos. La arrogancia del poder es el veneno de los tontos. A partir de 2024, los embates motivados por su soberbia se acrecentaron; institutos y organismos fueron naufragando.

El Poder Judicial quedó reducido a un aditamento más, auxiliado por un Tribunal de Disciplina Judicial que, en el centro de su apelativo, impone el término “disciplina”, proponiendo un proceder punitivo antes que deliberativo, todo tutelado por una Suprema Corte fusionada al Partido de Estado.

La corrosión que produjo la colonización de entidades ha sido mortífera para la República, hoy herida en lo más profundo. Las instituciones han perdido toda brújula ética y, entre estas, se encuentra el INE, organismo que no realizaba únicamente elecciones, sino que daba certeza y equidad republicana.

Tanto la Suprema Corte, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) han sido tomados, diezmados y pervertidos. Al deformarlos, han convertido a la democracia mexicana en un engendro sin confiabilidad.

La administración iniciada en 2024 aceleró la degradación al prostituirlas, pretextando los trastornados argumentos de su creador, quien afirmaba falsamente que eran refugio de conservadores corruptos e hipócritas, y asumiendo dolosamente que el progresismo que movía a Morena era moralmente superior.

Hoy son centro de escándalos, botín partidario, pillaje familiar y ejemplo de un descaro monumental. Nunca habíamos vivido tal nivel de podredumbre, desvergüenza y torpeza, aunado a algo que es primordial: La pérdida absoluta de legitimidad institucional. Sin legitimidad no hay decisión que pueda sustentarse; sin este aval democrático, es imposible seguir el tránsito normal de una República.

El régimen está enfermo de ideología y, en su padecimiento, supone que la ética es conservadora y que esta se puede transgredir pretextando un credo. Esto alentó la degradación, provocando una corrupción descomunal que hoy los tiene en la inmundicia.

Nunca asimilaron que las instituciones construidas cumplían funciones imprescindibles que no se advertían, pero existían; oxigenaban la democracia y, al derribarlas, resultaron afectados, sin discernir que la colegialidad era el antídoto para estos abusos, aunada a la participación administrativa de las oposiciones, otorgándoles no sólo legalidad, sino garantía de legitimidad. Este “progresismo” está dotado de retardatarios atavismos doctrinarios.

Hoy no hay salida y, en su arrogancia, siempre empeoran. Indudablemente, tras las revelaciones en el

INE, su propuesta no será limpiar la institución de cara a la próxima elección, sino aumentar el descrédito y el control, imponiendo a una nueva presidencia peor que la actual.

Siguen la escuela de su mentor, depositando la fe política en un ignorante que destruyó, sin argumentos y armado de chismes, lo que los mexicanos habían construido con mucho esfuerzo.

“La estrategia de consolidar la posición dominante de un partido reforzando el carisma de su líder y la obediencia a su núcleo dirigente, más la seguridad de sentirse al abrigo de cualquier sanción, se convirtió en invitación a la reiterada violación de la legalidad (…) Así, aunque institucionalmente asentada, la democracia comenzó a sufrir la progresiva erosión de algo tan inasible, pero tan imprescindible, como es su legitimidad, pues ningún político puede vulnerar la legalidad y pretender que el régimen que permite y oculta tal violación, sin reaccionar contra los transgresores con prontitud y energía, no sufra un proceso de creciente deslegitimación”. Santos Juliá, La nación frustrada, 1994.

No es extraño que una administración que ha sido tan incompetente e inmoral regrese a la competencia electoral imponiendo autoridades impúdicas, con la desvergüenza que las caracteriza.

La República desaparece sin la legitimidad.