Cerro de La Campana

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer que 80% de las amenazas de extorsión se realizan por teléfono, argumento con el que defendió la obligación de registrar las líneas móviles con los datos de sus usuarios.

La intención, en principio, parece difícil de cuestionar: Si una persona recibe una llamada de extorsión, que la autoridad pueda identificar a quién está asociado el número desde el que se realizó la comunicación puede convertirse en una herramienta para investigar el delito.

La extorsión no es un problema ajeno para los sonorenses. Empresarios, comerciantes y ciudadanos han denunciado durante años llamadas en las que se utilizan amenazas, supuestos integrantes de grupos criminales, falsos secuestros o engaños para obtener dinero.

El teléfono se ha convertido en una herramienta más de los delincuentes y, en muchos casos, ni siquiera necesitan estar cerca de la víctima.

Por eso puede entenderse la apuesta del Gobierno federal por cerrar el vacío que existe con los llamados chips de prepago, que pueden adquirirse con facilidad y cambiarse constantemente.

Sheinbaum ha insistido en que el registro no busca que el Gobierno tenga un directorio de ciudadanos ni que pueda espiar a los usuarios, sino que las compañías telefónicas sean las responsables de conservar la información y que ésta pueda ser requerida por las autoridades cuando exista una investigación.

Se estima que entre 4 y 8.7 millones de líneas podrían ser suspendidas mañana sábado por no haber cumplido con el registro. Aunque se ha señalado que basta con realizar el trámite para recuperar la línea, el impacto de dejar sin servicio a millones de personas no puede minimizarse.

Para muchas familias es el principal medio de comunicación, de trabajo, de acceso a servicios y, en situaciones de emergencia, incluso de contacto con las autoridades.

El mercado de la vivienda en México mantiene su tendencia al alza, pero Sonora parece ir en sentido contrario.

Mientras a nivel nacional el precio de las casas y departamentos aumentó 4.7% anual durante julio, el Estado registró una disminución mensual de 1.8%, la caída más pronunciada entre las entidades del País, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda.

El dato llama la atención porque ocurre en un momento en el que comprar una casa sigue siendo un desafío para muchas familias. A nivel nacional, el precio promedio alcanzó los 32 mil 274 pesos por metro cuadrado, 0.5% más que en junio.

La diferencia entre entidades es considerable. En la Ciudad de México el metro cuadrado llegó a 59 mil 295 pesos; en Nuevo León fue de 57 mil 55 y en Jalisco de 48 mil 391. En el otro extremo, Tamaulipas registró 19 mil 253 pesos.

El descenso de 1.8% en julio coloca a Sonora como el que tuvo la mayor reducción mensual, un dato que puede parecer una buena noticia para quienes buscan comprar casa, pero que por sí solo no significa que la vivienda ya esté al alcance de más familias.

El precio de una propiedad no depende únicamente de lo que ocurre en un mes. Influyen la ubicación, la demanda, el tipo de inmueble, el costo del suelo, los materiales, las tasas de interés y, por supuesto, los ingresos de las familias.

Por eso habrá que observar si la caída registrada en Sonora representa un ajuste temporal o si comienza a marcar una tendencia.

Cabe recordar que el Gobierno estatal que encabeza Alfonso Durazo Montaño mantiene la construcción de casas de interés social a través del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, lo que ha ayudado en el tema.