Cerro de La Campana

La entrega a los Estados Unidos de los dos ex funcionarios del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha, acusados de nexos con el narcotráfico, sacude de nuevo el escenario nacional y pone más tensión al ambiente político, de seguridad y la relación binacional.

Hay atención sobre si la Presidencia de la República emitirá este fin de semana alguna postura sobre este hecho después de que decidieron entregarse en Estados Unidos Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, dos de los 10 señalados por el vecino país de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta anoche sólo el gabinete de Seguridad había emitido una publicación en redes sociales en la que confirmaba lo que ya había trascendido horas antes, que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo y cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona donde quedó detenido. Por la noche se dio a conocer que se declaró no culpable y que buscará ser testigo cooperante.

Esto abre un nuevo capítulo en este complejo caso que pone no sólo a Sinaloa sino a México en una situación delicada por la gravedad de las acusaciones hechas en Estados Unidos, donde han insistido al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que se ejecute la detención provisional con fines de extradición de los 10 ex funcionarios de Sinaloa, incluido el controvertido Rubén Rocha y el senador morenista Enrique Inzunza. La respuesta de la mandataria ha sido que requiere pruebas.

Además de la entrega de dos de los 10 acusados también tuvo eco la información que indicaba que la Unidad Inteligencia Financiera congeló desde el 6 de mayo pasado las cuentas bancarias de Rocha Moya y sus familiares, así como del senador Inzunza, sobre lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada ayer y dijo no tener información.

Desde el 29 de abril que se dio a conocer la acusación contra los políticos mexicanos, la escalada de noticias alrededor del caso ha estado imparable y hubo quienes consideraron que ayer fue un “viernes negro”.

Con todos los problemas y su agenda nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue directa sobre el conflicto que tiene a la Universidad de Sonora en una huelga de hecho que hoy cumple dos días.

En su conferencia matutina se le preguntó a la mandataria sobre esta nueva paralización de la institución por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison (Staus) y dijo puntualmente que esto le corresponde al Gobernador con el apoyo del subsecretario de Educación Superior.

Luego de la primera huelga de hecho del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison (Steus), que duró 22 días y se levantó el 7 de mayo, y ahora con la del Staus, ayer salió la rectora Dena María Camarena a dar un mensaje donde asegura que ha mantenido una política de puertas abiertas y diálogo, de la importancia de cuidar la estabilidad, que han hecho propuestas, que los recursos de la institución dependen de la Federación y el Estado, y que se ha destinado una bolsa de 12 millones de pesos anuales para la mejora de prestaciones.

Eso no ha convencido a los académicos que anticipan que continuarán con sus acciones para visibilizar sus demandas de salario justo sin topes salariales, servicio médico completo, solución al ISR y otros temas.

El panorama no se ve alentador por el distanciamiento entre las partes y lo más preocupante es la incertidumbre que sienten los más de 40 mil estudiantes por su futuro académico en este semestre.