Inician procedimientos sancionadores por cuentas públicas

Son quince dictámenes de cuenta pública que se encontraban rezagados en la Sindicatura Municipal en los que se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador por las observaciones encontradas.

La síndica procuradora Blanca Villaseñor Pimienta recordó que al arribar a la administración municipal, hallaron un gran rezago en el trabajo referente a las cuentas públicas del Ayuntamiento.

Dijo que en total se encontraron 42 asuntos de cuenta pública en las direcciones de Fiscalización y Contraloría a los que no se les había dado seguimiento.

Además se les sumaron siete cuentas públicas más, las cuales arribaron a la Sindicatura Municipal entre los meses de junio y agosto del presente año.

Del total de casos, en 19 se han agotado las investigaciones y de este número, en quince se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador.

Los otros cuatro se comenzarán próximamente, indicó, al finalizar los detalles de la integración del expediente.

Agregó que es probable que la mayoría de estos quince procedimientos queden solventados antes de finalizar el presente año.

Sin embargo, recordó que los posibles sancionados son llamados a una audiencia donde pueden presentar elementos de prueba a su favor.

Villaseñor Pimienta señaló que de los asuntos de cuenta pública rezagados, 21 fueron iniciados en este 2017, 4 en el 2016, ninguno en el 2015, 1 en el 2014 y 17 se hicieron entre el 2012 y 2013.

“Aquí se nota el rezago de las 42 cuentas, que estaban durmiendo el sueño de los justos porque no hubo mucha actividad durante el trienio pasado”, explicó.

Puntualizó que todas estas cuentas pendientes corresponden al periodo comprendido entre el 2010 y el 2015; cinco de ellas tienen que ver con la administración central y 37 con las paramunicipales.

De las siete cuentas públicas que arribaron en los últimos meses, dos son cuentas no aprobadas mientras que las otras cinco fueron aprobadas pero con observaciones.

Dichas observaciones pueden ser solventadas en la Dirección de Fiscalización, porque al recibir el dictamen se tienen 60 días para contactar a la entidad y pedirles las aclaraciones pertinentes.

De no hacerlas, el expediente se turna a la Contraloría para determinar la responsabilidad subsecuente que pudiera encontrarse.

Las cuentas no aprobadas automáticamente pasan al área de Contraloría, independientemente de las observaciones a las que se les dará seguimiento.

Pasado el periodo de 60 días, se tiene que informar al Congreso Estatal lo que se hizo y posteriormente rendir informes de manera trimestral.