Zona Sísmica

Se manifiesta el Poder Judicial Federal

Como si no fueran suficientes los problemas que enfrenta el País, otra crisis estalló ahora en el Poder Judicial de la Federación, paralizado por la protesta nacional de jueces, magistrados y trabajadores de al menos 15 estados, incluido Baja California, contra un nuevo sistema de evaluación.

Tanto en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en la Ciudad de México, como en el Consejo de la Judicatura Federal, Décimo Quinto Circuito del Poder Judicial, en Tijuana y en la sede central de la dependencia en Mexicali, entre otras plazas del País, los trabajadores suspendieron actividades y declararon inhábil el viernes y analizan extender la medida al lunes, para no afectar los plazos legales.

Los manifestantes aseguran que el reclamo no es contra los exámenes, sino contra una medida que agrega la opinión de jefes y compañeros; temen que los nuevos funcionarios judiciales, algunos de los cuales llegaron, dicen, “a través de los acordeones”, utilicen las calificaciones para despedirlos.

Víctor Flores, dirigente sindical de Toluca, resumió el enojo: “No podemos ser juzgados ni evaluados por gente que ni siquiera tiene la capacidad, ni los conocimientos, ni preparación, ni la excelencia que nosotros como trabajadores sí tenemos”.

Aunque el Órgano de Administración Judicial les promete que los exámenes no provocarán despidos, hay gran desconfianza. Patricia Aguayo, una de las voces líderes de los trabajadores, exige dejar sin validez el acuerdo y que se emita otro que permita evaluar sin convertir las pruebas en castigos o pérdida de plazas.

No es la primera movilización nacional del personal judicial, ya en 2023 y 2024 protestaron contra la reforma judicial y los recortes presupuestales. Hoy advierten que el nuevo esquema amenaza la independencia judicial y la estabilidad laboral de más de 32 mil personas en más de 900 tribunales y juzgados.

FUEGO EN EL PUEBLO MÁGICO

La sesión en el Congreso del Estado puso en evidencia una realidad que en los discursos oficiales del alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, se empeña en maquillar. La violencia rebasó por completo a la autoridad municipal. La iniciativa de la morenista Tere Méndez, respaldada por todas las fracciones, fue un grito de auxilio directo a Omar García Harfuch para intervenir con un operativo permanente ante una comunidad atemorizada por masacres familiares y crímenes que han tocado hasta el Cabildo.

Más allá del exhorto federal, el debate legislativo exhibió la falta de un gobierno municipal que se haga cargo del problema de inseguridad que vive el municipio. Los señalamientos de diputadas como Daylín García y Alejandrina Corral contra el alcalde tecatense no tienen desperdicio. Acusan una negligencia flagrante en las labores de prevención y primer respondiente, mientras la administración local prefiere “placearse” en actos proselitistas que atender las ejecuciones a plena luz del día.

Con apenas 150 mil habitantes, la tasa delictiva de Tecate compite con los focos rojos más alarmantes del país. Si la Federación no toma el control y obliga a coordinar fuerzas reales, el llamado Pueblo Mágico seguirá condenado a ser rehén de disputas criminales ante la complacencia de un gobierno local que hace como que la lumbre no le llega a los aparejos.