Así operaba el mexicano originario de Culiacán que las autoridades de Honduras investigan por posibles vínculos con una red de fraude tecnológico después de que se detectaran retiros anómalos en varios cajeros automáticos de la ciudad

La Policía Nacional de Honduras confirmó este domingo la captura de un ciudadano mexicano de 25 años, señalado como el presunto responsable de estafar a una entidad bancaria mediante la manipulación de sus sistemas informáticos.

La detención se produjo en flagrancia cerca de un cajero automático ubicado en el bulevar del Norte, sector Los Álamos, en San Pedro Sula, tras una alerta generada por el propio departamento de seguridad del banco.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la INTERPOL Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), el sospechoso fue interceptado cuando presuntamente realizaba retiros de efectivo sin necesidad de utilizar una tarjeta bancaria, gracias a un sofisticado método tecnológico.

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El método del fraude: un algoritmo y un teléfono celular

Las primeras investigaciones revelan que el detenido, originario de Culiacán, Sinaloa, y con residencia en el Barrio El Centro de San Pedro Sula, formaría parte de una red dedicada al fraude tecnológico. El modus operandi detectado por las autoridades es particularmente complejo.

Según los datos recabados por la DPI, los delincuentes lograban obtener acceso previo al sistema interno de un cajero automático. Una vez dentro, utilizaban un algoritmo específico y un programa instalado en un teléfono celular.

Este software les permitía enviar códigos al cajero que autorizaban la entrega de dinero en efectivo, omitiendo por completo el uso de tarjetas bancarias o claves de seguridad tradicionales.

Una alerta bancaria que activó el operativo policial

El primer indicio de este fraude ocurrió en un cajero automático ubicado en una agencia de la 7 calle de San Pedro Sula. El personal de seguridad del banco detectó múltiples transacciones anómalas que no correspondían a movimientos comunes de clientes, lo que generó un perjuicio económico aún no cuantificado en su totalidad.

Sin embargo, el momento clave para la captura se dio horas más tarde, cuando el sistema de vigilancia del banco emitió una nueva alerta. Esta vez, el foco estaba en el cajero automático de la agencia Los Álamos.

Al revisar las cámaras y los registros del sistema, los operadores observaron a un individuo realizando el mismo procedimiento irregular para retirar una cantidad considerable de dinero.

Ante esta situación, el banco activó los protocolos de seguridad y notificó de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Esta coordinación permitió que unidades operativas e investigativas de la Policía Nacional se desplegaran rápidamente en el sector, logrando ubicar y capturar al sospechoso en las inmediaciones del cajero automático.

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Decomiso y proceso legal

Durante la inspección realizada en el lugar de la detención, las autoridades decomisaron un total de 190 mil lempiras en efectivo (alrededor de 123,875 pesos mexicanos), los cuales estaban distribuidos en billetes de 500 lempiras.

Además, se incautó un teléfono celular de la marca Google, el cual será sometido a un análisis forense por parte de los especialistas en investigación tecnológica de la DPI. Se presume que este dispositivo fue la herramienta principal utilizada para ejecutar el acceso ilícito al sistema informático de los cajeros.

Las indagaciones no se detienen aquí. La Policía Nacional informó que existen indicios de que este mismo método ya habría sido utilizado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula. Por esta razón, los agentes continúan con diligencias para determinar si hay más personas involucradas en esta modalidad delictiva y para establecer el alcance total del perjuicio económico ocasionado a la institución bancaria.

El detenido fue informado sobre sus derechos constitucionales y será remitido al Ministerio Público en las próximas horas, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos.

La DPI mantiene abierta la investigación con el objetivo de desarticular por completo esta red de fraude tecnológico.

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