Misisipi podrá crear lista de migrantes sin permiso de residencia: Esta es la nueva ley estatal que enciende alarmas entre inmigrantes de Estados Unidos

MISISIPI, Estados Unidos.- El estado de Misisipi pondrá en vigor este miércoles una ley que permite a su principal agencia de seguridad pública elaborar un registro detallado de las personas migrantes que viven en su territorio sin autorización legal.

La norma convierte a la entidad en una de las primeras del país en ordenar un censo continuo de la población indocumentada, una decisión que genera incertidumbre sobre el uso final de esos datos y que los defensores de los derechos de los inmigrantes califican como una táctica alineada con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

¿Qué ordena exactamente la nueva ley de Misisipi?

La legislación establece que el Departamento de Seguridad Pública del estado “puede utilizar todos los medios de investigación legales razonables disponibles” para determinar el número y la identidad de todos los “extranjeros ilegales” en Misisipi.

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La recopilación de información incluye los siguientes datos personales:

• Nombres.
• Direcciones.
• País de origen.
• Si son adultos o menores de edad.
• Antecedentes penales, si los hubiera.
• Fecha, lugar y estado de cualquier procedimiento de deportación en curso.

La ley ordena al departamento compartir la información con autoridades estatales y locales cuando se trate de personas sospechosas de violar leyes.

No exige ni prohíbe expresamente que la base de datos se comparta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que deja un margen de discrecionalidad sobre si la información terminará en manos de las autoridades migratorias federales.

La senadora estatal republicana Angela Hill fue la principal promotora de la iniciativa

Durante el debate legislativo, Hill defendió que los estados tienen el derecho y la obligación de ayudar al gobierno federal a desalentar la inmigración ilegal, a la que vinculó con el tráfico de personas y de drogas.

A mí me parece de sentido común. Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, necesitamos entender la magnitud del problema. Identificar el número y la identidad de los extranjeros ilegales en Misisipi es una manera concreta de comprender mejor el problema”.

—  Angela Hill.

¿Existen leyes similares en otros estados?

En lo que va de 2026, los estados han promulgado más de 100 leyes relacionadas con inmigración, según un recuento de The Associated Press.

La orientación de esas normas sigue una división partidista muy definida:

• En estados gobernados por republicanos, las medidas se han alineado con la agenda de Trump: exigen a los jefes de policía local firmar acuerdos de cooperación con ICE, refuerzan las restricciones para acceder a beneficios públicos y ordenan a los funcionarios electorales cruzar los padrones de votantes con el sistema federal SAVE para detectar a personas que no son ciudadanas.
• En estados gobernados por demócratas, las leyes han ido en dirección contraria: prohíben pactos de cooperación con ICE, impiden el uso de máscaras por parte de agentes migratorios y restringen redadas en escuelas, hospitales y otros lugares sensibles sin órdenes judiciales.

El antecedente más parecido a la ley de Misisipi es una orden ejecutiva de 2021 del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

Esa medida instruyó al Departamento de Policía de Florida a “utilizar todos los medios de investigación legales disponibles” para determinar el número y la identidad de todos los “extranjeros ilegales” trasladados desde la frontera suroeste hacia ese estado.

La agencia floridana no respondió a la solicitud de The Associated Press para conocer los resultados de aquella orden.

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La norma de Misisipi no contempla un censo único, sino un esfuerzo continuo de registro durante los próximos dos años.

Ese seguimiento constante podría enfrentar obstáculos legales y logísticos significativos, según advierten especialistas en derecho migratorio.

Efrén Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del National Immigration Law Center, explicó que el estatus migratorio de una persona puede cambiar en cuestión de semanas.

“Puedes estar indocumentado hoy, y luego tener estatus mañana, y luego perderlo otra vez el próximo mes, y luego recuperarlo dentro de tres meses”, afirmó Olivares.

Añadió que la medida le resulta “prácticamente imposible de implementar, pero también es muy preocupante, porque recuerda de manera inquietante a otros países que han creado listas de ciertos grupos de personas”.

Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Center for Immigration Studies, una organización que apoya restricciones migratorias, reconoció que los funcionarios estatales tendrán que idear “una forma creíble y bastante a prueba de fallos para determinar correctamente el estatus migratorio de alguien”.

A pesar de las dificultades técnicas, Vaughan defendió la ley al señalar que “aumenta la probabilidad de que la presencia ilegal de alguien llegue a conocimiento de las autoridades federales”.

Misisipi tiene uno de los porcentajes más bajos del país de inmigrantes que residen sin autorización legal; de acuerdo con un informe del American Immigration Council basado en datos del Censo de 2023, en el estado viven menos de 28,000 personas en esa condición, lo que representa menos del 1% de su población total.

La cifra contrasta con la magnitud del operativo de registro que ordena la ley y plantea dudas sobre la proporción de recursos estatales que se destinarán a esta tarea.

Victoria Francis, subdirectora de iniciativas estatales y locales del American Immigration Council, advirtió que la ley “es muy preocupante por un montón de razones diferentes”, entre ellas la posibilidad de desviar recursos de las fuerzas del orden de la protección pública hacia la investigación de personas extranjeras que podrían estar contribuyendo a la economía local.

“Un mandato como este invita a la elaboración de perfiles y a convertir comunidades enteras en objetivos”, sentenció Francis.

Lydia Grizzell, gerente de políticas y defensa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Misisipi, puso el foco en el efecto que la medida puede tener sobre la seguridad pública.

Señaló que la ley podría socavar la confianza entre la policía y los residentes de las comunidades migrantes. “Eso aumenta la probabilidad de que las personas no recurran a las fuerzas del orden cuando sea necesario, y eso es lo contrario de la misión”, afirmó Grizzell.

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