Mientras Estados Unidos exige a México resultados contra el narcotráfico, tres denunciantes de la DEA confiesan que su propio gobierno permitió el libre tráfico de fentanilo hacia Nuevo México para construir casos mayores contra cárteles

ESTADOS UNIDOS.- Tres agentes actuales y retirados de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) revelaron que, entre 2023 y 2025, la agencia permitió deliberadamente que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México sin ser decomisadas.

La práctica, denunciada como una operación de “dejar caminar” la droga, tenía el objetivo de seguir el rastro de los cargamentos para construir casos judiciales de mayor envergadura contra los cárteles del narcotráfico.

La información fue revelada por The Associated Press, que tuvo acceso a los testimonios de los agentes y a registros gubernamentales internos.

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Tres personas murieron dentro de una casa en Nuevo México y varios rescatistas resultaron intoxicados tras posible exposición a fentanilo durante operativo

El agente David Howell, un veterano con 19 años de servicio en la DEA, presentó una queja formal como denunciante en 2023.

Su abogado, Tristan Leavitt, presidente de la organización Empower Oversight, explicó este martes a The National News Desk el origen de la denuncia.

Howell se encontraba trabajando en un caso donde, gracias a una intervención telefónica federal autorizada, sabían que se traficaba fentanilo.

Cuando llegó el momento de actuar, la Fiscalía Federal en Nuevo México les ordenó detenerse y no decomisar la droga

“Tenían una intervención telefónica federal sobre este individuo y, cuando llegó el momento, la oficina del fiscal federal en Nuevo México les dijo que se retiraran y no confiscaran el fentanilo en ese caso”, relató Leavitt.

Howell consideró que la orden violaba el deber de la agencia de incautar una sustancia letal y lo expresó internamente. La reacción, según Leavitt, fue inmediata: “A David Howell le quitaron la autorización para testificar en los casos. Habló porque creía que tenían el deber de confiscar esas pastillas, y a la fiscalía no le gustó”.

De acuerdo con las estimaciones que Leavitt compartió públicamente, la cifra es abrumadora. “Estimamos que se permitió que más de un millón de pastillas no fueran confiscadas mientras la DEA intentaba armar su caso mayor”, declaró.

El propio Howell describió las consecuencias humanas de esa estrategia en su entrevista con The Associated Press: “A través de nuestra propia ceguera voluntaria, llegamos a decir: ‘realmente no sabemos qué pasó con las drogas’, pero tenemos el 100% de certeza de que hubo personas que murieron”.

Leavitt trazó una comparación directa con el escándalo Rápido y Furioso de la era del gobierno de Barack Obama, donde se permitió el tráfico de armas semiautomáticas hacia los cárteles mexicanos.

Explicó que, como consecuencia de aquel caso, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) desarrolló nuevos protocolos que exigen que, cuando una intervención telefónica aprobada por el propio departamento revela que se van a traficar armas de fuego, los agentes están obligados a tomar medidas para interceptarlas.

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“En 2019 se desarrolló un protocolo muy similar para el fentanilo”, señaló Leavitt. En otras palabras, desde ese año existe una directriz que obliga a los agentes federales con causa probable a incautar la droga, no a observarla circular.

¿Qué dijeron la DEA y los legisladores al conocerse el caso?

La DEA emitió un comunicado a The Associated Press en el que afirmó: “Las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias y consistentes con la guía del Departamento”. La respuesta no satisfizo a los denunciantes ni a los legisladores que han comenzado a reaccionar.

El senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, calificó los hechos como “un escándalo del más alto nivel” y escribió en su cuenta de X: “¿Cuántas miles de vidas estadounidenses se perdieron porque la DEA de Biden se negó a actuar mientras el fentanilo mortal entraba a raudales por la frontera abierta de Biden? Tengo la intención de averiguarlo”.

Mientras tanto, Empower Oversight ha enviado cartas a varios legisladores, al fiscal general adjunto interino Colin McDonald y al inspector general del Departamento de Justicia, exigiendo el cese inmediato de las represalias contra Howell y una investigación para determinar si la práctica de dejar “fluir” el fentanilo se extendió más allá de Albuquerque.

Leavitt adelantó que el agente Howell testificará ante el Congreso este miércoles.

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