La nueva Ley de Bienestar Animal en España obliga a todos los dueños de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros sin importar la raza

ESPAÑA.- La legislación sobre la tenencia de mascotas en España experimenta una transformación profunda que impacta de forma directa a los propietarios de animales de compañía. Bajo el marco de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Gobierno español estableció como requisito obligatorio la contratación y mantenimiento vigente de un seguro de responsabilidad civil para todos los canes del país. Esta disposición legal busca unificar los criterios normativos de las diversas regiones, reforzar la protección económica ante posibles incidentes ciudadanos y promover un modelo de tenencia responsable.

El ordenamiento civil estipula que los titulares de las mascotas deben responder por los daños materiales o físicos a terceros que el animal pueda llegar a causar. La normativa representa un cambio histórico en el territorio español, ya que traslada un requisito que antes era exclusivo de ciertas clasificaciones a la totalidad de la población canina censada.

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México

Ya es oficial: la SCJN determinó que las aseguradoras deberán pagar indemnizaciones sin topes legales cuando se reclamen daños derivados de incumplimiento de pólizas médicas, y estableció que los jueces deben garantizar la reparación integral del daño en todos los casos que involucren a menores o personas con discapacidad

¿Qué perros deben contar con este seguro y en qué regiones aplica?

La aplicación práctica de la Ley 7/2023 se desarrolla de forma paulatina debido a las legislaciones locales previas de cada comunidad autónoma:

• Extensión de la ley: El seguro de responsabilidad civil ya no se limita únicamente a las razas clasificadas anteriormente bajo el término de “perros potencialmente peligrosos”. La nueva legislación abarca a todos los perros del país, sin importar su tamaño, peso o raza.
• Situación geográfica actual: El panorama legal se define como “mixta”. En regiones como la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Navarra y Asturias, la obligatoriedad de esta póliza ya se encontraba vigente o contemplada en sus códigos internos antes del decreto estatal.
• Implementación progresiva: En el resto de las comunidades autónomas, la normativa avanza conforme se desarrollan y publican las adecuaciones reglamentarias de cada localidad para acatar la ley general.

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¿Cómo contratar la póliza y qué opciones existen?

Los propietarios de canes disponen de diferentes alternativas comerciales para cumplir con esta obligación administrativa, existiendo escenarios donde el requisito ya podría estar cubierto de forma automática:

Seguros de hogar vinculados

Muchos titulares de mascotas ya cumplen con la legislación sin tener conocimiento de ello. La mayoría de las pólizas de seguro de hogar tradicionales incluyen dentro de su cobertura de responsabilidad civil familiar los daños provocados por las mascotas domésticas, siempre y cuando el perro no pertenezca a una raza catalogada como de alta peligrosidad.

Pólizas específicas y ampliaciones

Para los ejemplares clasificados como “perros potencialmente peligrosos” (PPP), las compañías aseguradoras exigen la contratación de una póliza específica o una ampliación detallada con coberturas económicas superiores debido al nivel de riesgo asignado por la ley.

Procesos de adopción de animales

Al realizar la adopción de un can a través de protectoras de animales o centros municipales, estas entidades suelen otorgar un seguro inicial de corta duración como parte del trámite de entrega. Sin embargo, la responsabilidad legal de renovar el contrato y mantenerlo vigente a lo largo de la vida del animal recae de forma exclusiva en el dueño.

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El sistema integral de bienestar y protección de datos

La obligatoriedad de la póliza de responsabilidad civil no opera de manera aislada dentro de las leyes españolas. Esta medida forma parte de un ecosistema legal más amplio que regula la identificación obligatoria mediante microchip, los cuidados veterinarios preventivos y la protección integral de los derechos de los animales.

Asimismo, los registros de propiedad y la gestión de datos personales derivados de las contrataciones se encuentran bajo el amparo de la legislación de la Unión Europea a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), asegurando el tratamiento institucional seguro de la información de los ciudadanos.