Investigan a una magistrada tras detectarse que quintuplicó su fortuna en pocos años y la oficina de inteligencia financiera reveló que el 67 por ciento de su millonario patrimonio no tiene una justificación clara en sus declaraciones oficiales

Colombia — La magistrada Cristina Lombana se encuentra bajo el foco de una investigación oficial por un presunto incremento patrimonial injustificado. Un informe detallado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia evidenció marcadas diferencias entre los bienes reportados por la funcionaria y sus declaraciones de renta desde que asumió su cargo en la Corte Suprema en 2018.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el patrimonio de la magistrada pasó de $651 millones en 2017 a $3,402 millones en 2024, lo que significa que sus activos se quintuplicaron durante su ejercicio en la Sala de Instrucción. La investigación, solicitada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, resalta que la mayoría de los activos identificados no coinciden con los registros tributarios oficiales.

¿Qué irregularidades detectó la inteligencia financiera en el patrimonio de Lombana?

La Uiaf sostiene que existe una brecha sustancial entre lo que la magistrada declaró voluntariamente y lo que las autoridades tributarias pudieron comprobar. El informe de auditoría es tajante al señalar que apenas el 33% del patrimonio de la funcionaria está plenamente justificado por datos reportados por terceros, lo que deja un 67% de sus bienes bajo sospecha.

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En un ejemplo concreto citado por la investigación, en el año 2022 Lombana reportó un patrimonio de $2,469 millones, pero la revisión técnica únicamente pudo respaldar $596.5 millones en bienes comprobados. Esta diferencia de más de $1,800 millones en un solo año fiscal ha elevado la preocupación de las entidades especializadas en inteligencia financiera.

¿Cómo justifica la magistrada el aumento del 500 por ciento en su riqueza?

Ante los señalamientos, Cristina Lombana ha rechazado las acusaciones de enriquecimiento ilícito y ha denunciado ser víctima de una estrategia de desprestigio. En declaraciones ofrecidas a Caracol Radio, explicó que el crecimiento de sus bienes proviene de fuentes lícitas, tales como el cobro de pólizas de seguros tras padecer cáncer, herencias familiares y beneficios de su régimen como militar retirada.

Lombana detalló que, además de su sueldo como magistrada, percibe simultáneamente una pensión por invalidez. Respecto a sus propiedades, argumentó que las variaciones en los montos se deben a actualizaciones de los avalúos comerciales realizadas para optimizar el pago de impuestos ante futuras ventas. Sin embargo, para la Uiaf, estas explicaciones aún no concilian con la magnitud del dinero movilizado en sus cuentas.

¿Qué propiedades e ingresos están bajo la lupa de las autoridades?

El informe técnico identifica a la magistrada como titular de trece matrículas inmobiliarias distribuidas en ciudades como Bogotá y Medellín. De estas, siete propiedades están inscritas directamente a su nombre y presentan una diferencia notable entre el avalúo catastral y el valor comercial real, el cual se estima en 2,916 millones de pesos.

Además de los inmuebles, la investigación analizó los movimientos bancarios de Lombana entre 2019 y 2025, los cuales sumaron depósitos y retiros por más de $6,000 millones. Sobre su entorno familiar, la Uiaf precisó que la mayor parte de los ingresos del hogar provienen de la magistrada, aunque su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal, también ha registrado variaciones patrimoniales que están siendo analizadas.

¿Existe un trasfondo de persecución política en este caso?

La magistrada ha manifestado que la investigación de la Uiaf respondería a una persecución política impulsada por figuras de alto nivel en el gobierno de Colombia. Lombana ha señalado directamente a funcionarios y legisladores de estar detrás del informe financiero con el fin de afectar su posición dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras la defensa técnica de la funcionaria intenta desvirtuar las discrepancias señaladas, la Comisión de Investigación y Acusación mantiene el expediente abierto. El caso representa un desafío para la transparencia judicial, pues busca determinar si el vertiginoso aumento de riqueza de una de las juezas más importantes del país tiene un origen legal o si existen irregularidades que deban ser sancionadas penalmente.