25 estados ya demandaron a Trump por aranceles generales luego de que la Corte Suprema no los autorizó

ESTADOS UNIDOS. — Una coalición integrada por 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra la administración del presidente Donald Trump para frenar la aplicación de su más reciente paquete de aranceles.

Los gobiernos estatales argumentan que el poder ejecutivo utiliza pretextos legales para evadir el fallo de la Corte Suprema que en febrero pasado anuló impuestos previas a la importación.

Según reportes publicados por la agencia de noticias AP Noticias, la medida afecta a 59 países y a la Unión Europea, al imponer tarifas de dos dígitos bajo el argumento oficial de combatir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales.

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Si usted consume productos importados, opera un negocio con insumos extranjeros o sigue el rumbo de la economía internacional, este conflicto legal resulta clave.

¿De dónde surgen los nuevos aranceles y a quiénes afectan?

La administración federal activó impuestos a la importación que van del 10% al 12,5%. Este cobro aplica a naciones que representan el 99% de los bienes que ingresan a Estados Unidos.

El origen de esta disputa se resume en los siguientes puntos:

• Sustitución de medidas previas: Los nuevos gravámenes entraron en vigor justo cuando vencían las tarifas temporales del 10% que el gobierno aplicó de forma transitoria.
• El argumento del trabajo forzoso: La Casa Blanca justifica la medida señalando que los países sancionados no aplican controles suficientes para frenar la producción de mercancías con mano de obra forzada.
• Uso de la Sección 301: El gobierno recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite sancionar a naciones por prácticas comerciales consideradas desleales o irrazonables.

El origen del conflicto: La decisión de la Corte Suprema

Para comprender la demanda actual, es necesario revisar el antecedente legal inmediato. El año pasado, la administración estadounidense invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para elevar las tarifas a casi todos los países, argumentando que el déficit comercial representaba una emergencia nacional.

Sin embargo, el proceso judicial derivó en los siguientes eventos:

1. Fallo en contra: La Corte Suprema dictaminó que la ley IEEPA no faculta al presidente para imponer aranceles.
2. Reembolsos obligatorios: La resolución judicial obligó al gobierno federal a devolver el dinero cobrado a los importadores perjudicados.
3. Aranceles temporales: Para compensar la pérdida de ingresos, el Ejecutivo fijó un arancel general del 10% que expiró a la medianoche del 24 de julio.
4. Nueva estrategia legal: Tras el vencimiento, la administración implementó la estrategia actual basada en la Sección 301.

¿Qué argumentan las partes involucradas?

La demanda interpuesta por los estados y las posturas de la Casa Blanca muestran dos visiones totalmente opuestas sobre la política comercial del país.

Por un lado, los estados demandantes sostienen que la medida perjudica directamente a la población. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó la postura de la coalición:

Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles.”

Por otro lado, la Casa Blanca defiende la validez jurídica del mecanismo. El portavoz del gobierno federal, Kush Desai, justificó la aplicación de la medida:

Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio de Estados Unidos. El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora.”

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El caso se encuentra ahora en manos de la justicia federal, la cual determinará si el uso de la Ley de Comercio de 1974 en este contexto cumple con la constitución o si debe ser suspendido nuevamente.