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Ahora los periodistas no podrán entrar al Pentágono sin escolta, por decisión de un tribunal federal

Las autoridades militares sostuvieron que las restricciones buscan proteger información relacionada con seguridad nacional.

Ahora los periodistas no podrán entrar al Pentágono sin escolta, por decisión de un tribunal federal

ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos permitió temporalmente que el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantenga una política que impide a periodistas recorrer el Pentágono sin escolta.

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa entre medios de comunicación y autoridades militares por el acceso de la prensa a instalaciones gubernamentales sensibles.

El caso comenzó después de que el diario The New York Times demandara al Pentágono por considerar que las nuevas reglas limitaban la libertad de prensa y afectaban el trabajo periodístico, indicó ABC.

Las normas exigían firmar un documento donde se advertía que el acceso podría ser revocado si las autoridades consideraban que existía un “riesgo para la seguridad”. Crédito: REUTERS y Fuerza Aérea de EEUU

Aunque un juez federal había bloqueado previamente parte de la política, ahora un panel de apelaciones decidió suspender parcialmente esa orden mientras continúa el proceso judicial.

¿Qué decidió el tribunal de apelaciones?

El lunes, un panel integrado por tres jueces votó 2 a 1 a favor de permitir que el Pentágono siga aplicando parte de sus restricciones de acceso.

La resolución implica que, al menos por ahora:

  • Los periodistas no podrán desplazarse libremente dentro del Pentágono
  • Será obligatorio contar con escoltas en ciertas áreas
  • Continúan vigentes condiciones especiales de acceso

La medida permanecerá activa mientras se resuelve la apelación del caso.

¿Qué originó el conflicto entre el Pentágono y la prensa?

La controversia comenzó en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Defensa implementó nuevas reglas para periodistas acreditados.

Las normas exigían firmar un documento donde se advertía que el acceso podría ser revocado si las autoridades consideraban que existía un “riesgo para la seguridad”.

Entre las causas mencionadas estaban:

  • Acceso no autorizado
  • Intentos de acceso indebido
  • Divulgación de información sensible
  • Manejo de datos clasificados o potencialmente delicados

El problema señalado por organizaciones periodísticas fue que la definición de “información sensible” era muy amplia y podía afectar el trabajo informativo cotidiano.

¿Por qué The New York Times demandó?

El periódico argumentó que las nuevas reglas podían limitar la libertad de prensa y afectar la recopilación de información sobre actividades gubernamentales.

En marzo, el juez federal Paul Friedman falló inicialmente a favor del medio y bloqueó parte de la política.

Sin embargo, el Departamento de Defensa apeló la decisión.

¿Qué argumentos utilizó el Pentágono?

Las autoridades militares sostuvieron que las restricciones buscan proteger información relacionada con seguridad nacional.

El tribunal retomó uno de los principales argumentos del Pentágono:

Existía una correlación entre el acceso sin escolta y supuestas filtraciones de información sensible o clasificada.

Los jueces señalaron que el Departamento de Defensa logró respaldar parcialmente esa postura.

En su resolución escribieron: “El Departamento ha respaldado así su afirmación de que este aspecto de su política promueve importantes intereses de seguridad nacional”.

¿Qué preocupación expresaron los jueces sobre la prensa?

Aunque el panel permitió mantener temporalmente las restricciones, también reconoció que las medidas pueden afectar el trabajo periodístico.

Los magistrados señalaron que exigir ciertas condiciones de acceso podría influir en:

  • Las preguntas que hacen los reporteros
  • Las fuentes con las que hablan
  • Los temas que investigan
  • La circulación de información pública

En la resolución indicaron:

“Esa carga va más allá de la propia prensa, e implica el interés del público en la libre circulación de información sobre las operaciones gubernamentales”.

¿Por qué hubo desacuerdo entre los jueces?

La decisión no fue unánime.

La jueza Michelle Childs emitió un voto en desacuerdo y consideró que el Pentágono sí intentó rodear la orden judicial previa mediante cambios en su política.

Childs escribió:

“Una vez que un tribunal se ha pronunciado, la parte obligada por su resolución no puede eludirla mediante la formulación de políticas creativas”.

Los otros dos integrantes del panel —Justin Walker y Brad Garcia— respaldaron la postura del Departamento de Defensa.

¿Qué respondió el Pentágono?

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, celebró la decisión judicial.

A través de redes sociales afirmó: “Los periodistas siguen teniendo credenciales de prensa válidas y conservan el acceso a las sesiones informativas, conferencias de prensa y entrevistas del Pentágono”.

También aseguró: “La política del Departamento nunca ha consistido en limitar el periodismo, sino en salvaguardar la información clasificada que protege las vidas de los estadounidenses”.

¿Qué implica esta decisión para los periodistas?

Por ahora, los reporteros que cubren actividades del Pentágono deberán seguir bajo protocolos más estrictos.

Eso significa:

  • Menor movilidad autónoma
  • Supervisión durante recorridos
  • Restricciones de acceso físico
  • Reglas más rígidas sobre permanencia en instalaciones

El caso también podría influir en futuras discusiones sobre:

  • Libertad de prensa
  • Seguridad nacional
  • Acceso a información gubernamental
  • Cobertura militar en Estados Unidos

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¿Qué sigue en el proceso?

La decisión actual es temporal y forma parte de la apelación en curso.

El tribunal todavía deberá analizar el fondo completo del caso para determinar si las reglas del Pentágono son compatibles con la Constitución estadounidense y con las protecciones a la libertad de prensa establecidas en la Primera Enmienda.

Mientras tanto, la discusión continúa entre quienes consideran necesarias mayores medidas de seguridad y quienes advierten riesgos para el acceso periodístico a información pública sobre el gobierno estadounidense.

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