Colombia y Venezuela, bajo alerta: Amnistía Internacional advierte que son los países más peligrosos para defender derechos humanos

Colombia y Venezuela enfrentan una situación crítica en materia de derechos humanos, al ser considerados los dos países más peligrosos del mundo para defender estas causas, según un informe reciente de Amnistía Internacional presentado en Bogotá.

De acuerdo con EFE, el organismo alertó que en Colombia persiste una crisis ligada al conflicto armado, mientras que en Venezuela se mantiene un patrón de represión estatal que limita la participación social y política.

¿Por qué Colombia es considerado uno de los países más peligrosos para defensores?

El informe advierte que la violencia en Colombia sigue marcada por la presencia de grupos armados ilegales y el impacto directo en la población civil.

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Según Amnistía Internacional, más de nueve millones de personas, una quinta parte de la población han sido víctimas del conflicto armado. Tan solo en 2025, se sumaron miles de nuevos afectados, principalmente en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado“, explicó la organización.

El documento también cita datos del programa Somos Defensores, que registró 165 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2025, lo que representa el año con mayor violencia letal durante el actual gobierno.

¿Qué riesgos enfrentan las comunidades y defensores en Colombia?

El impacto del conflicto no solo se refleja en la violencia directa. También se traduce en desplazamientos forzados, confinamientos y falta de acceso a servicios básicos como salud y educación.

Camilo Vargas, encargado de campañas para Colombia de Amnistía Internacional, advirtió:

La comunidad internacional no le puede dar la espalda a la crisis porque se manifiesta en cientos de miles de desplazamientos forzados.

Además, la organización expresó dudas sobre la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que aún no están claras las garantías de justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

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¿Qué ocurre en Venezuela con los derechos humanos?

En el caso de Venezuela, el informe describe un entorno marcado por la represión estatal y el uso de instituciones para limitar la disidencia.

La directora de Amnistía Internacional en ese país, Nastassja Rojas, explicó que existe un patrón que involucra cuerpos de seguridad, sistema judicial y leyes restrictivas.

“Se habla de un paquete de leyes que silencian y castigan la disidencia“, afirmó.

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Durante 2025, la organización registró 806 personas detenidas de forma irregular, y actualmente más de 400 continúan privadas de la libertad.

¿Qué tipos de violaciones se documentan en Venezuela?

El informe identifica varios mecanismos de vulneración de derechos:

• Detenciones arbitrarias
• Desapariciones forzadas
• Persecución a periodistas y activistas
• Uso del sistema judicial como herramienta de control

Amnistía Internacional documentó que al menos 63 personas permanecen desaparecidas, lo que refleja la gravedad del problema.

Además, se reportan ataques directos contra defensores. Uno de los casos citados es el de Yendri Velásquez, quien tuvo que salir del país y posteriormente fue atacado en Bogotá.

Este ataque da cuenta de la desprotección en la que los defensores están actualmente“, señaló la organización.

¿Qué advierte Amnistía Internacional sobre la región?

El organismo también alertó sobre el aumento del uso de la fuerza letal en América Latina, lo que agrava el panorama para quienes defienden derechos humanos.

Valentina Ballesta, subdirectora de investigación regional, indicó:

“Nos preocupa cómo se está afianzando el uso de la fuerza letal en la región”.

El informe no solo describe una situación de riesgo para activistas, sino un impacto más amplio en la sociedad:

• Limitación de libertades civiles
• Riesgos para periodistas
• Afectaciones a comunidades vulnerables
• Obstáculos para la participación democrática

En ambos países, el llamado a la situación requiere atención internacional y acciones que garanticen protección, justicia y condiciones dignas para la población.

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