Luego de que el ICE deportó a Any Lucía López a Honduras desde un aeropuerto por “error”, el gobierno de Donald Trump le está negando la visa, asegurando que no es viable llevarla de vuelta a EEUU pese a orden judicial: ¿Te pueden deportar aunque un juez lo prohíba?
La joven universitaria Any Lucía López Belloza fue deportada a Honduras pese a una orden judicial de emergencia que lo impedía; autoridades admitieron una “infracción involuntaria”, pero sostienen que no es viable permitir su regreso con visa de estudiante.
ESTADOS UNIDOS.-La situación de la estudiante universitaria Any Lucía López Belloza, de 19 años, continúa en disputa legal en Estados Unidos luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump informara a una corte federal que considera “inviable” otorgarle una visa para regresar al país.
La joven fue deportada a Honduras en noviembre, pese a una orden judicial de emergencia que buscaba impedir su expulsión temporalmente.
La información fue dada a conocer en reportes de Telemundo y declaraciones citadas por la agencia Reuters, con base en documentos judiciales del caso.
La Administración reconoció previamente ante el tribunal que la deportación ocurrió por un “error” de un agente migratorio. Sin embargo, ahora sostiene que la estudiante no cumple con los requisitos para obtener una visa y que, incluso si regresara a territorio estadounidense, seguiría sujeta a detención y expulsión por una orden definitiva de deportación vigente desde años atrás.
El caso sigue abierto y el juez federal que lo revisa deberá decidir los pasos a seguir, mientras la defensa de la joven insiste en que se repare la situación.
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¿Quién es la estudiante deportada y qué ocurrió?
Any Lucía López Belloza es una estudiante de la Universidad de Babson, en Massachusetts. Fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando intentaba abordar un vuelo hacia Texas para visitar a su familia durante el Día de Acción de Gracias.
Dos días después, el 22 de noviembre, fue deportada a Honduras. Sin embargo, el 21 de noviembre un juez había emitido una orden judicial de emergencia que instruía al Gobierno a mantenerla en Estados Unidos al menos 72 horas mientras se revisaba su caso.
De acuerdo con documentos presentados en la corte, el Gobierno admitió que la expulsión violó esa orden judicial. El fiscal adjunto Mark Sauter se disculpó ante el tribunal:
En nombre del Gobierno, queremos pedir sinceras disculpas. La infracción fue un error involuntario de una persona, no un acto deliberado”.
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El juez federal Richard Stearns respondió:
Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue la víctima”.
¿Por qué el Gobierno dice que no puede darle una visa?
Tras el reconocimiento del error, el juez sugirió que la estudiante podría solicitar una visa de estudiante para regresar. Sin embargo, el Departamento de Justicia respondió que esa opción es “inviable”.
En un escrito presentado ante la corte, el Gobierno argumentó que la joven “no parece reunir los requisitos” para obtener ese visado. También señaló que existe una orden definitiva de expulsión en su contra, por lo que si regresara al país podría ser detenida nuevamente y deportada.
La Administración describió la violación de la orden judicial como una “infracción involuntaria”, pero insistió en que la situación migratoria de la estudiante sigue siendo la misma.
¿Por qué existía una orden de deportación previa?
Según el expediente, un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza y su madre en 2016, cuando la joven era menor de edad. La Junta de Apelaciones de Inmigración rechazó su recurso en 2017.
La familia había migrado de Honduras a Estados Unidos en 2014, cuando ella era niña. La estudiante ha dicho que no sabía que existía una orden de deportación en su contra.
Actualmente, vive con sus abuelos en Honduras y continúa sus estudios universitarios a distancia.
¿Qué error provocó la deportación?
El Gobierno explicó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creyó erróneamente que la orden judicial de emergencia ya no aplicaba porque la joven había sido trasladada fuera de Massachusetts.
Además, el oficial no activó el sistema interno que alerta a otros agentes cuando un caso está bajo revisión judicial y la deportación debe detenerse. Ese fallo permitió que la expulsión se ejecutara pese a la orden vigente.
¿Qué pasará ahora con el caso?
El juez federal Richard Stearns había dado plazo al Gobierno para explicar cómo planeaba corregir el error. Tras la negativa a otorgar la visa, no está claro cuál será la siguiente decisión del tribunal.
La defensa de la estudiante ha adelantado que continuará el proceso legal. Su abogado, Todd Pomerleau, declaró:
Continuaremos litigando este caso hasta que Any sea devuelta a Estados Unidos”.
El caso se mantiene como seguimiento en tribunales federales y podría sentar precedentes sobre qué ocurre cuando una deportación se ejecuta pese a una orden judicial que la prohíbe.
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¿Te pueden deportar aunque un juez lo prohíba?
En teoría, no. Cuando un juez emite una orden de emergencia para frenar una deportación, el Gobierno debe suspenderla de inmediato. Ejecutar la expulsión pese a esa instrucción se considera una violación de la orden judicial y obliga a las autoridades a explicar lo ocurrido ante el tribunal.
Sin embargo, en la práctica puede suceder por errores administrativos o fallas de comunicación dentro del sistema migratorio. Cuando eso ocurre, el Gobierno puede reconocer la infracción y ofrecer disculpas, pero eso no significa automáticamente que la persona será traída de vuelta al país.
En estos casos, los tribunales revisan si la persona tenía una orden de deportación previa o definitiva. Si existía una orden vigente, las autoridades pueden argumentar que, aun con el error, la persona seguiría sujeta a detención y expulsión si regresara. Por ello, el juez debe decidir si existe alguna forma de reparar la situación o si el proceso migratorio continúa.
Este tipo de casos abre debates legales importantes sobre la responsabilidad del Gobierno cuando se ejecuta una deportación pese a una orden judicial y sobre qué mecanismos existen para corregir ese tipo de errores.
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¿Qué se debe saber sobre el caso de la joven estudiante?
- La deportación ocurrió pese a una orden judicial temporal que buscaba detenerla.
- El Gobierno reconoció el error, pero sostiene que la estudiante sigue sujeta a una orden definitiva de expulsión.
- El tribunal deberá decidir si existe alguna forma de reparar la situación.
- La joven permanece en Honduras y estudia de forma remota mientras continúa la batalla legal.
El caso sigue abierto y su resolución dependerá de lo que determine el juez federal en las próximas audiencias.
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