Ley de Economía Digital podría enfrentar impugnaciones por inconstitucionalidad; Hacienda decidirá qué sectores dejarán de usar efectivo
La legislación busca impulsar los pagos digitales y electrónicos en México, pero especialistas en derecho advierten que podría existir una delegación excesiva de facultades a la Secretaría de Hacienda.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos podría enfrentar una serie de controversias legales e incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a posibles problemas de constitucionalidad relacionados con las facultades que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque la legislación busca reducir el uso de efectivo en sectores estratégicos de la economía mexicana y promover las operaciones electrónicas, especialistas consideran que uno de sus principales problemas es que deja en manos de la dependencia federal, encabezada por Édgar Amador Zamora, la decisión de determinar qué actividades económicas deberán utilizar exclusivamente medios de pago digitales.
De acuerdo con el despacho jurídico Uruchurtu y Snipeliski, el problema radica en que la ley no establece parámetros suficientemente claros para definir cuáles serán esos sectores ni las condiciones que justificarían limitar el uso de efectivo.
La legislación todavía no había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al momento de la información original. Una vez publicada, la SHCP contará con un plazo de 15 días para determinar cuáles serán los sectores considerados estratégicos para implementar estas restricciones.
La discusión ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que la falta de criterios específicos podría abrir la puerta a decisiones discrecionales y provocar incertidumbre jurídica para empresas, comerciantes y consumidores.
Hacienda tendría la facultad de decidir qué sectores dejarán de aceptar efectivo
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital, que otorga a la Secretaría de Hacienda la atribución de determinar los sectores en los que deberán utilizarse exclusivamente medios de pago electrónicos.
Entre las modalidades contempladas se encuentran los pagos mediante códigos QR, tarjetas bancarias y transferencias electrónicas.
Sin embargo, de acuerdo con Ron Snipeliski, socio del despacho Uruchurtu y Snipeliski, el Congreso de la Unión habría delegado a una autoridad administrativa una facultad que podría afectar directamente la libertad de comercio y las condiciones bajo las cuales operan distintos negocios.
El abogado explicó que la legislación no establece una definición precisa de lo que debe entenderse por un sector estratégico, ni determina los montos, criterios o circunstancias que permitirían restringir las operaciones en efectivo.
Desde su perspectiva, esta ausencia de parámetros representa un problema porque la SHCP tendría un margen amplio para decidir qué actividades económicas deberán modificar sus mecanismos de cobro y pago.
El especialista advirtió que esta situación podría dejar a los establecimientos y consumidores en una condición de incertidumbre jurídica, debido a que no existirían suficientes elementos legales para anticipar cómo se aplicarán las restricciones.
Especialistas advierten posibles elementos de inconstitucionalidad
Las preocupaciones también fueron planteadas por Juvenal Lobato Díaz, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien consideró que existen argumentos para cuestionar la constitucionalidad de la legislación.
El académico explicó que una de las principales dudas consiste en determinar si el Congreso puede delegar a una dependencia del Poder Ejecutivo la facultad de establecer restricciones de esta naturaleza sin definir previamente los criterios que deben orientar sus decisiones.
Desde su interpretación, corresponde al Poder Legislativo establecer las bases y condiciones fundamentales de las restricciones legales, por lo que dejar esa determinación en manos de una autoridad administrativa podría generar problemas relacionados con la división de facultades y la discrecionalidad.
El argumento central es que la Secretaría de Hacienda no debería tener libertad absoluta para decidir qué sectores económicos pueden dejar de utilizar efectivo sin que la propia ley establezca límites y criterios objetivos.
No obstante, la existencia de estos cuestionamientos no significa que la legislación haya sido declarada inconstitucional. Para que esto ocurra, tendría que existir una resolución de las autoridades judiciales competentes.
La Ley Antilavado, el precedente que utilizan los abogados
Para explicar las diferencias entre la nueva legislación y otros marcos regulatorios, el despacho Uruchurtu y Snipeliski señaló como referencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
Esta legislación establece actividades consideradas vulnerables y determina condiciones y montos específicos a partir de los cuales existen restricciones para utilizar efectivo en determinadas operaciones.
De acuerdo con Ron Snipeliski, este precedente demuestra que el Congreso puede establecer directamente en una ley cuáles son las actividades sujetas a restricciones, así como las condiciones que deben cumplir los particulares.
La diferencia, según el despacho, es que la Ley Antilavado enumera las actividades y establece parámetros para su aplicación, mientras que la Ley de Economía Digital dejaría a la SHCP la tarea de identificar los sectores que deberán adoptar exclusivamente los pagos electrónicos.
Por ello, los especialistas consideran que el Congreso debió establecer criterios más precisos para evitar que una autoridad administrativa tenga un margen de decisión demasiado amplio sobre las actividades comerciales.
La Ley de Economía Digital podría llegar hasta la Suprema Corte
Los cuestionamientos constitucionales podrían trasladarse a los tribunales mediante juicios de amparo promovidos por empresas y establecimientos afectados por las nuevas disposiciones.
Juvenal Lobato Díaz consideró que el tema podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente si los particulares consideran que las restricciones afectan sus derechos o exceden las facultades que la Constitución otorga a las autoridades.
Sin embargo, el académico también señaló que obtener una resolución favorable podría resultar complicado.
Una de las posibles interpretaciones judiciales sería considerar que la legislación únicamente establece modalidades para el uso de la moneda en determinados sectores económicos, sin eliminar el reconocimiento del efectivo como medio de pago de manera generalizada.
Bajo esa perspectiva, los ministros podrían considerar justificadas las restricciones si se aplican a actividades específicas y bajo determinadas condiciones.
Por lo tanto, la posibilidad de que la ley sea impugnada no significa que necesariamente vaya a ser invalidada, pues el resultado dependerá de los argumentos presentados y de la interpretación que realicen los tribunales.
Banamex advierte riesgos de exclusión financiera por limitar el uso de efectivo
Además de los cuestionamientos jurídicos, la Ley de Economía Digital también ha generado preocupaciones sobre sus posibles consecuencias económicas y sociales.
En su Reporte Económico del 27 de octubre, Banamex reconoció que la legislación podría contribuir a modernizar los sistemas de pago, reducir determinados costos de operación y favorecer la inclusión financiera.
Sin embargo, la institución advirtió que imponer restricciones al efectivo sin resolver primero las dificultades de bancarización, conectividad y acceso a servicios financieros podría provocar que ciertos sectores de la población queden excluidos de las operaciones comerciales.
El análisis destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 85.2% de los adultos utiliza habitualmente efectivo para realizar compras de hasta 500 pesos, mientras que el 73.5% recurre a este medio para operaciones de mayor valor.
Estas cifras reflejan la importancia que todavía tiene el dinero físico en las transacciones cotidianas de los mexicanos.
Banamex señaló que la transición hacia los pagos digitales debe considerar las condiciones particulares de cada actividad económica y de las regiones del país, especialmente en aquellas donde existen problemas de conectividad o una menor disponibilidad de servicios bancarios.
Entre los sectores que requieren especial atención se encuentran los micronegocios, debido a que la implementación de sistemas electrónicos podría representar costos adicionales por comisiones, terminales de pago, infraestructura y servicios tecnológicos.
La institución también advirtió que los consumidores que no cuentan con una cuenta bancaria o acceso constante a internet podrían enfrentar dificultades para realizar compras si determinados establecimientos dejan de aceptar efectivo.
Sonora y Nayarit muestran diferencias en el uso de efectivo en gasolineras
Uno de los ejemplos presentados por Banamex corresponde al sector de las gasolineras, donde existen diferencias regionales importantes en la utilización del dinero físico.
De acuerdo con el reporte, el uso de efectivo en este tipo de establecimientos presenta variaciones que van desde 16.2% en Sonora hasta 52.9% en Nayarit.
Esta diferencia muestra que la adopción de los pagos electrónicos no es uniforme en todo el territorio nacional y que las condiciones económicas, tecnológicas y comerciales pueden cambiar considerablemente de una entidad a otra.
Además, el análisis identificó estaciones de servicio que todavía presentan problemas de cobertura móvil, una condición que podría dificultar la implementación obligatoria de pagos digitales.
Por ello, Banamex consideró que la Secretaría de Hacienda debería priorizar aquellos sectores que ya cuentan con infraestructura tecnológica y conectividad suficientes para realizar esta transición.
¿Qué tendría que garantizar México antes de reducir el uso de efectivo?
Para que la Ley de Economía Digital pueda cumplir sus objetivos sin generar nuevas barreras económicas, Banamex señaló que será necesario acompañar su aplicación con distintas medidas.
Entre las principales condiciones destacan:
- Ampliar la bancarización: facilitar que más personas y pequeños negocios tengan acceso a cuentas y servicios financieros.
- Mejorar la conectividad: garantizar que los establecimientos puedan procesar operaciones electrónicas incluso en regiones con infraestructura limitada.
- Reducir las comisiones: evitar que los costos de las transacciones digitales afecten principalmente a los pequeños comerciantes.
- Impulsar la educación financiera: enseñar a los consumidores y negocios a utilizar de manera segura las herramientas de pago electrónico.
- Fortalecer la ciberseguridad: proteger las operaciones y los datos personales frente a fraudes, robos de información y ataques informáticos.
La institución consideró que una transición gradual, acompañada de incentivos y mejoras tecnológicas, permitiría aprovechar las ventajas de la digitalización sin profundizar las desigualdades existentes.
En este contexto, la Ley de Economía Digital enfrenta dos grandes desafíos: las dudas sobre las facultades que otorga a la Secretaría de Hacienda y los riesgos de exclusión financiera para quienes todavía dependen del efectivo.
Aunque la modernización de los sistemas de pago podría facilitar las transacciones y reducir algunos costos, su aplicación deberá considerar las condiciones reales de consumidores, trabajadores y establecimientos.
Por ahora, el debate se concentra en determinar hasta dónde puede llegar la facultad del Gobierno para restringir el uso de efectivo y qué garantías deberán establecerse para evitar que la digitalización se convierta en una barrera para participar en la economía.
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