Mientras México se prepara para las elecciones de 2027 con miles de candidaturas en disputa, el INE establece un mecanismo para que los partidos puedan revisar si sus aspirantes enfrentan posibles riesgos por vínculos con el crimen organizado
El procedimiento permitirá consultar información de instituciones de seguridad, justicia e inteligencia financiera, pero serán los partidos quienes decidan si mantienen o no una candidatura
México inició formalmente el Proceso Electoral 2026-2027, en el que se renovarán más de 19 mil cargos públicos, entre ellos diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha un nuevo mecanismo para revisar posibles riesgos relacionados con la integridad de quienes busquen una candidatura.
La medida busca atender una preocupación que ha acompañado a los procesos electorales recientes: la posibilidad de que grupos del crimen organizado intenten influir en la selección de candidatos o acceder a espacios de decisión pública.
Según informó El País, la preocupación dentro del órgano electoral aumentó ante los antecedentes de violencia política registrados durante las elecciones de 2024 y la posibilidad de que esta problemática vuelva a presentarse durante el proceso de 2027.
¿Qué hará el INE para revisar a los aspirantes?
El Consejo General del INE aprobó los lineamientos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que funcionará como un mecanismo de coordinación entre los partidos políticos y distintas instituciones encargadas de seguridad, justicia, inteligencia y análisis financiero.
El procedimiento será voluntario. Los partidos podrán entregar al INE las listas de las personas que acepten someterse a la revisión y el Instituto canalizará esa información a las autoridades competentes.
Entre las instituciones que participarán están la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
¿El INE investigará directamente a los candidatos?
No. Este es uno de los puntos más importantes del nuevo procedimiento.
La comisión del INE no realizará investigaciones ni determinará por sí misma si una persona representa un riesgo. Su función será recibir las solicitudes, canalizar la información a las instituciones correspondientes y comunicar a los partidos los resultados que estas autoridades proporcionen.
Las instituciones especializadas serán las encargadas de realizar el análisis con la información que tengan disponible. El resultado podrá señalar que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable relacionado con posibles vínculos delictivos.
La existencia de un riesgo razonable tampoco significa, por sí sola, que una persona haya cometido un delito o que exista una sentencia en su contra. Se trata de una evaluación de riesgo y no de una resolución judicial.
¿Quién decidirá si un aspirante puede ser candidato?
La decisión final seguirá en manos de los partidos políticos y, en su caso, de las personas que participen como candidatas independientes.
El INE no tendrá facultades para retirar directamente una candidatura a partir de la información recibida. De acuerdo con los lineamientos aprobados, el Instituto funciona como un intermediario institucional entre las fuerzas políticas y las autoridades que realizan las revisiones.
Esto significa que el mecanismo no funciona como un filtro automático que elimine a cualquier persona sobre la que exista una señal de riesgo. Su propósito es que los partidos cuenten con información adicional antes de tomar una decisión.
¿Por qué se creó este mecanismo rumbo a 2027?
La medida responde a los antecedentes de violencia e infiltración del crimen organizado en procesos electorales.
Durante la sesión del 10 de septiembre, el consejero Arturo Chávez, presidente de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, señaló que en 2024 se registraron al menos 138 agresiones contra candidatos, de acuerdo con datos de distintas organizaciones.
De ese total, el INE reportó 40 candidatos asesinados, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición.
Chávez sostuvo que la delincuencia organizada no tiene una ideología política específica y busca infiltrarse donde encuentra posibilidades de hacerlo. Por ello, planteó que la prevención debe involucrar a todas las fuerzas políticas.
¿Qué información recibirán los partidos?
Los partidos no recibirán expedientes completos de investigaciones ni detalles sensibles de las autoridades.
El esquema contempla que las instituciones comuniquen si detectan o no un riesgo razonable, mientras que la comisión del INE trasladará esa información a los partidos que solicitaron la revisión. El diseño busca proteger los datos personales y la presunción de inocencia de quienes participen en el procedimiento.
La información, además, deberá manejarse bajo reglas de confidencialidad. El INE señaló que la comisión actuará únicamente cuando exista una solicitud de parte interesada y con el consentimiento correspondiente de las personas involucradas.
Un mecanismo nuevo para las elecciones de 2027
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas quedó instalada el 7 de septiembre de 2026, antes del inicio formal del proceso electoral, y posteriormente el Consejo General aprobó sus lineamientos.
Con ello, las elecciones de 2027 tendrán por primera vez este procedimiento institucional para que los partidos puedan consultar posibles factores de riesgo relacionados con sus aspirantes.
El objetivo no es sustituir las investigaciones de las fiscalías ni convertir al INE en una autoridad de seguridad, sino coordinar a las instituciones para que los partidos tengan información antes de decidir a quién postular.
La eficacia del mecanismo dependerá, entre otros factores, de que las autoridades respondan dentro de los plazos previstos y de que los partidos utilicen la información para tomar decisiones antes de que las candidaturas queden definidas.
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