Por tercera ocasión, exjefe de la DEA presiona para extraditar a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y pide a México que permita que el gobernador con licencia enfrente un proceso ante la justicia estadounidense
Un exjefe de la DEA volvió a solicitar públicamente que Rubén Rocha Moya sea enviado a Estados Unidos, mientras el caso del gobernador con licencia continúa bajo revisión de las autoridades mexicanas y sin una resolución confirmada sobre su eventual extradición
El caso de Rubén Rocha Moya volvió a generar presión desde Estados Unidos luego de que un exfuncionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) insistiera públicamente en que el gobernador con licencia de Sinaloa sea llevado ante la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según información de Infobae, el exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, publicó nuevamente un mensaje en X en el que pidió al Gobierno de México permitir que Rocha Moya enfrente un proceso en Estados Unidos.
El pronunciamiento ocurre mientras la situación jurídica del mandatario sinaloense permanece sin una resolución pública definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El nuevo llamado para llevar a Rocha Moya a Estados Unidos
Maltz sostuvo que los señalamientos contra Rocha Moya son de gravedad y manifestó su confianza en los fiscales estadounidenses que llevan investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.
El exfuncionario también planteó que los servidores públicos responsables de proteger a la población deben responder ante la justicia cuando existan elementos que respalden acusaciones penales.
En su mensaje, pidió a México permitir que el gobernador con licencia sea procesado conforme a las leyes de Estados Unidos, aunque aclaró que cualquier procedimiento debe respetar el debido proceso.
La publicación representa una nueva intervención pública de Maltz en el caso, después de que durante las últimas semanas difundiera distintos mensajes relacionados con una posible detención y traslado de Rocha Moya.
No es el primer llamado del exfuncionario estadounidense
La presión pública comenzó a aumentar nuevamente después del regreso temporal de Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa.
El 22 de agosto, Maltz pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinar la detención y posterior traslado del gobernador con licencia a Estados Unidos.
Días después, el exfuncionario utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse al mandatario sinaloense. El 28 de agosto compartió una animación generada mediante inteligencia artificial en la que Rocha Moya aparecía haciendo referencia a un eventual traslado a Estados Unidos.
El 29 de agosto, Maltz difundió otra imagen creada con inteligencia artificial en la que el gobernador con licencia aparecía escoltado por agentes de la DEA, el FBI y el HSI. En esa publicación expresó su intención de verlo trasladado a Nueva York.
Estos mensajes no constituyen por sí mismos una orden de detención ni una resolución judicial estadounidense o mexicana.
¿Existe una solicitud de extradición contra Rocha Moya?
Sí. Sin embargo, es necesario distinguir entre una solicitud de detención provisional con fines de extradición y una extradición ya autorizada.
El 28 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió del Gobierno de Estados Unidos solicitudes relacionadas con la detención provisional de varias personas con fines de extradición.
La documentación fue enviada a la FGR, institución encargada de evaluar si existen elementos suficientes conforme al marco jurídico mexicano.
La Cancillería señaló entonces que, tras revisar los documentos recibidos de la Embajada de Estados Unidos, no encontró elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicitaba.
La propia SRE precisó que correspondería a la Fiscalía determinar si existían elementos probatorios suficientes y si las solicitudes resultaban viables conforme a las leyes mexicanas.
Por ello, el hecho de que Estados Unidos haya solicitado la detención con fines de extradición no significa que Rocha Moya haya sido extraditado, que exista una fecha para su traslado o que el procedimiento haya concluido.
¿Qué ha pasado con Rubén Rocha Moya?
La situación política del gobernador con licencia también se modificó durante agosto.
Rocha Moya regresó a sus funciones el 21 de agosto, después de permanecer 112 días separado del cargo. Su reincorporación provocó cuestionamientos políticos y una reacción pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la decisión como imprudente y señaló que conoció el regreso mediante la publicación realizada por el propio mandatario en redes sociales.
El regreso duró poco tiempo. Ante la presión política generada por la decisión, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia, esta vez por tiempo indefinido.
La Secretaría de Gobernación señaló que la determinación correspondió al propio gobernador y que no estuvo vinculada con una decisión del Gobierno federal.
Posteriormente, gobernadoras y gobernadores de Morena y aliados respaldaron públicamente a Sheinbaum y llamaron a Rocha Moya a actuar con responsabilidad.
En Sinaloa, el Congreso estatal aprobó por unanimidad la nueva licencia, por lo que el estado quedó encaminado a ser administrado por una figura interina hasta el proceso electoral de junio de 2027.
¿Qué se sabe de las acusaciones de Estados Unidos?
El caso se relaciona con señalamientos estadounidenses sobre presuntos vínculos de Rocha Moya con integrantes del Cártel de Sinaloa.
No obstante, las acusaciones y solicitudes estadounidenses no equivalen a una sentencia. Rocha Moya no ha sido declarado culpable por un tribunal estadounidense por estos señalamientos.
La postura del Gobierno mexicano también ha sido que cualquier actuación relacionada con una eventual extradición debe sujetarse a las pruebas y a los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que México actúe sin elementos probatorios suficientes y ha sostenido que corresponde a las autoridades mexicanas revisar la información recibida de Estados Unidos.
¿Qué falta para una posible extradición?
El siguiente paso depende de la evaluación que realicen las autoridades mexicanas.
La FGR debe determinar si la documentación recibida cumple con los requisitos legales para avanzar con una solicitud de detención provisional con fines de extradición. A partir de esa evaluación pueden desarrollarse distintas etapas jurídicas antes de que una persona sea eventualmente entregada a otro país.
Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que Rocha Moya haya sido detenido en México con motivo de esta solicitud ni de que exista una fecha establecida para trasladarlo a Estados Unidos.
Tampoco se ha informado oficialmente de una resolución definitiva de la FGR que autorice su extradición.
Por ello, el nuevo llamado del exjefe de la DEA representa presión política y pública desde Estados Unidos, pero no modifica por sí mismo el procedimiento que deben seguir las autoridades mexicanas.
Un caso que mantiene bajo presión la relación México-Estados Unidos
El episodio ocurre en un momento en que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad busca fortalecerse después de un periodo de tensiones entre las autoridades mexicanas y la DEA.
La administración de Claudia Sheinbaum ha buscado mantener canales de cooperación con las agencias estadounidenses, particularmente mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al mismo tiempo, la presidenta ha marcado límites frente a cualquier señal que pueda interpretarse como una intromisión de funcionarios estadounidenses en decisiones que corresponden a las instituciones mexicanas.
En ese contexto, los llamados públicos para trasladar a Rocha Moya a Estados Unidos agregan presión a un expediente que todavía depende de decisiones jurídicas de las autoridades mexicanas.
Por ahora, la situación del gobernador con licencia permanece abierta: existe una solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, pero no una extradición ejecutada ni una fecha confirmada para su traslado.
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