Anabel Hernández acusa que el Cártel de Sinaloa penetró durante décadas a la FGR, Sedena y Guardia Nacional y sostiene que esa infiltración alcanzó gobiernos de distintos sexenios
La periodista sostiene en su libro Narcocracia que el crimen organizado penetró durante décadas instituciones federales de seguridad y justicia; sus señalamientos incluyen a gobiernos anteriores y actuales, pero varias de sus acusaciones dependen de testimonios periodísticos y no cuentan, hasta ahora, con una resolución judicial que las confirme.
CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Anabel Hernández sostiene que el crimen organizado logró penetrar durante las últimas tres décadas instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y estructuras federales de seguridad. Las afirmaciones fueron realizadas en una entrevista con Infobae México con motivo de la publicación de su libro Narcocracia. Se trata de señalamientos derivados de su investigación y de testimonios que atribuye a antiguos integrantes del narcotráfico, por lo que no todos los hechos que plantea están acreditados judicialmente. Sí existe, en cambio, una acusación formal en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, aunque las autoridades mexicanas han señalado que las investigaciones nacionales siguen abiertas y que deben respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia.
En la entrevista publicada por Infobae el 5 de septiembre de 2026, Hernández describe lo que llama una “narconquista” progresiva del Estado mexicano. Su planteamiento central es que el fenómeno no comenzó con un solo presidente ni puede atribuirse exclusivamente a un partido político, sino que se habría desarrollado durante distintos gobiernos mediante la corrupción de funcionarios, mandos policiales y estructuras encargadas de combatir a la delincuencia organizada.
¿Qué instituciones señala Anabel Hernández como infiltradas por el crimen organizado?
Hernández identifica entre las instituciones con mayor grado de penetración, según su investigación, a la FGR, la Sedena, la Guardia Nacional y estructuras federales de seguridad.
La periodista establece una diferencia entre corromper autoridades municipales o estatales y alcanzar a instituciones responsables de investigar y combatir al crimen organizado desde el ámbito federal.
Una cosa es mandar a una policía municipal, a un presidente municipal, a una policía estatal, y otra cosa es tener en tu bolsillo, tener totalmente el control de quienes tienen la obligación constitucional de perseguir a la criminalidad organizada”, declaró a Infobae.
Hernández sostiene que este proceso ocurrió de manera gradual:
- Plaza por plaza.
- Institución por institución.
- Funcionario por funcionario.
- A lo largo de distintos gobiernos y administraciones.
En su planteamiento, esa acumulación habría permitido a los grupos criminales pasar de corromper servidores públicos individuales a influir en estructuras con capacidad nacional de investigación, inteligencia y uso de la fuerza.
Hernández también formula acusaciones directamente contra Omar García Harfuch y personas de su equipo, a quienes atribuye presuntos vínculos previos con estructuras criminales. Esas afirmaciones forman parte de la tesis expuesta por la periodista y no deben presentarse como una condena o determinación judicial.
El Gobierno mexicano, por su parte, ha rechazado señalamientos sobre una supuesta conexión institucional con organizaciones criminales y sostiene que su estrategia se basa en investigación, inteligencia, coordinación y combate a la impunidad.
¿Qué acusa Hernández sobre López Obrador y el Cártel de Sinaloa?
Uno de los señalamientos centrales de Narcocracia se refiere al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hernández afirma que Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exintegrante de la organización de los Beltrán Leyva, le relató que durante la campaña presidencial de 2006 López Obrador habría recibido más de 500 mil dólares relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Según la versión publicada por Infobae, Hernández sostiene además que habría existido un acuerdo para ofrecer determinadas condiciones al grupo criminal a cambio de respaldo político y financiero.
La periodista asegura que el financiamiento también habría ocurrido durante las campañas de 2012 y 2018, aunque explica que para esos periodos utiliza fuentes distintas.
Entre ellas menciona:
- A Dámaso López Serrano, “Mini Lic”.
- Personas que, según Hernández, estuvieron vinculadas al equipo político del entonces candidato.
- Testimonios recopilados durante su investigación.
Es importante distinguir el origen de esos datos: son testimonios que Hernández incorpora a su trabajo periodístico. En las fuentes oficiales consultadas para esta nota no aparece una resolución judicial que determine que López Obrador recibió ese dinero o celebró el pacto descrito por la periodista.
¿Qué decisiones del gobierno de AMLO relaciona Hernández con esa hipótesis?
Hernández interpreta distintas decisiones y episodios ocurridos durante el gobierno de López Obrador como elementos que, desde su perspectiva, coincidirían con los compromisos que atribuye al supuesto acuerdo.
Entre ellos menciona:
- La liberación de Ovidio Guzmán López durante el operativo de octubre de 2019 en Culiacán.
- Las modificaciones a las condiciones bajo las cuales operaban agentes extranjeros en México.
- El encuentro de López Obrador con Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en marzo de 2020.
Estos acontecimientos ocurrieron públicamente, pero la interpretación de que fueron consecuencia de un pacto previo con el Cártel de Sinaloa corresponde a Hernández y no constituye, por sí sola, una conclusión judicial.
La periodista atribuye a “El Grande” la siguiente declaración sobre el expresidente:
Cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel. En ese sentido, fue un hombre de palabra”.
Hernández agrega posteriormente su propia valoración:
El problema es que fue un hombre de palabra con los criminales y un traidor con los mexicanos”.
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¿Qué quiere decir Hernández cuando habla de una “narcocracia”?
La periodista utiliza el término para describir un escenario en el que los grupos criminales no solamente compran protección de funcionarios aislados, sino que adquieren capacidad para influir en instituciones, elecciones y decisiones gubernamentales.
Según Hernández, el proceso habría comenzado mucho antes del gobierno de López Obrador.
Su argumento es que, cuando éste asumió la Presidencia en diciembre de 2018, ya existían instituciones contaminadas por corrupción, territorios bajo control criminal y autoridades locales presuntamente cooptadas.
En una entrevista previa con Infobae, Hernández describió ese momento como “la tormenta perfecta” y aseguró que el fenómeno llegó después a lo que considera su punto más crítico.
La tesis central de su libro es, por tanto, acumulativa: el crimen organizado habría avanzado durante varios sexenios y bajo gobiernos de diferentes partidos.
¿Qué relación tiene Claudia Sheinbaum con los señalamientos de Hernández?
Hernández sostiene que el fenómeno que describe no terminó con el cambio de gobierno ocurrido en 2024.
La señora Claudia Sheinbaum es producto de esa narcocracia”, afirmó durante la entrevista con Infobae.
La periodista utiliza principalmente el caso de Rubén Rocha Moya para explicar su argumento.
Sin embargo, es necesario distinguir entre la opinión de Hernández y los hechos jurídicos que sí están documentados.
¿Rubén Rocha Moya está acusado de narcotráfico en Estados Unidos?
Sí.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó oficialmente que un gran jurado presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Los fiscales estadounidenses los acusaron de delitos relacionados con tráfico de drogas y armas y alegaron que existió una conspiración con dirigentes del Cártel de Sinaloa.
Esto significa que existe una acusación penal formal estadounidense. No significa que Rocha Moya haya sido declarado culpable.
La responsabilidad penal debe determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
¿Cuál es actualmente la situación de Rubén Rocha Moya en Sinaloa?
Rocha Moya se separó originalmente de la gubernatura en mayo de 2026 después de conocerse las acusaciones estadounidenses.
Regresó a sus funciones el 21 de agosto, pero dos días después volvió a solicitar una licencia.
El Congreso de Sinaloa aprobó el 23 de agosto de 2026 una licencia temporal con carácter indefinido para que se separara nuevamente del cargo.
Por esa razón, al hablar de su situación actual resulta más preciso identificarlo como gobernador con licencia, y no como mandatario en ejercicio.
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¿México aceptó extraditar a Rocha Moya?
No se ha concretado una extradición.
El Gobierno mexicano sostuvo desde abril que cualquier procedimiento debe analizarse conforme a las leyes nacionales y que Estados Unidos debía entregar elementos suficientes para respaldar su solicitud.
La FGR abrió investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses. La Secretaría de Gobernación informó el 21 de agosto que esas carpetas permanecían abiertas y que la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado al Departamento de Justicia estadounidense las pruebas correspondientes.
La postura expresada por Claudia Sheinbaum ha sido que México debe revisar las pruebas conforme a su legislación y que no se debe encubrir a quien haya cometido un delito.
¿Qué dice Hernández sobre la postura de Sheinbaum frente a Rocha Moya?
Hernández considera que la posición del gobierno de Sheinbaum constituye protección política.
Aquí no se trata de la soberanía, aquí se trata de proteger a los tuyos, porque si cae uno, caen todos”, afirmó a Infobae.
Esa frase representa la interpretación de la periodista.
La postura oficial del Gobierno mexicano es distinta: ha señalado que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para proceder y que cualquier extradición debe respetar las normas mexicanas y el debido proceso.
¿Qué plantea Hernández sobre las elecciones y el narcotráfico?
Otro de los argumentos de Hernández es que los acuerdos entre organizaciones criminales y actores políticos dejaron de ser situaciones aisladas.
El tener una alianza con el narco para llegar al poder ya no es más una excepción, sino una regla”, declaró.
Para explicar el cambio que plantea, la periodista recuerda casos históricos como el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien fue procesado en Estados Unidos.
Hernández sostiene que actualmente existirían investigaciones estadounidenses contra distintos funcionarios y gobernadores mexicanos.
Estas afirmaciones deben analizarse caso por caso: la existencia de una investigación, cuando ésta pueda acreditarse, no equivale a responsabilidad penal ni a una sentencia.
¿Qué debe entenderse del libro Narcocracia?
Narcocracia plantea una explicación sobre cómo habría evolucionado la relación entre poder político y narcotráfico en México durante aproximadamente tres décadas.
La investigación de Hernández intenta conectar testimonios de antiguos integrantes del crimen organizado con decisiones políticas, casos judiciales y episodios ocurridos durante diferentes gobiernos.
Su planteamiento no responsabiliza únicamente a una administración. Describe un proceso que, según la autora, atravesó instituciones, partidos y sexenios.
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