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EEUU busca equipar a la FGR con un sistema de intervención digital de PenLink, integrado por 140 estaciones de trabajo, para analizar llamadas, mensajes, ubicación y actividad digital, y compartir evidencia con agencias estadounidenses

El sistema permitiría a la FGR dar seguimiento simultáneo a hasta mil 500 objetivos, integrar evidencia digital y compartir información con agencias de Estados Unidos.

EEUU busca equipar a la FGR con un sistema de intervención digital de PenLink, integrado por 140 estaciones de trabajo, para analizar llamadas, mensajes, ubicación y actividad digital, y compartir evidencia con agencias estadounidenses

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara la entrega a la Fiscalía General de la República (FGR) de una plataforma para intervenir y analizar comunicaciones digitales dentro de investigaciones criminales, una ampliación tecnológica que podría permitir el seguimiento simultáneo de hasta mil 500 objetivos.

El proyecto está dirigido a la Unidad de Cuerpo Técnico de Control de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y contempla 140 estaciones de trabajo. La información está respaldada por un aviso de contratación publicado el 4 de agosto por el Departamento de Estado y por las especificaciones técnicas difundidas a partir de ese expediente. Lo que todavía no está confirmado públicamente es que el contrato con PenLink haya sido adjudicado de manera definitiva. Para los usuarios de telecomunicaciones, el punto central es que disponer de esta tecnología no elimina el requisito legal de obtener autorización judicial cuando una investigación implique intervenir comunicaciones privadas en México.

El aviso estadounidense identifica el proyecto como un “Digital Legal Interception System”, es decir, un sistema de intervención legal de comunicaciones, y señala que será donado al Gobierno de México. La contratación es impulsada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, conocida como INL, del Departamento de Estado. El documento establece que el sistema deberá ser compatible con la plataforma PenLink PLX utilizada por agencias estadounidenses, con el objetivo de facilitar el intercambio de evidencia digital e inteligencia entre autoridades de ambos países.

¿Qué sistema quiere entregar Estados Unidos a la FGR?

El proyecto se denomina Advanced Digital Analysis Platform and Technology Product, ADAPT, y su función será servir como plataforma de análisis e intervención digital para la Unidad de Cuerpo Técnico de Control de la FGR.

El aviso de intención de contratación establece que PenLink es el proveedor previsto y detalla una infraestructura que incluye, entre otros componentes:

  • 140 licencias de PLX Intercept Edition.
  • 140 estaciones de trabajo con doble monitor.
  • Servidores para PLX, grabación y almacenamiento.
  • Sistemas para registro de evidencia.
  • Infraestructura de red y telecomunicaciones.
  • Capacitación para hasta 200 usuarios y administradores.
  • Garantía, mantenimiento y soporte técnico durante dos años.
  • Compatibilidad con la plataforma PLX utilizada por agencias de Estados Unidos.

La entrega, de concretarse el contrato, deberá realizarse dentro de los 120 días posteriores a la adjudicación, según la documentación de contratación disponible.

¿Qué podría hacer la FGR con la plataforma PenLink?

PenLink describe PLX como una herramienta diseñada para recopilar y analizar comunicaciones en tiempo real bajo mecanismos de intervención legal. La propia compañía señala que su tecnología puede procesar llamadas telefónicas, mensajes de texto, actividad web y otras fuentes digitales.

Fotografía de archivo de Ernestina Godoy, titular de la FGR | Crédito: Presidencia

Las especificaciones difundidas sobre el proyecto mexicano indican que el sistema deberá permitir el seguimiento de hasta mil 500 objetivos simultáneos mediante tecnologías:

  • 3G.
  • 4G.
  • 5G.
  • Redes futuras.
  • Llamadas de voz.
  • SMS.
  • Mensajes multimedia MMS.
  • Comunicaciones de datos.

PLX también permite reunir información procedente de diferentes fuentes en una misma investigación. PenLink explica que su plataforma puede integrar registros telefónicos, información de redes sociales, extracciones de dispositivos móviles y datos de localización para encontrar relaciones entre personas, lugares y comunicaciones.

Esto no significa que el sistema pueda intervenir legalmente cualquier teléfono por decisión unilateral de un investigador. La capacidad técnica y la autorización jurídica son asuntos distintos.

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¿La plataforma utilizará inteligencia artificial?

PenLink ha incorporado herramientas de inteligencia artificial a su ecosistema de análisis mediante CoAnalyst, una tecnología integrada con PLX que ayuda a revisar grandes volúmenes de evidencia digital.

Según la empresa, estas funciones permiten hacer búsquedas en lenguaje natural, detectar patrones, identificar anomalías, relacionar comunicaciones y revisar datos de geolocalización con mayor rapidez.

La plataforma centraliza información que puede incluir registros de llamadas, mensajes, datos de redes sociales, ubicaciones y extracciones de teléfonos. La inteligencia artificial funciona como una herramienta para clasificar y relacionar la información disponible en una investigación, no como sustituto de las órdenes judiciales necesarias para obtener determinados datos.

¿La FGR necesitará una orden judicial para intervenir comunicaciones?

Sí. La existencia del equipo no modifica por sí sola las obligaciones legales mexicanas.

 Foto: Pixabay

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la intervención de comunicaciones privadas es uno de los actos de investigación que requieren autorización previa de una autoridad judicial. La legislación también obliga a justificar la necesidad de la intervención y precisar, entre otros elementos, quién será investigado, qué tipo de comunicación será intervenida y durante cuánto tiempo.

El artículo 291 establece que, cuando el Ministerio Público considere necesaria una intervención, el titular de la FGR o los funcionarios facultados pueden solicitar autorización al juez federal de control competente.

La autorización judicial debe fijar las características, modalidades y límites de la intervención. Además, la legislación contempla controles sobre la duración de estas medidas y el registro de la información obtenida.

Por eso, “capacidad para mil 500 objetivos” no significa autorización automática para vigilar mil 500 personas. Es la capacidad máxima señalada para la infraestructura; cada intervención debe ajustarse al marco jurídico aplicable.

¿Estados Unidos prohibió o abandonó esta misma tecnología?

No exactamente.

En junio de 2026, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, canceló un programa piloto que utilizaba Webloc, una herramienta desarrollada por PenLink. Sin embargo, Webloc y PLX no son el mismo producto.

Webloc obtenía información de ubicación procedente de aplicaciones móviles y redes de publicidad digital. El sistema generó cuestionamientos porque podía permitir a autoridades identificar dispositivos presentes en determinadas zonas mediante información comercial sin recurrir primero a una orden judicial tradicional.

La cancelación ocurrió después de críticas formuladas por legisladores estadounidenses y cuestionamientos sobre la legalidad de utilizar datos comerciales de geolocalización en investigaciones. La ATF informó que dejó de utilizar ese programa piloto.

Por ello, sería incorrecto decir que Estados Unidos canceló PLX y ahora pretende enviarlo a México. Lo documentado es que canceló Webloc, una herramienta del mismo proveedor, mientras que el proyecto para la FGR requiere compatibilidad con PLX.

El antecedente sí resulta relevante porque muestra el debate que existe en Estados Unidos sobre hasta dónde puede llegar la vigilancia digital y qué controles judiciales deben aplicarse cuando autoridades acceden a información de ubicación o comunicaciones.

¿El contrato con PenLink ya está confirmado?

Hasta la información pública disponible al 31 de agosto de 2026, lo confirmado es una intención de adjudicación directa, no la consumación de la entrega.

El Departamento de Estado publicó el aviso PR16047890 el 4 de agosto y explicó que pretendía negociar directamente con PenLink debido a los requisitos técnicos e interoperabilidad con sistemas utilizados por agencias estadounidenses.

Sin embargo, otras empresas podían presentar hasta el 20 de agosto documentación que demostrara que tenían capacidad para ofrecer una solución comparable.

El propio aviso establece que, después de analizar posibles alternativas, el Gobierno estadounidense determinaría si existían condiciones para abrir una competencia o continuar la negociación únicamente con PenLink.

Por ese motivo, mientras no se publique una adjudicación definitiva, lo preciso es señalar que Estados Unidos prepara o proyecta la donación, y no que el sistema ya se encuentre instalado u operando en México.

¿Para qué servirá la conexión entre México y las agencias de Estados Unidos?

Uno de los requisitos centrales del proyecto es la interoperabilidad.

El sistema deberá producir información compatible con PLX, que ya es utilizado por agencias estadounidenses, para facilitar el intercambio de evidencia digital e inteligencia en investigaciones criminales y procesos conjuntos.

Además, el proveedor deberá garantizar que la plataforma pueda operar con la infraestructura de los concesionarios mexicanos de telecomunicaciones y dentro de las condiciones legales necesarias para prestar los servicios en México.

Esto permitiría que información recabada de manera legal dentro de una investigación pueda ser procesada en formatos compatibles con sistemas utilizados al otro lado de la frontera.

¿Qué otra tecnología de investigación digital recibirá México?

El proyecto de PenLink no es la única adquisición estadounidense dirigida a fortalecer investigaciones digitales en México.

El Departamento de Estado también adjudicó en julio un proyecto para proporcionar a nueve dependencias federales y estatales mexicanas licencias de Chainalysis Reactor, una plataforma especializada en seguir operaciones con criptomonedas a través de redes blockchain.

El paquete tiene un valor estimado de 1 millón 210 mil dólares y contempla:

  • Nueve licencias de Reactor, una por dependencia.
  • Asistencia técnica.
  • Un responsable de atención para las nueve instituciones.
  • 900 horas de apoyo en investigaciones, 100 por licencia.
  • Capacitación presencial y virtual.
  • Un año inicial de servicio y un año adicional opcional.

Chainalysis explica que Reactor permite seguir movimientos de fondos entre distintas cadenas de bloques y vincular direcciones digitales con servicios, organizaciones y otras entidades identificadas, una función utilizada en investigaciones de lavado de dinero y delitos financieros.

¿Qué cambia para las investigaciones de la FGR?

Si el proyecto de PenLink finalmente es adjudicado y desplegado, la FGR dispondrá de una infraestructura centralizada para recibir, organizar, relacionar y analizar grandes volúmenes de comunicaciones y evidencia digital.

El cambio principal sería de capacidad técnica: más estaciones de trabajo, integración de diferentes fuentes de información, análisis automatizado y compatibilidad con plataformas estadounidenses.

Sin embargo, la tecnología no sustituye los controles jurídicos. La intervención de comunicaciones privadas continúa sujeta a autorización judicial en México, y el alcance de cada medida debe quedar delimitado por la autoridad competente.

También permanece abierta una pregunta distinta: cómo serán auditados el acceso, almacenamiento, intercambio y uso de los datos una vez que una infraestructura de esta escala esté instalada. Los documentos consultados detallan las capacidades técnicas y los mecanismos de contratación, pero no permiten concluir que la plataforma PenLink ya esté funcionando en la FGR ni que exista autorización para intervenir indiscriminadamente las comunicaciones de mil 500 personas.

Por ahora, lo comprobable es que Estados Unidos busca ampliar la capacidad tecnológica de investigación de la Fiscalía mexicana, que el sistema propuesto tiene alcance para procesar comunicaciones a gran escala y que, antes de cualquier intervención legítima de comunicaciones privadas, las autoridades mexicanas deben cumplir con los controles judiciales previstos en la ley.

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