Policía municipal intenta ingresar al domicilio de madre buscadora en Cuautitlán Izcalli y el gobierno dice que era una medida de protección pero los colectivos acusan exposición
Karla Lechuga, madre de un joven desaparecido desde noviembre de 2025, tiene medidas de protección vigentes. El gobierno municipal difundió información e imágenes de su vivienda y los colectivos exigen responsabilidades.
La organización Lirios Buscadores Izcalli denunció que el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, difundió información y fotografías que permiten identificar el domicilio de Karla Lechuga, madre buscadora cuyo hijo, Jeshua Cisneros Lechuga, se encuentra desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025.
Los hechos ocurrieron el viernes 14 de agosto, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio de Lechuga alrededor de las 20:30 horas. Según el colectivo, los agentes intentaron ingresar a la vivienda para realizar una revisión y tomar fotografías, pese a que la madre buscadora no se encontraba en el interior. Vecinos del lugar impidieron el acceso al inmueble.
El gobierno municipal, por su parte, aseguró que la presencia policial correspondió a una medida de protección. La autoridad señaló que los elementos acudieron para realizar una visita periódica y que, al no obtener respuesta, se retiraron.
Sin embargo, el colectivo rechazó esta versión y acusó a las autoridades de haber difundido información sensible que incrementa el riesgo para Lechuga.
¿Qué pasó en el domicilio de Karla Lechuga?
El viernes 14 de agosto, elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli acudieron al domicilio de Karla Lechuga en la colonia Arcos del Alba. La patrulla portaba las placas ME-093A6 y el número de unidad S8801.
Según la denuncia del colectivo Lirios Buscadores Izcalli, los agentes pretendían ingresar al inmueble para realizar una revisión y tomar fotografías, a pesar de que Karla Lechuga no se encontraba en el lugar.
Vecinos intervinieron y evitaron que los elementos ingresaran. Los agentes no presentaron una orden judicial ni proporcionaron una justificación clara sobre el motivo de la revisión.
¿Qué dice el gobierno municipal?
El Gobierno de Cuautitlán Izcalli emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones del colectivo y defiende la actuación de los elementos policiales.
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana afirmó que la presencia de los policías no fue un operativo de vigilancia o revisión, sino parte del cumplimiento de una medida de protección solicitada por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada.
Según el gobierno, los elementos acudieron para realizar una visita periódica, llevar una bitácora con la fecha y hora de cada visita y recabar la firma de las personas beneficiarias.
Al llegar al conjunto habitacional, se entrevistaron con una residente que les permitió el acceso a las áreas comunes y les indicó la ubicación del edificio. Los elementos llamaron en varias ocasiones y, al no obtener respuesta, se retiraron.
La autoridad municipal explicó que las imágenes recabadas por los elementos forman parte del registro de su actuación y tienen como objetivo documentar el cumplimiento de la visita de seguimiento, no realizar una inspección del domicilio.
El gobierno municipal también expresó su “comprensión” por la preocupación que la situación puede generar y reiteró su disposición al diálogo y su compromiso de acompañar y proteger a las personas beneficiarias de las medidas de protección.
Sin embargo, el colectivo rechazó esta versión y señaló que “no aceptamos que, bajo el argumento de aclarar los hechos, se utilice información sensible para construir una versión institucional que lave la imagen de lo ocurrido”.
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¿Qué exigen los colectivos?
En un comunicado público urgente fechado el 16 de agosto, la organización señaló que “no solamente se difundió información que permite identificar y ubicar el domicilio de Karla Lechuga. También fueron difundidas fotografías del inmueble, incrementando deliberadamente su exposición”.
Los colectivos enfatizaron que Karla Lechuga lleva dos días hospitalizada después de participar en una jornada de búsqueda en el canal de Teoloyucan.
El colectivo Lirios Buscadores Izcalli, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, ha formulado seis demandas claras a las autoridades:
- El retiro inmediato de las publicaciones, fotografías y cualquier material que permita identificar o localizar el domicilio de Karla Lechuga.
- Una investigación sobre quién autorizó, elaboró y difundió las fotografías y datos relacionados con su domicilio.
- La revisión inmediata de sus medidas de protección y la implementación de mecanismos efectivos para garantizar su seguridad.
- La intervención de las autoridades estatales y federales competentes para garantizar su integridad.
- Que se establezca claramente la responsabilidad administrativa y, en su caso, legal de quienes hayan difundido información que incremente el riesgo para una persona protegida.
- Una explicación pública de por qué las autoridades consideraron necesario publicar fotografías del domicilio de una madre buscadora bajo medidas de protección.
Los colectivos hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con preguntas contundentes:
¿Qué están esperando para proteger a Karla Lechuga? ¿Esperan a que una madre buscadora sea asesinada para reconocer que el riesgo era real? ¿Esperan que Karla sea la próxima madre buscadora asesinada durante sus gobiernos para actuar?”
¿Qué sigue?
El colectivo exige una respuesta inmediata de las autoridades antes de que ocurra una tragedia.
No queremos una respuesta después de una tragedia. No queremos condolencias cuando ya sea demasiado tarde. Queremos a Karla viva, segura y protegida”, señalaron en su comunicado.
Las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli han manifestado su disposición al diálogo, pero el colectivo considera que la explicación ofrecida hasta ahora es insuficiente.
Mientras tanto, Karla Lechuga permanece hospitalizada después de participar en una jornada de búsqueda en el canal de Teoloyucan. Su caso ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda en el país.
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