MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un delito que debe ser perseguido el embarazo de una niña de 11 años, víctima de abuso sexual en Matamoros, Tamaulipas.

La menor fue sometida a una interrupción del embarazo de cinco meses por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué ocurrió en Matamoros?

La niña de 11 años fue víctima de abuso sexual que derivó en un embarazo de aproximadamente cinco meses de gestación.

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El caso fue atendido por el sistema de salud y las autoridades correspondientes. El Sistema DIF informó que la menor se encuentra en condición estable y continuará recibiendo medidas de protección y acompañamiento especializado después de ser dada de alta por el IMSS.

¿Cuál fue la reacción de la presidenta?

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue directa al ser cuestionada sobre el tema: “Es un delito, hay que perseguirlo y hacer justicia”. Con estas palabras, Sheinbaum enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza en casos que involucran violencia sexual contra menores de edad.

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Médicos del IMSS realizaron la interrupción del embarazo. El DIF de Tamaulipas explicó que la niña ha estado acompañada por su madre durante todo el proceso y que, posteriormente, recibirá atención psicológica, médica y educativa.

El organismo también confirmó que la menor está estable y que continuará bajo medidas de protección del Estado mexicano.

Los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes representan una problemática grave en el país

La agresión a menores no solo implica un delito, sino una violación a sus derechos humanos que deja secuelas profundas. La respuesta de las autoridades federales se ha centrado en la importancia de la persecución penal y en garantizar la protección de las víctimas.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha reiterado que todos los casos de este tipo deben ser atendidos con protocolos que prioricen el interés superior de la infancia y que garanticen el acceso a servicios de salud y justicia.

Las autoridades federales reiteraron que el caso en Matamoros no solo debe ser perseguido penalmente, sino que debe servir como un recordatorio de la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención del abuso sexual infantil en todo el país.

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