Congreso de Veracruz le quitó el fuero a dos alcaldes por secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán y desaparición forzada

VERACRUZ. — El Pleno del Congreso del Estado de Veracruz, constituido como Jurado de Procedencia, aprobó retirar la inmunidad procesal a dos presidentes municipales pertenecientes al Partido Movimiento Ciudadano.

La medida afecta a los alcaldes de los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, quienes enfrentan investigaciones por delitos de alto impacto como homicidio y desaparición forzada.

Según lo reportado por el diario El Universal, la resolución parlamentaria responde a las solicitudes formales presentadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz para dar curso a las averiguaciones penales correspondientes.

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Confirman asesinato de la periodista

¿Cómo fue la votación sobre el fuero de ex alcaldes?

La votación se realizó durante una sesión a puerta cerrada en la que se emitieron dos votaciones distintas. En ambos casos, el dictamen obtuvo 40 votos a favor por parte de los diputados del partido Morena y sus aliados, frente a ocho votos en contra, alcanzando así la mayoría calificada requerida por la ley estatal.

Las autoridades del Poder Legislativo precisaron que esta decisión no determina la culpabilidad ni la inocencia de los funcionarios, sino que elimina el fuero constitucional para que puedan responder ante las autoridades judiciales como cualquier ciudadano.

¿De qué se le acusa al alcalde de Ixhuatlán del Sureste?

La Fiscalía General del Estado vincula al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con la investigación iniciada por la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez.

Los puntos clave de este expediente señalan:

• Imputación de la Fiscalía: Las autoridades ministeriales señalan al munícipe como presunto autor intelectual del ataque contra la reportera.
• Postura del edil: González Martínez negó de manera pública cualquier participación en los hechos e indicó que no conocía personalmente a la comunicadora.
• Estatus legal: Tras la pérdida de la inmunidad procesal, las autoridades judiciales quedan facultadas para requerir su presencia en las etapas de investigación penal.

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El caso del alcalde de Úrsulo Galván y la acusación por desaparición forzada

Respecto al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, la representación social mantiene abierta una indagatoria relacionada con la desaparición de dos personas ocurrida en mayo pasado.

La información del caso establece lo siguiente:

• Víctimas reportadas: Se trata de la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chófer, Ignacio López.
• Línea de investigación: De acuerdo con la indagatoria ministerial, el alcalde presuntamente citó al empresario en su domicilio particular para presentarle a un líder de un grupo delictivo regional. Tras esa reunión, no se volvió a saber del paradero de las víctimas.
• Presencia en el Congreso: Bertín Bravo acudió personalmente a la sesión a puerta cerrada. Al término de la junta, el edil afirmó que dará la cara ante las autoridades y sostuvo que es inocente de los cargos imputados por la fiscalía.

Respuestas políticas y postura de la defensa

El fallo parlamentario generó reacciones por parte de los dirigentes del partido al que pertenecen ambos alcaldes, abriendo un debate sobre las motivaciones detrás del juicio de procedencia.

Entre las distintas posturas destacan:

• Señalamientos de persecución: Dirigentes estatales y nacionales de Movimiento Ciudadano denunciaron que las acciones legales representan una persecución política en contra de los ediles que obtuvieron el triunfo en los comicios pasados.
• Denuncias de presión institucional: Los liderazgos del partido señalaron que existieron presiones previas para que los alcaldes se sumaran a la fuerza política mayoritaria en el estado.
• Proceso penal en puerta: Con la pérdida del fuero, la Fiscalía de Veracruz podrá continuar con el procedimiento ordinario, donde se presentarán las pruebas correspondientes para que un juez determine la situación jurídica de ambos exfuncionarios.