Juez desecha amparo de “El Güero” Palma por presuntas violaciones a su derecho de defensa en el Altiplano

El intento de Jesús Héctor Palma Salazar, “El Güero” Palma, de obtener un amparo por presuntas violaciones a su derecho de defensa dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, no prosperó. Un juez federal desechó la demanda al concluir que, antes de acudir al juicio de amparo, el exlíder del Cártel de Sinaloa debe utilizar los mecanismos administrativos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De acuerdo con la resolución judicial difundida por diversos medios especializados en temas judiciales, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, determinó que no se cumplía con el principio de definitividad, un requisito legal que obliga a agotar primero las vías ordinarias antes de solicitar la protección de la justicia federal.

¿Qué denunció “El Güero” Palma en su demanda de amparo?

En el recurso presentado por su defensa, Palma Salazar aseguró que autoridades del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, han interferido en la comunicación confidencial que mantiene con su abogado.

México

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Entre las principales quejas, señaló que personal del centro penitenciario revisa de manera constante la documentación jurídica que entra y sale del penal, incluyendo promociones, escritos y otros documentos relacionados con su defensa.

De acuerdo con el escrito, esta práctica vulnera el derecho a una defensa adecuada, ya que permitiría a las autoridades conocer información protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente.

También denunció restricciones para su abogado

La demanda de amparo también expuso que funcionarios del penal habrían impedido el ingreso de herramientas de trabajo utilizadas por el abogado, como plumas y sus repuestos, situación que, según la defensa, dificulta el desarrollo de su labor.

Además, se denunció que el 19 de julio de 2026 fue negado el acceso del abogado al centro penitenciario, a pesar de que la visita, según la defensa, ya estaba autorizada e incluida en la agenda oficial.

En el documento presentado ante el juzgado se sostuvo que las autoridades pretendían revisar las comunicaciones entre el defensor y su cliente “sin que medie causa legal, orden judicial o supuesto de excepción alguno”.

¿Por qué el juez desechó el amparo?

El juez Alejandro Latorre Lozano no resolvió si las presuntas violaciones denunciadas ocurrieron o no.

La decisión se basó en que “El Güero” Palma debía presentar primero sus inconformidades mediante los procedimientos administrativos previstos en los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Estas disposiciones permiten que las personas privadas de la libertad soliciten la intervención de las autoridades penitenciarias cuando consideran que alguno de sus derechos relacionados con las condiciones de internamiento ha sido vulnerado.

Al no existir evidencia de que esos recursos hubieran sido agotados previamente, el juzgador determinó que la demanda de amparo era manifiestamente improcedente y ordenó desecharla.

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¿Qué significa que el amparo haya sido desechado?

El desechamiento del amparo no significa que un juez haya concluido que las denuncias son falsas.

Lo que resolvió el Poder Judicial es que, por ahora, el asunto no puede analizarse en un juicio de amparo, debido a que primero deben agotarse los procedimientos administrativos establecidos por la legislación penitenciaria.

Una vez concluidas esas instancias, la defensa podría volver a acudir a la justicia federal si considera que persiste la presunta vulneración de derechos.

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¿Quién es “El Güero” Palma?

Jesús Héctor Palma Salazar es identificado como uno de los fundadores y antiguos líderes del Cártel de Sinaloa, organización criminal que encabezó junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán durante la década de 1990.

Tras permanecer preso tanto en México como en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, actualmente se encuentra recluido en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, donde enfrenta distintos procesos judiciales.

Con esta resolución, el proceso legal relacionado con sus quejas sobre las condiciones de internamiento continuará primero por la vía administrativa, conforme a lo previsto en la legislación mexicana.