Sheinbaum respalda revisión y retiro de reconocimiento a escuelas militarizadas; SEP revisará permisos y RVOE antes del próximo ciclo escolar
La presidenta apoyó la decisión de la Secretaría de Educación Pública tras los casos registrados en academias militarizadas; el Gobierno revisará los planteles que operan bajo ese esquema
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revisar y retirar el reconocimiento a las escuelas militarizadas que operan en México, al señalar que ese modelo no forma parte del sistema educativo nacional ni está permitido por la legislación vigente.
La postura fue expresada durante la conferencia matutina del Gobierno de México, mientras que la SEP, encabezada por Mario Delgado, informó que realizará una revisión nacional de este tipo de planteles tras los recientes casos registrados en academias militarizadas. La dependencia sostiene que la formación de carácter militar corresponde únicamente a las instituciones de las Fuerzas Armadas y no a escuelas de educación básica.
El tema cobró relevancia luego de la muerte de una menor durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, caso que derivó en investigaciones penales y en una revisión de este tipo de instituciones en distintas entidades del país.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las escuelas militarizadas?
La presidenta manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por la SEP y coincidió en que las escuelas con formación militarizada no deben formar parte de la educación básica.
Desde su perspectiva, la enseñanza que reciben niñas, niños y adolescentes debe desarrollarse bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, con un enfoque educativo y de protección a los derechos de la infancia, no mediante esquemas de disciplina militar.
¿Qué acciones anunció la SEP?
La Secretaría de Educación Pública informó que revisará los permisos, autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de planteles privados que operen con denominaciones o modelos relacionados con la formación militar.
Además, instruyó a las autoridades educativas estatales a verificar que ninguna institución de educación básica continúe ofreciendo este tipo de enseñanza bajo términos como “militarizada”, “militar” o “castrense”.
El secretario Mario Delgado explicó que este tipo de educación no está autorizado por la ley mexicana y que la formación militar corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
¿Por qué se reforzó la revisión de estos planteles?
Las medidas fueron anunciadas después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que participaba en un curso de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Este caso se suma a otras muertes registradas en instituciones similares durante los últimos años, situación que motivó un análisis sobre la operación, supervisión y regulación de estos planteles.
Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento y varias personas fueron detenidas como parte del proceso penal.
¿Las escuelas militarizadas son legales en México?
De acuerdo con la SEP, no existe autorización legal para impartir educación básica bajo un modelo militarizado.
La dependencia aclaró que las academias que utilizan este esquema no forman parte de las instituciones militares del Estado y que la educación pública y privada debe apegarse a los planes y programas autorizados por la autoridad educativa federal.
Por ello, las autoridades educativas revisarán la situación jurídica de los planteles que actualmente operan bajo este modelo para determinar si cumplen con la normatividad vigente.
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¿Qué pasará con las escuelas militarizadas?
La SEP informó que busca que, antes del inicio del próximo ciclo escolar, las instituciones de educación básica dejen de operar bajo esquemas militarizados y cumplan con las disposiciones establecidas por la legislación educativa.
Las revisiones se realizarán en coordinación con las autoridades educativas de los estados, quienes deberán verificar el cumplimiento de las normas y, en su caso, proceder conforme a la ley.
Con estas acciones, el Gobierno federal busca reforzar la supervisión de los planteles privados y garantizar que la educación impartida a niñas, niños y adolescentes se ajuste al marco legal vigente y a los principios del sistema educativo nacional.
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