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Ni la SEP ni Defensa otorgan permisos para crear escuelas con un modelo de educación militar, reveló Mario Delgado

La decisión surgió después del caso de Dafne, ocurrido en la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Ni la SEP ni Defensa otorgan permisos para crear escuelas con un modelo de educación militar, reveló Mario Delgado

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que identificó cinco escuelas con modelo militarizado en Tamaulipas que serán sometidas a revisión para determinar si cuentan con autorización para operar, luego del feminicidio de Dafne, una estudiante de la academia militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México del 27 de julio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la dependencia inició una revisión de este tipo de instituciones debido a que la legislación educativa vigente no contempla una modalidad de enseñanza militarizada dentro del sistema escolar, destacó Telediario.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación de tipo militarizada. Ni la Secretaría ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, declaró el funcionario.

La revisión busca determinar si los planteles que utilizan conceptos como disciplina militar, formación castrense o estructuras similares cuentan con los permisos educativos correspondientes y si cumplen con las obligaciones establecidas para escuelas particulares.

Detienen a director de la Academia Doenitz por caso de Dafne Zapata. | Crédito: Agencia Reforma

¿Por qué la SEP revisará escuelas militarizadas?

La decisión surgió después del caso de Dafne, ocurrido en la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La SEP informó que reforzó la supervisión de planteles que ofrecen este tipo de formación debido a la necesidad de verificar que las instituciones educativas operen bajo los criterios establecidos por la autoridad.

Mario Delgado señaló que la dependencia envió un comunicado a las autoridades educativas estatales, que son las encargadas de autorizar el funcionamiento de escuelas particulares, para solicitar una vigilancia más estricta.

“Se envió un comunicado a todas las autoridades educativas estatales, responsables de autorizar la operación de escuelas particulares, para reforzar la supervisión de planteles que ofrezcan este tipo de formación”, explicó.

La revisión no solo contempla Tamaulipas, sino que forma parte de una evaluación nacional para conocer cuántas instituciones funcionan bajo este esquema y cuál es su situación administrativa.

SEP detecta cinco escuelas con este modelo en Tamaulipas

Como parte de las primeras acciones, la Secretaría de Educación Pública confirmó que en Tamaulipas fueron ubicadas cinco escuelas adicionales con un modelo educativo que se presenta como militarizado.

El titular de la SEP indicó que estas instituciones serán revisadas para conocer si cuentan con los permisos necesarios.

“En Tamaulipas detectaron ya otras cinco escuelas que ofrecen este tipo de educación y de inmediato se va a revisar su permiso”, señaló Mario Delgado.

La autoridad educativa deberá verificar aspectos como:

  • Autorización oficial para impartir estudios.
  • Registro y permisos correspondientes.
  • Cumplimiento de programas educativos.
  • Condiciones de seguridad para estudiantes.
  • Supervisión conforme a la normativa vigente.

¿Qué dice la SEP sobre la educación militarizada?

Mario Delgado afirmó que actualmente la ley mexicana no reconoce una modalidad educativa denominada “militarizada”.

El funcionario explicó que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgan permisos para crear escuelas con un modelo de educación militar dentro del sistema educativo regular.

El secretario recordó que el marco de la Nueva Escuela Mexicana está basado en principios como:

  • Derechos humanos.
  • Igualdad sustantiva.
  • Protección de niñas, niños y adolescentes.
  • Prevención del maltrato.

“La ley protege a niñas y niños de maltrato, y la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva”, afirmó.

SEP mantiene contacto con autoridades de Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública informó que mantiene comunicación con el Gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía estatal para dar seguimiento a la investigación relacionada con la muerte de Dafne.

Delgado indicó que las autoridades locales ya trabajan en el caso.

“Hemos estado en contacto con el sector educación pública de Tamaulipas, con el gobernador Américo Villarreal; están ya ellos y la Fiscalía del Estado tomando cartas en el asunto”, expresó.

La investigación penal continúa bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes, mientras la SEP concentra sus acciones en la revisión del funcionamiento de instituciones educativas.

Buscan apoyo para la familia de Dafne

El secretario de Educación Pública también informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia intentó establecer comunicación con la madre de Dafne para ofrecer apoyo.

“Por nuestra parte y por instrucciones de la Presidenta hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció”, señaló Delgado.

Explicó que hasta el momento no han logrado concretar el contacto debido a recomendaciones legales recibidas por la familia.

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“No hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y apoyar”, agregó.

¿Qué pasará con las escuelas militarizadas tras la revisión?

La SEP no informó hasta ahora si las escuelas detectadas serán clausuradas o si enfrentarán sanciones.

El siguiente paso será revisar la documentación y las condiciones de operación de cada plantel para determinar si cumplen con las normas educativas.

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En caso de encontrar irregularidades, las autoridades educativas podrían aplicar medidas administrativas conforme a la legislación vigente.

La dependencia señaló que continuará trabajando con los estados para identificar instituciones que utilicen modelos de formación militarizada y garantizar que los servicios educativos cumplan con los principios de protección establecidos para niñas, niños y adolescentes.

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