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UIF denunció ante la FGR a 55 personas y empresas vinculadas con el CJNG antes de que EEUU anunciara sanciones y congelara sus bienes: Harfuch

La acción coordinada alcanzó a 39 personas y 16 empresas; Hacienda detectó movimientos financieros inusuales y añadió ocho objetivos a su lista nacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 55 personas y empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que Estados Unidos anunciara sanciones contra esa red, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El caso importa porque muestra que la medida no fue una reacción posterior del Gobierno mexicano, sino parte de una operación coordinada que restringe cuentas, bienes y transacciones; sin embargo, las autoridades no han informado cuántas de las denuncias ya fueron judicializadas ni si existen órdenes de aprehensión federales contra todos los señalados.

La información fue respaldada por la Secretaría de Hacienda, mediante la UIF, y por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU. Ambas instituciones confirmaron que trabajaron de manera conjunta para identificar a 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas presuntamente con distintas redes operativas y financieras del CJNG.

¿Qué hizo la UIF antes del anuncio de EEUU?

Harfuch explicó durante la conferencia matutina que la UIF había presentado previamente la denuncia ante la FGR contra las mismas personas que después aparecieron en la designación estadounidense.

“La UIF denunció antes de la designación de OFAC; ya tenía la UIF denunciadas ante la FGR a estas mismas personas”, afirmó.

De acuerdo con el secretario, las autoridades mexicanas y estadounidenses prepararon la acción con anticipación para evitar que los involucrados pudieran mover o dispersar recursos antes de que se hicieran públicos los bloqueos.

“Es importante decir que se coordinan y planean estas designaciones con antelación, con el fin de que sea una acción conjunta”, señaló.

El Departamento del Tesoro también informó que la operación fue coordinada con la UIF mexicana, además de investigaciones en las que participaron agencias estadounidenses como el FBI, la Administración para el Control de Drogas y autoridades de seguridad interior.

Harfuch atribuyó esta coordinación al reforzamiento de la UIF encabezada por Omar Reyes Colmenares, cuyo equipo mantiene comunicación con OFAC, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Cuando la Presidenta instruyó el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera hace unos meses, cuando llega Omar Reyes, ha tenido una coordinación muy estrecha con OFAC, con FGR y con el propio CNI”, añadió.

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¿Qué operaciones detectó la UIF?

La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. Según la información difundida por Hacienda, se encontraron indicadores que podrían estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los movimientos identificados se encuentran:

  • Operaciones frecuentes con dinero en efectivo.
  • Compra de vehículos de alta gama.
  • Adquisición de joyas e inmuebles.
  • Transferencias internacionales.
  • Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio.
  • Operaciones mediante activos virtuales.
  • Diferencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

También fueron localizadas empresas con operaciones financieras relevantes y otras con características de posibles compañías fachada, debido a que registraban una actividad económica limitada o aparentemente inexistente.

A partir de estos indicios, la UIF presentó una denuncia ante la FGR por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas.

La autoridad mexicana añadió además a ocho objetivos que no estaban dentro de los 55 designados originalmente por OFAC: cuatro personas físicas y cuatro empresas vinculadas con la misma estructura financiera.

¿Qué implican las sanciones financieras de OFAC?

Las medidas de OFAC afectan los bienes e intereses financieros de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos, compañías o instituciones estadounidenses.

También quedan bloqueadas las empresas que pertenezcan directa o indirectamente, en al menos 50%, a una o varias personas sancionadas. Salvo que exista una autorización especial, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones que involucren recursos de los designados.

Las instituciones financieras extranjeras también pueden exponerse a restricciones si facilitan de manera consciente operaciones importantes en favor de personas bloqueadas.

En México, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas impide que los señalados utilicen cuentas o servicios dentro del sistema financiero nacional mientras se mantiene vigente la medida administrativa.

Esto no significa que las personas hayan sido declaradas culpables. La UIF identifica operaciones financieras, presenta denuncias y aplica bloqueos dentro de sus atribuciones, pero corresponde a la FGR investigar y, en su caso, presentar el expediente ante un juez.

¿Quiénes aparecen entre los operadores señalados?

El Departamento del Tesoro identifica dentro de la estructura del CJNG a Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, y Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.

OFAC había vuelto a incluir a Mendoza Gaytán en sus designaciones en junio de 2025, mientras que Rivera Varela y Montero Pinzón fueron designados nuevamente en agosto de ese mismo año. En la acción del 23 de julio de 2026, las autoridades ampliaron el bloqueo a familiares, asociados, empresas y redes financieras presuntamente conectadas con distintos mandos del grupo criminal.

La medida también incluyó a Juan Carlos González, conocido como “El Pelón” y también identificado como Juan Carlos Valencia González, a quien Estados Unidos señala como actual dirigente del CJNG. El Departamento del Tesoro informó que enfrenta una acusación federal por narcotráfico en ese país.

Entre las actividades económicas de las empresas sancionadas aparecen gasolineras, producción y venta de tequila, agricultura, construcción, energía, transporte, seguridad privada, suplementos, muebles y calzado infantil. La variedad de giros muestra el enfoque de las autoridades para rastrear no solamente a operadores, sino también los negocios que presuntamente permiten guardar, mover o integrar recursos al sistema financiero.

¿Por qué Jalisco no reporta órdenes activas contra tres señalados?

Grupo REFORMA informó que la Fiscalía de Jalisco no encontró órdenes de aprehensión estatales vigentes ni investigaciones activas contra “El Sapo”, “La Firma” y “El Tarjetas”.

Blanca Trujillo, titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, explicó que revisó distintas áreas de la dependencia sin localizar casos activos en ese momento.

“En el área de órdenes de aprehensión no se cuenta con ninguna orden de aprehensión vigente. También revisé en otras áreas de la Fiscalía del Estado y nadie reporta que tenga un caso activo en este momento”, declaró.

La ausencia de una investigación estatal activa no descarta que existan expedientes federales. La funcionaria planteó que los procesos podrían encontrarse en la FGR, debido a que delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico y operaciones financieras ilícitas corresponden principalmente al fuero federal.

También aclaró que encontrar el nombre de una persona dentro de una carpeta de investigación no significa necesariamente que esa persona sea investigada o acusada formalmente.

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