México inició acciones legales por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos de ICE, prepara una denuncia federal, abrió casos estatales y pidió a la ONU revisar posibles violaciones de derechos humanos
La SRE abrió cuatro vías para investigar responsabilidades y preparar posibles acciones judiciales
El Gobierno de México inició una estrategia legal y diplomática en Estados Unidos por la muerte de 17 personas mexicanas relacionadas con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
De ese total, 14 connacionales fallecieron bajo custodia migratoria y tres durante operativos, de acuerdo con datos presentados previamente por el Gobierno federal y retomados por Associated Press y Reuters.
Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las medidas comenzaron el lunes 13 de julio e incluyen denuncias ante autoridades federales y estatales, requerimientos dirigidos a centros de detención y una solicitud de intervención al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estas acciones se encuentran en una etapa de investigación. Por ahora, no representan sentencias, indemnizaciones ni una resolución que atribuya responsabilidad penal o civil a ICE, sus agentes o las empresas que administran centros de detención.
¿Qué denuncia presentará México ante el Departamento de Justicia?
La SRE informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, prepara una denuncia que será entregada al Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio de la Embajada de México.
El comunicado no detalló qué personas, instituciones o empresas serán señaladas en ese escrito ni los posibles delitos que se pediría investigar.
Por ello, esta medida debe entenderse como una acción en preparación. La Cancillería indicó que la entrega se realizará por los canales diplomáticos correspondientes, pero no confirmó que el Departamento de Justicia ya haya recibido formalmente la denuncia.
¿Qué acciones comenzaron ante las fiscalías estatales?
El Gobierno mexicano también inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en los lugares donde ocurrieron los fallecimientos.
La Embajada de México y la red de consulados participarán en el proceso para entregar información, acompañar a las familias y solicitar que las autoridades locales investiguen cada caso.
Associated Press informó que México pidió a fiscales estatales abrir investigaciones penales sobre las muertes ocurridas dentro de centros migratorios o durante operativos de ICE.
La presentación de una denuncia no significa que una fiscalía haya aceptado los argumentos del Gobierno mexicano ni que se hayan formulado cargos. Cada autoridad deberá revisar la información y determinar si existen elementos para abrir o ampliar una investigación.
¿Qué exige México a los centros de detención?
La Cancillería comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento a centros donde han fallecido personas mexicanas.
El primer documento fue dirigido al Centro de Detención de Adelanto, California, donde, según el comunicado del Gobierno de México, murieron cuatro connacionales.
El escrito solicita que cesen acciones u omisiones que pudieron contribuir a esos fallecimientos, entre ellas posibles retrasos o impedimentos para recibir atención médica, así como políticas que México considera incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.
Este tipo de requerimiento funciona como una advertencia formal. La SRE precisó que constituye un primer paso para la eventual presentación de demandas civiles, pero no equivale todavía a una demanda presentada ante un tribunal.
¿Por qué México acudió ante la ONU?
El titular de la SRE envió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para informar sobre las muertes de personas mexicanas vinculadas con la actuación de ICE.
México solicitó que la oficina de la ONU:
- Recabe información de las autoridades estadounidenses.
- Analice los hechos frente a las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
- Emita las recomendaciones que considere pertinentes.
- Remita los casos a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
La petición no significa que Naciones Unidas haya determinado que existieron violaciones de derechos humanos. El análisis deberá realizarse con información de las autoridades, las familias y otras partes involucradas.
¿Qué puede conseguir México con estas medidas?
Las cuatro vías buscan reunir pruebas, establecer cómo ocurrieron las muertes e identificar posibles responsabilidades.
Dependiendo de los resultados, las familias y el Gobierno mexicano podrían impulsar:
- Investigaciones penales federales o estatales.
- Acciones civiles contra operadores de centros de detención.
- Solicitudes de reparación o indemnización.
- Recomendaciones internacionales.
- Cambios en protocolos médicos y de uso de la fuerza.
Cada caso deberá analizarse de manera individual, debido a que algunos fallecimientos ocurrieron dentro de centros de detención, mientras otros se registraron durante operativos realizados por agentes migratorios.
¿Qué ha respondido Estados Unidos?
En declaraciones recogidas anteriormente por Reuters, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que las personas detenidas reciben debido proceso y atención conforme a los estándares aplicables. También rechazó cuestionamientos sobre un aumento de las muertes bajo la actual administración.
Hasta el reporte oficial de la SRE, el Gobierno mexicano no informó que el Departamento de Justicia, las fiscalías estatales o los centros de detención hubieran respondido formalmente a las nuevas acciones.
La Cancillería reiteró que continuará brindando acompañamiento consular a las familias y que recurrirá a las herramientas previstas por las leyes de ambos países y el derecho internacional.
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