Una escuela privada en Mazatlán queda bajo la lupa por registros, permisos y cambios accionarios relacionados con familia señalada en red de lavado de Los Chapitos, según investigación
El caso involucra registros de marca, permisos municipales, cambios accionarios y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro en Mazatlán
MAZATLÁN, Sinaloa — El Colegio ODI, una escuela privada de preescolar y primaria ubicada en Mazatlán, aparece en una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero ligada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con El Sol de México, el plantel no fue incluido en la lista oficial de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, la investigación documentó registros de marca, permisos municipales, movimientos mercantiles y contratos que conectan al colegio con familiares de José Raúl Núñez Ríos, señalado por Washington como presunto operador financiero de Los Chapitos.
¿Qué señaló Estados Unidos sobre José Raúl Núñez Ríos?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a José Raúl Núñez Ríos y a su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, en una lista de sanciones por presuntos vínculos con una red financiera al servicio de Los Chapitos.
En esa acción fueron señaladas 10 empresas ubicadas en Mazatlán, entre ellas negocios inmobiliarios, comerciales y de servicios.
El Colegio ODI no aparece en esa lista. La relación con el caso surge de documentos localizados por la investigación periodística en bases públicas, registros de propiedad industrial, expedientes mercantiles y solicitudes de transparencia.
¿Cuál es el vínculo del Colegio ODI con el empresario señalado?
Según la investigación, José Raúl Núñez Ríos registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca Colegio ODI en abril de 2022.
En ese trámite señaló como domicilio para recibir notificaciones un inmueble ubicado en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán. De acuerdo con el reporte, en esa dirección no había una escuela, sino un local relacionado con MUE Renta y Venta de Vestidos, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos.
Ese dato es uno de los principales puntos de conexión entre el colegio y el entramado empresarial investigado.
¿Quiénes fundaron el Colegio ODI?
El Colegio ODI fue constituido como empresa el 6 de octubre de 2022, de acuerdo con documentos citados por El Sol de México.
Los fundadores fueron María Dolores Ríos Angulo y Gilberto Núñez Fernández, padres de José Raúl Núñez Ríos.
Antes de esa constitución formal, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano de Mazatlán ya había emitido un dictamen positivo de uso de suelo para el plantel. El documento fue otorgado a nombre de María Dolores Ríos Angulo y correspondía a una escuela con 3 mil 412 metros cuadrados de construcción.
También se obtuvo un dictamen vial favorable de la Comisión de Tránsito Municipal.
¿Qué llama la atención sobre los permisos?
La investigación señala que el permiso de uso de suelo y el dictamen vial fueron aprobados antes de que el Colegio ODI quedara constituido formalmente como empresa.
El plantel se presenta como una institución con 25 años de experiencia bajo la dirección del profesor Gilberto Núñez. Sin embargo, el reporte periodístico indica que en los documentos mercantiles revisados no se encontró información que relacionara al colegio con otra empresa previa o con otro nombre comercial que explicara esa antigüedad.
El medio informó que buscó a Gilberto Núñez vía telefónica para obtener su versión, pero no estuvo disponible.
¿Qué se sabe del contrato de arrendamiento?
Después de la creación de la empresa, Mayra Lorena Núñez Ríos, hija de los fundadores, fue nombrada representante legal del Colegio ODI.
- En junio de 2023, según la investigación, ella firmó un contrato de arrendamiento por las instalaciones del plantel. El pago mensual era de 50 mil pesos.
El inmueble incluía aulas, auditorio, comedor, cocina, oficinas administrativas, sala de maestros, canchas deportivas y área de juegos.
El punto señalado por el reporte es que la propietaria de las instalaciones era María Dolores Ríos Angulo, una de las fundadoras del colegio.
¿El colegio cambió de dueños?
El 21 de noviembre de 2024 los fundadores del Colegio ODI cedieron sus acciones a Orville Ricardo Gaxiola y Gilberto Fernández Ríos.
El traspaso se hizo sin costo y con renuncia a posibles ganancias, según los documentos revisados por el medio.
La investigación aclara que los nuevos dueños no aparecen relacionados con las 10 empresas sancionadas por Estados Unidos ni con las seis compañías adicionales localizadas durante el trabajo periodístico.
También precisa que, hasta ahora, no existe información oficial que los involucre en operaciones de lavado de dinero.
¿Qué otras empresas aparecen en la investigación?
El reporte ubica a integrantes de la familia Núñez en otras sociedades mercantiles creadas o modificadas en Mazatlán.
- Entre ellas aparecen Agrícola Dos Cuarenta y Siete y Ganadera 24 Siete, constituidas en junio de 2022 por María Dolores Ríos Angulo.
- También se mencionan MKT 24 Siete e IMB 24 Siete, empresas incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos y vinculadas con José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vázquez.
La investigación también identifica a Mario Ismael Nava Mojica como un nombre recurrente en varias sociedades señaladas y como representante legal del Colegio ODI desde su fundación.
¿El Colegio ODI tiene registro ante la SEP?
El Colegio ODI no aparece por su nombre en la base de datos de escuelas con registro oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
La SEP respondió, según la investigación, que ese trámite corresponde al gobierno de Sinaloa.
¿Qué ha hecho el gobierno mexicano?
La investigación señala que José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vázquez fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas en México.
Según el reporte, la Unidad de Inteligencia Financiera no hizo público ese procedimiento, pero la información fue corroborada en tribunales.
Núñez Ríos promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias y las de su esposa. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco negó la suspensión de la medida, aunque el juicio aún no concluye.
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