Absuelven a Roberto Borge de delincuencia organizada porque la FGR no probó red criminal por venta de 18 predios en Quintana Roo, pero seguirá en prisión domiciliaria por otro proceso de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con información de Agencia Reforma, el exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, fue absuelto del delito de delincuencia organizada porque la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar que encabezó una red criminal para vender 18 predios de reservas territoriales del estado y causar un presunto daño de 850 millones de pesos a las arcas públicas. El caso importa porque involucra bienes públicos ubicados en zonas de alto valor turístico.

Hasta ahora, según la información disponible, sigue sujeto a otro proceso por lavado de dinero; no se precisa si la FGR impugnará la sentencia absolutoria.

¿Por qué fue absuelto Roberto Borge del delito de delincuencia organizada?

Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016, fue absuelto porque el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, determinó que la FGR no probó su acusación central.

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La Fiscalía sostenía que el exmandatario encabezó una estructura para vender predios de reservas territoriales a precios menores a su valor real. Sin embargo, según la sentencia citada por Reforma, el Ministerio Público no logró acreditar:

• Que Borge encabezara una red criminal.
• Que existiera un vínculo probado entre los presuntos cómplices.
• Que las empresas participantes en las operaciones fueran “fachada”.
• Que la operación inmobiliaria configurara delincuencia organizada en los términos planteados por la FGR.

La sentencia absolutoria fue elaborada por escrito el 4 de junio, de acuerdo con el reporte periodístico.

¿Qué predios estaban en el centro del caso?

La acusación giraba alrededor de 18 predios de reservas territoriales ubicados en municipios de Quintana Roo con alta relevancia económica y turística.

Los bienes señalados se localizaban en:

• Cancún.
• Cozumel.
• Playa del Carmen.
• Tulum.
• Othón P. Blanco.

La FGR valuó esos predios en mil 86 millones de pesos. Sin embargo, según la acusación, el Gobierno de Quintana Roo los vendió en 236 millones de pesos.

Esa diferencia fue parte del argumento de la Fiscalía para señalar un presunto daño a las finanzas estatales por 850 millones de pesos.

¿Qué papel tenía la familia de Roberto Borge en la acusación?

Uno de los predios fue adquirido por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge, de acuerdo con la información de Reforma.

Ese dato formó parte del expediente revisado en el juicio. Sin embargo, la sentencia absolutoria indica que la FGR no consiguió probar la existencia de una organización criminal ni el vínculo penal necesario entre las personas y empresas señaladas.

Esto es relevante porque, en un juicio penal, no basta con mostrar operaciones cuestionadas o diferencias de precio. La Fiscalía debe probar con evidencia la conducta delictiva atribuida, la participación de cada persona y la estructura criminal que sostiene su acusación.

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¿Qué no pudo probar la FGR en el juicio?

El punto central de la resolución fue la falta de acreditación de la hipótesis de delincuencia organizada.

Según la sentencia, la FGR no logró demostrar que las personas señaladas actuaran como parte de una organización criminal encabezada por Borge. Tampoco acreditó que las empresas utilizadas en las compraventas fueran compañías “fachada”.

En términos prácticos, el juez no determinó que no existieran cuestionamientos sobre la venta de los terrenos. Lo que resolvió fue que la Fiscalía no probó el delito específico de delincuencia organizada bajo el estándar requerido en juicio.

Esa diferencia es importante para entender el alcance de la sentencia.

¿Roberto Borge queda libre tras esta absolución?

No necesariamente. La absolución corresponde al delito de delincuencia organizada, pero Roberto Borge aún enfrenta otro proceso por lavado de dinero.

De acuerdo con la información disponible, el exgobernador permanece privado de la libertad, aunque sujeto a prisión domiciliaria en un inmueble de un municipio del Estado de México conurbado a la Ciudad de México.

Esto significa que la sentencia no cierra todos los asuntos penales relacionados con el exmandatario. La resolución sólo elimina, por ahora, la acusación de delincuencia organizada dentro de este expediente.

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