San Pedro Garza García implementa el programa “Cascoff” contra repartidores con rostro cubierto, pero alertan que la medida podría afectar a personas que permanezcan sin consumir en plazas comerciales

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, Nuvo León.- El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentra en el centro del debate público tras la implementación del programa “Cascoff”, una iniciativa que busca prevenir delitos y reordenar la convivencia dentro de plazas comerciales y restaurantes.

El proyecto está liderado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri. De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México en abril de 2026 y un análisis de seguimiento difundido por el portal especializado Merca2.0 este 19 de junio de 2026, la estrategia combina regulaciones de identidad para repartidores con facultades para retirar a personas que permanezcan en los establecimientos sin realizar consumos, lo que ha encendido alertas entre especialistas por posibles sesgos de exclusión social.

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¿En qué consiste el programa Cascoff y cómo opera?

La estrategia diseñada por la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García se sostiene sobre dos ejes operativos principales dirigidos a los locales comerciales y las zonas de comida:

• Identificación obligatoria: El programa exige a los repartidores de aplicaciones digitales y prestadores de servicios de mensajería retirarse el casco, pasamontañas o cualquier prenda que cubra el rostro al ingresar a los negocios. La autoridad municipal señala que esta medida busca eliminar el anonimato que facilita la comisión de robos.
• Control de permanencia: La iniciativa otorga lineamientos a los comerciantes para identificar y solicitar el retiro discreto de personas que alteren el orden, incurran en conductas inapropiadas o permanezcan lapsos prolongados dentro del establecimiento sin consumir productos, un perfil denominado coloquialmente en el sector como “refriteadores”.

Actualmente, la administración local aplica estas medidas utilizando los reglamentos municipales vigentes. No obstante, el Cabildo de San Pedro trabaja en una reforma para integrar formalmente el programa al marco normativo del municipio y, en una etapa posterior, promoverlo como una ley de observancia en todo el estado de Nuevo León.

Los riesgos de subjetividad y el debate sobre los derechos humanos

A pesar de que el gobierno municipal plantea el programa “Cascoff” como una solución habitacional para garantizar la seguridad en zonas de alta afluencia económica, diversos analistas y defensores de derechos humanos advierten sobre las repercusiones sociales de su aplicación.

El principal argumento en contra radica en la ambigüedad de los términos del programa. Conceptos como “conductas inapropiadas” o determinar el tiempo máximo permitido de estancia sin consumo quedan sujetos a la interpretación de los empleados de los comercios o del personal de seguridad privada. Esta falta de criterios técnicos rigurosos abre la posibilidad de que ocurran actos de discriminación o abusos de autoridad contra grupos vulnerables, como jóvenes, adultos mayores o trabajadores informales que utilizan las plazas comerciales como áreas de descanso, resguardo del clima o convivencia.

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Contexto de seguridad y el uso de la fuerza en espacios semipúblicos

La discusión en torno al programa “Cascoff” adquiere mayor relevancia debido a incidentes recientes registrados en la zona metropolitana de Nuevo León. Casos de abuso de fuerza por parte de cuerpos de seguridad privada en municipios colindantes, como Monterrey, mantienen en alerta a la ciudadanía sobre los protocolos que se emplearán para desalojar a las personas de los inmuebles.

Especialistas en urbanismo señalan que, aunque los centros comerciales constituyen propiedades privadas, en la práctica operan como los nuevos espacios públicos de interacción comunitaria. Restringir el acceso o la permanencia condicionando el uso del espacio exclusivamente al intercambio financiero puede fragmentar el tejido social y criminalizar la libre circulación en los puntos de reunión de la localidad.