Mientras en México la Ley Olimpia castiga con hasta 6 años de cárcel la violencia digital, en Corea del Sur el 98% de los agresores por cámaras ocultas en espacios públicos goza de impunidad y libra las sanciones

COREA DEL SUR.- En la era de la conectividad, la tecnología se ha convertido en un terreno donde la intimidad y la seguridad de las mujeres se ven vulneradas de formas complejas. Dos naciones con culturas distantes, Corea del Sur y México, comparten una crisis profunda: la captura y difusión de material íntimo sin el consentimiento de las personas afectadas. Sin embargo, la manera en que las ciudadanas responden y el marco legal con el que sus gobiernos sancionan estos delitos muestran contrastes drásticos. Mientras el país asiático enfrenta una epidemia de espionaje visual a través de cámaras ocultas, el territorio mexicano consolidó reformas penales específicas para castigar el acoso cibernético.

De acuerdo con investigaciones publicadas por el medio internacional The Guardian y análisis de la organización GNET (Global Network on Extremism & Technology), la infraestructura digital ha sido utilizada para escalar y monetizar el daño contra el género femenino en Asia.

Por otro lado, reportes oficiales de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en México detallan cómo el marco jurídico local busca frenar la viralización de contenido protegido en plataformas virtuales. Conocer el funcionamiento de estas normativas y la realidad de su aplicación resulta indispensable para entender los desafíos de la justicia en el siglo XXI.

Tijuana

Advierten que violencia digital se ha convertido en una forma de intimidación hacia mujeres

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El fenómeno ‘Molka’: El terror del espionaje en Corea del Sur

La violencia digital en Corea del Sur se manifiesta principalmente a través del molka, un término local que describe la colocación de cámaras ocultas para realizar filmaciones encubiertas de cuerpos femeninos sin consentimiento. Según datos de la policía nacional de Corea del Sur, la magnitud del problema es severa: entre 2012 y 2017 se arrestó a 16,201 personas por grabaciones ilegales, donde el 98% eran hombres y el 84% de las víctimas eran mujeres. Además, entre 2015 y 2018 se reportaron más de 30,000 casos oficiales.

Las agresiones ocurren tanto en espacios públicos como privados:

• Lugares públicos: Los dispositivos se esconden en baños de metro, hoteles, cafeterías, gimnasios y bibliotecas, integrados en alarmas de incendio, secadores de pelo o enchufes.
• Ámbito privado: Parejas o conocidos utilizan aparatos con forma de llaves de coche o memorias USB, e incluso instalan programas espía (spyware) en los teléfonos de las víctimas.

El contenido obtenido se distribuye mediante canales encriptados como Telegram y Discord, o en sitios web de pornografía de nicho donde el metraje se organiza por categorías, deshumanizando a las afectadas.

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Ante la inacción institucional, la sociedad civil ha reaccionado con protestas históricas. En 2018, cerca de 22,000 mujeres se manifestaron en Seúl bajo la consigna del colectivo “Right to be Uncomfortable” (Derecho a estar Incómoda), y más de 400,000 personas firmaron una petición dirigida a la presidencia para exigir investigaciones adecuadas.

Leyes vs. Realidad: El vacío legal en el sistema surcoreano

A pesar de que el marco legal de Corea del Sur establece sanciones oficiales de hasta cinco años de prisión o multas de hasta 10 millones de wones (113,500 pesos mexicanos aproximadamente), activistas y abogadas como Wee Eun-jin, del comité de derechos de las mujeres de Lawers for a Democratic Society, señalan que la aplicación es deficiente. En la práctica, muchos agresores reciben multas modestas, existiendo casos registrados donde el perpetrador pagó solo 500,000 wones (5,650 pesos mexicanos aproximadamente)

Las fallas del sistema judicial y policial incrementan el descontento de colectivos como el movimiento 4B:

• Actitud policial: Las víctimas reportan que las autoridades suelen descartar sus preocupaciones o creer en las excusas de los denunciados.
• Criterios judiciales: Algunos jueces han decidido no actuar bajo el argumento de que las grabaciones de piernas o glúteos cubiertos “no deberían causar humillación”.
• Carga para la víctima: Las mujeres se ven obligadas a buscar los videos por cuenta propia en internet para recolectar evidencia y presentarla a la policía, lo que genera un proceso humillante.

La ‘Ley Olimpia’ en México: Un modelo enfocado en el consentimiento

A diferencia del enfoque surcoreano centrado en el espionaje físico con herramientas ocultas, la crisis en México detonó por la difusión no autorizada de imágenes y videos íntimos reales en internet. La respuesta jurídica se materializó en la denominada Ley Olimpia, la cual no es un código único, sino un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.

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Advierten que violencia digital se ha convertido en una forma de intimidación hacia mujeres

Esta normativa penaliza de forma directa dos conductas delictivas virtuales:

Violencia Digital

Involucra actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o vulneración de datos privados, así como la difusión, distribución o comercialización de fotos, videos o audios de contenido sexual sin la autorización de la persona implicada. La ley incluye el material compartido en redes sociales, servicios de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook), correo electrónico o plataformas que usen Inteligencia Artificial para manipular imágenes.

Ciberacoso

Se define como la acción constante de hostigar, amenazar o humillar a un ciudadano en el espacio cibernético, atentando contra su integridad psicológica o emocional.

A nivel federal, el Código Penal establece penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Los castigos pueden incrementarse hasta en una mitad si el delito es cometido por el cónyuge, concubinario o personas con un vínculo sentimental, laboral o educativo con la víctima. Además, obliga a los administradores de páginas web a dar de baja el contenido de forma inmediata una vez iniciada la acción legal.

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Cuadro comparativo: Respuestas ante el acoso cibernético

¿Cómo actuar ante la violencia digital en México?

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la SEGOB recomiendan seguir un protocolo específico para asegurar que las denuncias por violencia digital avancen de forma correcta ante el Ministerio Público:

1. Resguardo de evidencia: No elimines los mensajes, correos o imágenes. Realiza capturas de pantalla completas donde se observe el nombre del perfil del agresor, el número de teléfono o la dirección URL de la página web.
2. Identificación del agresor: Registra cualquier dato que facilite a las autoridades la localización del responsable (cuentas vinculadas o nombres).
3. Presentación de la denuncia: Acude a la Fiscalía Especializada en Delitos de Género de tu localidad o solicita el apoyo técnico de la Policía Cibernética del estado.
4. Remoción del contenido: Con la denuncia en curso, las autoridades judiciales ordenarán a las plataformas digitales el bloqueo o retiro inmediato del material íntimo compartido sin consentimiento.

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El análisis de ambas realidades demuestra que la seguridad de las mujeres en el entorno digital requiere más que la existencia de leyes escritas; demanda una aplicación estricta, con perspectiva de género y libre de sesgos institucionales.

Mientras las ciudadanas en Corea del Sur continúan desafiando a un sistema judicial laxo mediante la resistencia civil y el activismo radical, el modelo de la Ley Olimpia en México recuerda la importancia de colocar el consentimiento en el centro del debate legal y tecnológico. Al final, el combate a la violencia digital en cualquier parte del mundo depende de la capacidad de los Estados para evolucionar al mismo ritmo que la tecnología, garantizando que el espacio virtual sea un lugar seguro y con verdadera procuración de justicia para todas.