30 años después aún se viven efectos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari: en 2026 el país enfrenta la privatización de mil 500 ejidos, el acaparamiento de títulos de agua y la operación de mafias agrarias que transformaron tierras sociales en mercancías para especulación inmobiliaria
La Procuraduría Agraria advierte que cientos de ejidos se transformaron en negocios inmobiliarios, industriales y turísticos, impulsados por un mercado de agua privatizado y operaciones irregulares, incluso con participación de ex gobernadores

Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades que durante décadas sostuvieron actividades agrícolas dejaron ese uso predominante para convertirse en terrenos destinados a parques industriales, complejos habitacionales y proyectos turísticos, informó la Procuraduría Agraria. La transformación, según la dependencia, se dio en territorios que también concentran importantes concesiones de agua, las cuales fueron trasladadas a inversionistas privados.
Concesiones de agua y tierras en manos privadas

El titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, explicó que la mayoría de estos territorios cuentan con títulos de concesión que migraron a manos particulares tras las reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En entrevista posterior al ciclo de conferencias Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias, el funcionario detalló que la mayor parte de estos ejidos se ubican en los cinturones metropolitanos, áreas en expansión urbana, zonas turísticas y costas del país, donde la especulación inmobiliaria y la instalación de corredores industriales han aumentado de manera notable.
“Procesos fuera de la ley” y presencia de “mafias agrarias”

Suárez advirtió que gran parte de las operaciones de renta o compraventa de tierras se han realizado de forma irregular. Según dijo, muchas se llevan a cabo mediante procesos “fuera de la ley”, con la participación de “mafias agrarias”.
El origen de ese fenómeno, sostuvo, se encuentra en la legislación impulsada en los años noventa, que permitió la creación de un “mercado de agua”, cuyo propósito fue convertir recursos nacionales y sociales en mercancías sujetas a acaparamiento.
El caso Nayarit: 960 hectáreas de alto valor recuperadas
El funcionario también expuso el caso de 960 hectáreas en la costa de Nayarit, valuadas en 50 mil millones de pesos, equivalentes a más de 530 lotes inmobiliarios.
De acuerdo con Suárez, esas tierras fueron apropiadas por los ex gobernadores Ney González y Roberto Sandoval, pero ya fueron recuperadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La tierra social, vista como “botín” en el periodo neoliberal
Suárez recordó que durante el periodo neoliberal la propiedad social de la tierra fue tratada como un “botín”. Aunque México cuenta con más de 32 mil 500 ejidos y comunidades, que concentran 75 por ciento de los recursos naturales estratégicos del país, menos del 8 por ciento de ellos están actualmente en manos de privados.
El llamado del titular de la Procuraduría Agraria se centra en detener el avance del mercado inmobiliario y la apropiación irregular de tierras que históricamente sostuvieron economías rurales y resguardaron recursos estratégicos como el agua.
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