Familias indígenas fueron detenidas durante un operativo por disputa de tierras en San Luis Potosí y denuncian que no tuvieron acceso a intérpretes ni contacto con sus familiares durante horas

Un operativo por disputa de tierras en Tampamolón Corona, San Luis Potosí, terminó con la detención de varias familias indígenas que, según denuncias, fueron sometidas a condiciones irregulares durante su resguardo, sin acceso a intérpretes de lenguas originarias ni comunicación con sus familiares durante varias horas.

El diputado José Roberto García Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado y secretario de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, informó que se está brindando acompañamiento jurídico y atención institucional a las familias afectadas y que se dará seguimiento puntual al caso para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

El legislador, quien representa una región con importante presencia de pueblos originarios, señaló que los pueblos indígenas tienen derechos que deben ser respetados en todo momento y advirtió que no permitirá que las comunidades enfrenten solas esta situación.

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“No vamos a permitir que nuestros hermanos y hermanas enfrenten solos una situación de esta naturaleza. Estamos acompañándolos para que se garantice el debido proceso y el respeto irrestricto a sus derechos humanos“, afirmó.

¿Qué ocurrió durante el operativo y qué denuncian las familias afectadas?

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona y material videográfico difundido en redes, durante el operativo realizado el día de ayer se habría registrado un uso excesivo de la fuerza contra familias que aseguran haber habitado esos terrenos durante varios años.

Las denuncias señalan presuntas irregularidades en las detenciones, entre ellas la ausencia de intérpretes para personas hablantes de lenguas originarias, periodos de incomunicación con sus familiares y condiciones inadecuadas durante su resguardo.

Estas violaciones al debido proceso son especialmente graves en casos que involucran a comunidades indígenas, ya que la ley establece que toda persona detenida tiene derecho a ser asistida por un intérprete si no habla español, y que las autoridades deben garantizar la comunicación inmediata con sus familiares.

¿Qué acciones se están tomando para garantizar la defensa de las personas detenidas?

El diputado García Castillo informó que gracias a las gestiones realizadas, las personas detenidas ya cuentan con asesoría jurídica y acompañamiento de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, instancia que dará seguimiento al caso para verificar que las actuaciones de las autoridades se desarrollen con estricto apego a la ley.

“Exigimos acceso pleno a la justicia, comunicación con las familias, atención médica para quienes lo requieran y que todas las actuaciones se conduzcan dentro del marco legal y con absoluto respeto a la dignidad de las personas“, subrayó el legislador.

El acompañamiento incluye verificar que se respeten los derechos procesales de las personas detenidas, que se garantice su seguridad física y que no se cometan más violaciones a sus garantías constitucionales durante el proceso judicial.

¿Cuál es el origen del conflicto por las tierras?

Si bien el diputado no precisó los detalles específicos del conflicto, señaló que las familias indígenas detenidas aseguran haber habitado esos terrenos durante varios años, lo que implica un reclamo de posesión histórica sobre las tierras en disputa.

Los conflictos agrarios en zonas con presencia de pueblos originarios son frecuentes en diversas regiones del país y suelen derivarse de superposición de títulos de propiedad, despojos históricos, falta de reconocimiento de derechos territoriales ancestrales o disputas entre comunidades y actores privados o gubernamentales.

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En muchos casos, estas disputas se prolongan durante años o décadas sin una resolución clara, y las comunidades indígenas enfrentan desventajas estructurales en el acceso a la justicia, especialmente cuando no cuentan con asesoría legal adecuada o cuando las autoridades no respetan sus derechos durante los procedimientos.

¿Hay otros casos similares que se estén atendiendo en la región?

Sí. El diputado García Castillo informó que de manera paralela también se brinda acompañamiento a una mujer indígena de la zona Xi’ui, originaria del municipio de Santa Catarina, quien presuntamente enfrenta una situación de injusticia y cuyo caso ya está siendo atendido por las instancias correspondientes.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre este segundo caso, el legislador reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la región y aseguró que continuará vigilante del desarrollo de ambos asuntos.

¿Qué dicen las leyes sobre los derechos de los pueblos indígenas en casos como este?

La Constitución Política de México y diversos tratados internacionales reconocen derechos específicos para los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos:

• El derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura durante cualquier proceso judicial
• El derecho a la comunicación inmediata con sus familiares en caso de detención
• El respeto a sus sistemas normativos internos en la resolución de conflictos
• El reconocimiento de sus derechos territoriales y formas de propiedad colectiva
• La consulta previa, libre e informada en asuntos que afecten sus tierras y recursos

Cuando las autoridades no respetan estos derechos durante un operativo o proceso judicial, se configura una violación a derechos humanos que puede derivar en responsabilidades administrativas, penales o incluso en la anulación de las actuaciones realizadas de forma irregular.

¿Qué sigue ahora para las familias detenidas?

Las personas detenidas enfrentan un proceso judicial derivado de la disputa por las tierras, pero ahora con el acompañamiento de instancias especializadas que vigilarán que se respeten sus derechos durante todo el procedimiento.

El diputado García Castillo reiteró que mantendrá un seguimiento puntual del caso y que desde el Congreso del Estado se continuará impulsando la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en San Luis Potosí.

El desarrollo del caso será clave no solo para las familias directamente afectadas, sino también para sentar un precedente sobre cómo las autoridades deben actuar en conflictos agrarios que involucran a pueblos originarios, garantizando siempre el debido proceso y el respeto a la dignidad de las personas.

De acuerdo con información del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de San Luis Potosí y el medio La Jornada, las personas detenidas ya cuentan con asesoría jurídica y acompañamiento de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.