Presuntos capos del CDN y Los Zetas extraditados por Sheinbaum exigen a la SRE ser repatriados a México
El litigante defensor confirmó que la solicitud de protección diplomática y asistencia consular ampara a un bloque de delincuentes que operaban en las regiones más violentas del noreste del país.

Un grupo de 13 presuntos narcotraficantes de alto perfil, de los 92 que fueron entregados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las autoridades de Estados Unidos entre 2025 y 2026, iniciaron gestiones legales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Representados por el abogado Marco Antonio Avilés Huerta, los reos federales solicitaron asistencia consular formal con el objetivo de ser repatriados a territorio mexicano y enfrentar aquí sus procesos penales pendientes, apelando a la jurisdicción nacional. La lista de solicitantes incluye a exmandos de Los Zetas y del Cártel del Noreste (CDN).
El Perfil de los Solicitantes: El Ala Dura de la Disidencia Criminal
El litigante defensor confirmó que la solicitud de protección diplomática y asistencia consular ampara a un bloque de delincuentes que operaban en las regiones más violentas del noreste del país. Entre las identidades reveladas destacan mandos históricos y operadores territoriales:
| Nombre del Procesado | Alias | Organización Criminal | Perfil Operativo / Origen |
|---|---|---|---|
| Jesús Alberto Galaviz Vega | “El Z-13” | Los Zetas | Mando de la vieja escuela de la organización. |
| Juan Pedro Saldívar Farías | “El Z-27” | Los Zetas | Operador clave en Tamaulipas y la frontera sur de Texas. |
| Miguel Ángel Rodríguez Díaz | “El Alfa Metro” | Los Zetas | Estructura táctica y de sicariato de la organización. |
| Ramiro Pérez Moreno | “El Rama” | Los Zetas | Coordinador de células delictivas en el norte del país. |
| Ricardo González Sauceda | “El Ricky” | Cártel del Noreste (CDN) | Estructura financiera y de tráfico del grupo criminal. |
| Carlos Alberto Monsivais Treviño | “La Bola” | Cártel del Noreste (CDN) | Familiar directo de la cúpula de los Treviño; operador en Nuevo Laredo. |
Nota: La defensa técnica promovió el mismo recurso para otros siete presuntos narcotraficantes trasladados bajo el mismo esquema bilateral, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por estrategia jurídica.
Contexto: La Estrategia de Entrega Masiva (2025-2026)
Esta ofensiva jurídica de los reos es una respuesta directa al vaciamiento de penales federales de máxima seguridad ejecutado por el Gabinete de Seguridad mexicano durante los últimos 18 meses. En total, 92 objetivos prioritarios fueron puestos a disposición de las cortes federales de Texas, Columbia y Nueva York.
Este grupo de extradiciones y traslados masivos incluyó los casos de Miguel Ángel Treviño Morales (“El Z-40”) y Omar Treviño Morales (“El Z-42”), antiguos líderes absolutos de Los Zetas, cuyas entregas habían permanecido congeladas durante años por amparos en los juzgados mexicanos y que finalmente fueron procesadas en el periodo referido.

Argumentación Jurídica: Juzgar en Territorio Nacional
El abogado Avilés Huerta puntualizó ante los medios que la petición formal depositada en las ventanillas de la Cancillería mexicana no busca controvertir o anular las decisiones operativas tomadas en su momento por las fuerzas armadas o la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las detenciones o los traslados.
- La Estrategia de la Defensa: El recurso se fundamenta en que los acusados tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana por delitos cometidos dentro de las fronteras del país. El plan legal busca que el Estado mexicano reclame su derecho de soberanía jurisdiccional para procesar e internar a los delincuentes en cárceles locales, argumentando que las conductas atribuidas corresponden prioritariamente al fuero mexicano.
La defensa advirtió que este trámite ante la SRE es el primer paso de una ruta legal de largo aliento. De recibir una negativa institucional o el silencio administrativo de la dependencia federal, los litigantes adelantaron que recurrirán a juicios de amparo ante la judicatura federal y a la interposición de quejas ante organismos internacionales de derechos humanos para forzar la intervención de los consulados en los centros penitenciarios de la Unión Americana.
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