Empresarios denuncian licitaciones “a modo” que habrían favorecido a Serprosep y empresas ligadas a Raúl Rocha Cantú y Julio Abdalá con contratos públicos por casi 8 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresarios del sector de seguridad privada acusan que Serprosep S.A. de C.V. y varias empresas relacionadas han concentrado contratos públicos por casi 8 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, mediante licitaciones que, según denuncian, habrían incluido requisitos técnicos sin fundamento legal y condiciones que dejaron fuera a otros competidores.

La información se basa en una investigación publicada por EL UNIVERSAL, así como en datos retomados de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre el domicilio ubicado en Séneca 350, en Polanco, vinculado a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

De acuerdo con los señalamientos, Serprosep y sus empresas aliadas han obtenido contratos con al menos nueve entes públicos desde 2024. Los denunciantes sostienen que el grupo empresarial habría construido una posición dominante en el sector de seguridad privada, beneficiado por licitaciones diseñadas con certificaciones que solo una empresa emitiría en México.

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¿Qué se acusa en el caso de Serprosep?

La acusación central es que Serprosep y firmas filiales o aliadas habrían sido favorecidas en licitaciones públicas mediante requisitos técnicos que, según empresarios del ramo, no están contemplados en la ley mexicana.

Los denunciantes afirman que esas bases de licitación exigieron certificaciones y estándares internacionales que no tendrían fundamento legal en México, debido a que no existiría una autoridad nacional que pueda validar ese tipo de certificaciones como requisito obligatorio para contratar servicios de seguridad privada.

Según empresarios consultados por EL UNIVERSAL, alrededor de 15 compañías del sector habrían quedado descartadas al no cumplir con esos requisitos.

Entre las empresas señaladas como beneficiarias o relacionadas con los contratos se mencionan:

• Serprosep S.A. de C.V.
• Armour King S.A. de C.V.
• Grupo Protector 53
• Serprocorp
• Servicios Industriales e Institucionales
• Sepiver

Los empresarios que denunciaron el caso pidieron el anonimato por temor a represalias.

¿A cuánto ascienden los contratos señalados?

De acuerdo con la información presentada, el monto global de los contratos adjudicados a Serprosep y empresas relacionadas asciende a 7 mil 940 millones 323 mil 492.93 pesos.

Los contratos señalados corresponden a adjudicaciones de 2025 y 2026. Tres serían de 2025 y el resto de 2026, según la investigación.

Entre los contratos mencionados destacan:

• IMSS-Bienestar: 4 mil 920 millones 85 mil 440 pesos.
• ISSSTE: mil 424 millones 660 mil 490 pesos.
• Instituto Nacional de Migración: 427 millones 977 mil 228.36 pesos.
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: 135 millones 38 mil 750 pesos.
• Secretaría de Salud: 127 millones 258 mil 196 pesos.

El contrato más grande corresponde a la licitación LA-56-AYO-056AY-O955-N-45-2026, del IMSS-Bienestar, adjudicada a Serprosep, Serprocorp, Armour King, Sepiver y Servicios Industriales e Institucionales.

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¿Qué dependencias habrían contratado a Serprosep o sus aliadas?

La investigación señala que las licitaciones en favor de Serprosep y empresas relacionadas provienen de al menos nueve instituciones y dependencias públicas.

Entre ellas se encuentran:

• ISSSTE
• Instituto Politécnico Nacional
• Instituto Nacional de Migración
• Instituto Nacional de Bellas Artes
• Profeco
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
• IMSS-Bienestar
• Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

La acusación no solo apunta a los montos, sino al diseño de las bases de contratación. Los empresarios sostienen que las licitaciones habrían pedido certificaciones específicas que redujeron la competencia.

¿Por qué se habla de licitaciones “a modo”?

Los empresarios denunciantes acusan que las licitaciones fueron diseñadas con requisitos que solo podían cumplir Serprosep y sus empresas aliadas.

Según las denuncias, las bases exigieron estándares de competencia, certificados ISO y acreditaciones que no estarían reconocidas como requisito legal en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni en la Ley Federal de Seguridad Privada.

También señalan que las recomendaciones emitidas el 11 de julio de 2024 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para contratar servicios de seguridad y vigilancia no reconocen los “estándares de competencia” como requisito legal para acreditar la capacitación de trabajadores.

Aun así, las dependencias señaladas habrían incluido ese tipo de certificaciones en sus procesos.

“Es un monopolio que sólo una empresa en el país realice este tipo de certificaciones, que paradójicamente sólo se están otorgando a Serprosep y las empresas aliadas o filiales de la misma, además de que estas certificaciones no están contempladas en la ley”, expusieron los denunciantes.

¿Qué papel juega la empresa certificadora mencionada?

Los empresarios señalan a International Qualiti Solution Register como la única certificadora que emitiría en México los documentos solicitados en las licitaciones cuestionadas.

De acuerdo con la información presentada, esa empresa emite certificaciones como:

• ISO 55001:2014, en Gestión de Activos y Sistemas de Gestión.
• ISO/IEC 17024:2012, para Certificación de Personas.

El señalamiento es que, al exigir certificados que solo una empresa puede otorgar, las licitaciones habrían limitado la participación de otras compañías de seguridad privada.

Por esa razón, una de las denuncias fue presentada ante la Comisión Nacional Antimonopolio, por posible práctica monopólica y falta de condiciones equitativas para competir en contrataciones públicas.

¿Cuál es el vínculo con Julio Abdalá y Raúl Rocha Cantú?

Serprosep aparece vinculada a un domicilio ubicado en Séneca 350, Polanco, de acuerdo con su página oficial y registros ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ese domicilio también fue señalado en una investigación de MCCI como un inmueble relacionado con Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett.

MCCI reportó que un domicilio en Séneca 350 habría sido usado por empresas y operadores relacionados con una red atribuida a Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, señalado en investigaciones por presuntos vínculos con huachicol fiscal y tráfico de armas.

Los empresarios denunciantes afirmaron:

“Dicho domicilio tiene vinculación con personas físicas y morales ligadas a Raúl Rocha —empresario ligado a Miss Universo—, donde se presume como beneficiarias a empresas ganadoras de contratos de seguridad encabezadas por Sandalio Sainz de la Maza, representante de Serprosep, así como Jorge Alberts, socio de Raúl Rocha Cantú, y Juan José Reyes Mote”.

Hasta ahora, estos señalamientos deben leerse como acusaciones y hallazgos periodísticos, no como una sentencia judicial.

¿Qué denuncias han presentado los empresarios?

Los empresarios indicaron que ya existe una decena de denuncias ante distintas instancias. Sin embargo, aseguraron que no han recibido respuesta.

Las denuncias habrían sido presentadas ante:

• Comisión Nacional Antimonopolio
• Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados
• Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
• Órganos internos de control de las dependencias señaladas

Los señalamientos incluyen posibles faltas administrativas graves por la imposición de requisitos técnicos sin fundamento legal.

También se mencionan posibles actos de corrupción, colusión, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho y peculado.

¿Cuáles son las licitaciones más relevantes del caso?

Uno de los procesos más relevantes es el del IMSS-Bienestar, identificado como LA-56-AYO-056AY-O955-N-45-2026, por un monto de 4 mil 920 millones 85 mil 440 pesos.

También destaca la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-2-2025, del ISSSTE, por mil 424 millones 660 mil 490 pesos. En ese caso, las ganadoras fueron Serprosep y Armour King, bajo el argumento de que fueron las únicas empresas que cumplieron con las certificaciones solicitadas.

Otra licitación mencionada es la LA-09-712-009000987-N-5-2026, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 135 millones 38 mil 750 pesos, adjudicada a Serprosep y Serprocorp.

En la Secretaría de Salud, la licitación LA-12-512-012000991-N-7-2025 fue otorgada a Serprosep por 127 millones 258 mil 196 pesos para vigilancia intramuros de unidades administrativas durante nueve meses.

En el caso del Instituto Nacional de Migración, la licitación LA-04-K00-004K00001-N-2-2026 fue adjudicada por 427 millones 977 mil 228.36 pesos a Armour King.

¿Por qué se menciona al Instituto Nacional de Migración?

El Instituto Nacional de Migración aparece en la investigación por una licitación reciente adjudicada a Armour King. Pero también se recuerda un antecedente relacionado con contratos de seguridad privada durante la gestión de Francisco Garduño.

Entre 2021 y 2023, el INM fue señalado por otorgar contratos por más de 500 millones de pesos a dos empresas de seguridad privada para custodiar 25 estaciones migratorias del país, sin licitaciones de por medio.

Las empresas contratadas entonces fueron:

• Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V.
• Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V.

CAMSA era la empresa encargada de custodiar la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde el 27 de marzo de 2023 se registró un incendio que dejó 40 personas migrantes fallecidas.

Ese antecedente es relevante porque muestra que la contratación de seguridad privada en instituciones públicas ya había sido observada por posibles fallas, adjudicaciones cuestionadas y riesgos operativos.

¿Qué falta por aclarar?

El caso aún requiere respuestas oficiales de las dependencias señaladas y de las autoridades ante las que se presentaron denuncias.

También falta conocer si la Comisión Nacional Antimonopolio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o los órganos internos de control abrirán investigaciones formales sobre los contratos mencionados.

Por ahora, el caso se sostiene en investigaciones periodísticas, documentos de licitación, registros empresariales y denuncias de empresarios del sector. La parte central del señalamiento es clara: se acusa que un grupo de empresas habría concentrado contratos públicos de seguridad mediante condiciones técnicas que limitaron la competencia.

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