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¿Limpieza social para el Mundial? La Red Jesuita alerta sobre redadas masivas y el despliegue del Ejército en operativos de detención migratoria en colonias clave de la CDMX y el Estado de México

En estas acciones participa personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

¿Limpieza social para el Mundial? La Red Jesuita alerta sobre redadas masivas y el despliegue del Ejército en operativos de detención migratoria en colonias clave de la CDMX y el Estado de México

La Red Jesuita con Migrantes lanzó una alerta urgente ante el despliegue de operativos “profundamente militarizados” en diversas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Según la organización, estas acciones de detención migratoria, encabezadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), forman parte de una estrategia de “control social” que utiliza como pretexto la preparación de la capital para el Mundial de Futbol 2026.

Bajo un discurso de “orden y limpieza” del espacio público, las autoridades han iniciado una serie de redadas que, de acuerdo con los activistas, criminalizan a poblaciones vulnerables y violan flagrantemente los derechos humanos y los marcos legales de hospitalidad de la capital.

Operativos en colonias clave: De Polanco a Ciudad Nezahualcóyotl

Los operativos no han sido aislados. Se han reportado despliegues sistemáticos en colonias de alta afluencia y zonas residenciales, incluyendo:

  • Guerrero y Doctores
  • Polanco y Patriotismo
  • Ciudad Nezahualcóyotl

En estas acciones participa personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). La Red Jesuita calificó esta participación castrense como “desproporcionada e incompatible” con las tareas civiles de control migratorio, señalando un grave retroceso en la protección de los derechos de quienes buscan refugio en el país.

Denuncian allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias

La organización documentó casos críticos donde las fuerzas de seguridad irrumpieron en domicilios privados sin órdenes judiciales. En la colonia Doctores, elementos de la Marina y la Guardia Nacional detuvieron a jóvenes venezolanos dentro de su vivienda para trasladarlos a la estación migratoria “Las Agujas” y, posteriormente, enviarlos a Tapachula, Chiapas.

Un segundo evento, captado en video por el medio Conexión Migrante, muestra a al menos 15 agentes del INM ingresando a un inmueble en la colonia Guerrero para realizar detenciones sin sustento legal. Estas prácticas han sido calificadas como allanamientos ilegales que invalidan cualquier procedimiento administrativo y generan responsabilidad jurídica para las autoridades involucradas.

El colapso de COMAR e INM: Un “limbo jurídico” provocado

La Red Jesuita enfatizó que la situación irregular de miles de personas es consecuencia directa del colapso institucional. Tras el retiro del apoyo de la ACNUR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) perdió más del 60% de su presupuesto, dejando a más de 80,000 solicitantes de asilo en un pre-registro que puede durar hasta 10 meses.

Por otro lado, se acusa al INM de dejar de expedir documentos migratorios y permisos de trabajo de manera sistemática. “Detener a quienes esperan meses en una cola institucional no es control migratorio: es la criminalización de quienes el propio Estado mantiene en un limbo jurídico”, sentenció la organización.

Operativo “Estadio Seguro” de la SSC. | Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Exigencias: Alto a la militarización y respeto a la ley

Ante este panorama, la Red Jesuita con Migrantes y diversas organizaciones civiles exigen al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades federales:

  1. Cese inmediato de los operativos de detención en la CDMX y zona metropolitana.
  2. Retiro de las Fuerzas Armadas de cualquier tarea de control migratorio.
  3. Liberación de los detenidos y revisión de sus casos conforme al debido proceso, especialmente de aquellos que ya cuentan con calidad de refugiados.
  4. Cumplimiento de la Ley de Interculturalidad, que obliga a la capital a garantizar la hospitalidad y la inclusión independientemente del estatus migratorio.

La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para no permitir que eventos deportivos de gran escala, como la Copa del Mundo, sirvan como legitimación para prácticas de hostigamiento, exclusión y expulsión de personas con necesidades de protección internacional.

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