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Con 90 mil empleos en riesgo y el sector operando al 55% de su capacidad, Sheinbaum firmó el acuerdo más importante en décadas para la industria del acero: el gobierno solo comprará metal mexicano en todas sus obras públicas del sexenio

El 29 de abril, Sheinbaum suscribió el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana con 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales. En 2026, el gobierno requerirá 200,000 toneladas de acero. En todo el sexenio, más de un millón

Con 90 mil empleos en riesgo y el sector operando al 55% de su capacidad, Sheinbaum firmó el acuerdo más importante en décadas para la industria del acero: el gobierno solo comprará metal mexicano en todas sus obras públicas del sexenio

El 29 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Palacio Nacional el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, el compromiso más amplio que el gobierno federal haya suscrito con ese sector en décadas.

Según reportó Expansión con base en información oficial, el acuerdo fue suscrito por 19 instituciones públicas entre las que se encuentran la Secretaría de Hacienda, Energía, Pemex, CFE, Conagua, Infonavit y el ISSSTE, junto con tres cámaras empresariales del sector.

La regla central es simple: “Este es un acuerdo para que lo que se produzca en México se compre por el Gobierno, que no importemos productos que se fabrican en México”, sintetizó Sheinbaum.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo planteó en términos estratégicos: el objetivo es respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica para que México “importe menos y produzca más”.

¿Cuánto acero va a comprar el gobierno y en qué obras?

Las cifras dimensionan el peso de la decisión.

Solo en 2026, el gobierno requerirá alrededor de 150,000 toneladas de acero de refuerzo y 50,000 toneladas de acero estructural para proyectos de carreteras, puentes, escuelas y centros deportivos. A lo largo del sexenio, la cifra escala a más de un millón de toneladas únicamente para la construcción de trenes de pasajeros.

Ese volumen convierte al gasto público en un ancla de demanda para el sector, cuya supervivencia en el mercado interno depende ahora en parte importante de lo que el propio gobierno decida comprar.

¿Por qué el sector llegó a este punto de crisis?

La industria siderúrgica mexicana enfrentó el año pasado lo que sus propios líderes describieron como su peor momento en dos décadas.

Canacero calificó el convenio como un paso para dar “certidumbre a inversiones” y señaló que el acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos, dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8,000 millones de dólares y fortalecer la competitividad del sector.

El deterioro fue resultado de dos presiones simultáneas. Por un lado, las importaciones de acero chino, que llegaron de forma directa e indirecta a través de manufacturas. China concentra el 53% de la producción mundial de acero con 961 millones de toneladas, y en México las importaciones equivalentes de acero incorporado en autos, maquinaria y electrodomésticos superaron los 11.1 millones de toneladas en 2024.

Por el otro lado, el cierre del mercado estadounidense. La reactivación de la Sección 232 en 2025 con un arancel de hasta 50% al acero mexicano revirtió la excepción que México había gozado durante años y provocó que las exportaciones al vecino del norte cayeran más de 50%.

El resultado fue brutal: la producción de acero terminado cayó 8.1% en 2025 a 16.8 millones de toneladas, mientras el consumo interno se redujo 10.1%. El sector operaba al 55% de su capacidad instalada, un nivel que el propio presidente de Canacero calificó como "crítico“.

¿Cómo responde este acuerdo a esa crisis?

El acuerdo se estructura en tres ejes, según explicó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

El primero es compras públicas: coordinación entre dependencias, encuentros de negocio entre compradores del gobierno y empresas siderúrgicas, e incentivos para favorecer contenido nacional en todas las adquisiciones.

El segundo es política industrial: defensa frente a prácticas desleales de comercio, refuerzo de verificaciones a importadores y estrategia de sustitución de importaciones.

El tercero es financiamiento: incentivos para que los grandes proyectos de infraestructura integren más acero nacional, con apoyo de la banca de desarrollo.

“Pusimos aranceles al acero que proviene de países que no tienen acuerdo comercial con México, eso limita la importación de acero”, explicó Sheinbaum, señalando que China y Corea serían los países más afectados por la medida.

¿Qué se compromete la industria a cambio?

El acuerdo no es unilateral. Las empresas siderúrgicas asumieron compromisos concretos: garantizar calidad en sus productos, abasto suficiente, entregas oportunas y precios competitivos frente al acero importado.

Ese último punto es el más delicado. El acero sigue siendo un insumo altamente sensible al precio. El acero estructural se ubicaba alrededor de 2,653 dólares por tonelada en julio de 2025, y la varilla entre 15,244 y 16,132 pesos por tonelada dependiendo del volumen. Si el acero nacional no puede competir en precio con el importado, el acuerdo enfrentará presiones desde adentro.

Un industrial del sector que pidió anonimato lo planteó con claridad: “Habrá que ver temas de calidad, precio y entregas en un mercado donde el acero importado, especialmente de Asia, ha ganado participación en los últimos años.”

¿Por qué el acero y por qué ahora?

Este acuerdo no llega solo. Es el más reciente de una estrategia que el gobierno ha desplegado por etapas para contener el avance de productos chinos en diferentes industrias.

Primero fueron el calzado y el textil, con aranceles y medidas de protección. Luego el sector automotriz, donde las marcas chinas capturaron cerca de una quinta parte del mercado en cinco años, lo que derivó en aranceles de hasta 50%. Ahora el acero.

México consume cerca de 28 millones de toneladas de acero al año pero produce alrededor de la mitad, lo que ha ampliado la dependencia de importaciones, particularmente de Asia. El acuerdo busca reducir esa brecha usando el poder de compra del Estado como palanca.

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