Profepa clausura obras ilegales y asegura maquinaria en Área Natural Protegida de Valle de Bravo

Valle de Bravo. — El pasado 23 de enero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de un predio en la localidad de Mesas de San Martín, municipio de Villa de Allende, dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Valle de Bravo. La medida se tomó tras constatar la construcción de una barda perimetral de mampostería sin autorización en materia de impacto ambiental, acción que pone en riesgo los ecosistemas y servicios ambientales de la zona.

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Durante la inspección, realizada el 22 de enero, se verificó que la persona responsable no presentó la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante ello, la Profepa procedió también al aseguramiento precautorio de una máquina excavadora utilizada en las obras.

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Riesgo ambiental y marco legal

La clausura se fundamenta en el artículo 28, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece que cualquier obra pública o privada con potencial de generar desequilibrios ecológicos debe someterse previamente a una Evaluación de Impacto Ambiental.

La construcción ilegal detectada representa un riesgo para la conservación de suelos, bosques y recursos hídricos, funciones esenciales de esta zona de alto valor ambiental. Por ello, la Profepa reiteró que dará seguimiento al procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones y medidas de compensación.

Importancia de las Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas cumplen un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. En el caso de Valle de Bravo, estas zonas permiten la captación de agua, la protección de suelos, la regulación del clima y la conservación de especies de flora y fauna.

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Además, contribuyen directamente al bienestar de las comunidades al garantizar servicios ambientales esenciales y el derecho constitucional de la población a un medio ambiente sano. La Profepa subrayó que continuará realizando visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de la clausura y proteger los ecosistemas de la región.