Secretaría Anticorrupción investiga a Broxel, empresa que entregó monederos electrónicos a 254 diputados de Morena, ante presuntos pagos irregulares y adeudos millonarios con 39 dependencias federales
La Secretaría Anticorrupción detectó pagos en exceso por 29.4 millones de pesos pendientes de devolución a 39 instituciones federales y recomendó no autorizar un crédito de 4 mil 200 millones de pesos solicitado por la compañía a Bancomext.
CIUDAD DE MÉXICO.- Servicios Broxel, la empresa vinculada con la entrega de monederos electrónicos a diputados federales de Morena, enfrenta investigaciones administrativas por presuntas irregularidades en contratos gubernamentales, pagos en exceso y un posible conflicto de interés relacionado con un funcionario de la Secretaría de Hacienda.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que estas circunstancias podrían derivar en sanciones contra la compañía e impedirle obtener nuevos contratos públicos, aunque todavía no existe una resolución definitiva.
De acuerdo con el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre, cuyo contenido fue documentado por Infobae y otros medios, la autoridad identificó 29.4 millones de pesos pendientes de reintegro a 39 dependencias y entidades federales. También señaló vínculos familiares entre el representante legal de Broxel y un funcionario de Hacienda que anteriormente ocupó un cargo directivo en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
El caso adquirió relevancia después de que EL UNIVERSAL reveló, el 3 de noviembre, la distribución de tarjetas Broxel entre integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. La compañía también mantiene contratos para proporcionar prestaciones mediante monederos electrónicos a trabajadores del Poder Legislativo.
La investigación sobre los contratos federales y la entrega de tarjetas a legisladores son asuntos distintos. Hasta ahora, no se ha acreditado que los monederos repartidos a los diputados formen parte de las operaciones investigadas por Anticorrupción.
¿Por qué investigan a Broxel y qué irregularidades encontró Anticorrupción?
Las investigaciones se concentran en contratos para suministrar vales electrónicos de despensa a instituciones del gobierno federal durante 2025.
Broxel obtuvo adjudicaciones derivadas de una licitación consolidada organizada por la Secretaría de Hacienda, identificada con el número LA-06-400-006400001-N-19-2025.
Según el documento de Anticorrupción, después de resultar adjudicada, la compañía celebró contratos con más de 150 instituciones públicas bajo condiciones diferentes de las que había presentado originalmente en su propuesta económica.
La dependencia sostuvo que estas modificaciones provocaron pagos superiores a los que correspondían y que parte de los recursos todavía no habían sido devueltos.
Entre los principales hallazgos se encuentran:
- Más de 150 instituciones federales contrataron servicios de vales electrónicos con la compañía durante 2025.
- 39 dependencias y entidades mantenían requerimientos de devolución pendientes.
- 29.4 millones de pesos era el monto aproximado que seguía sin reintegrarse.
- Un procedimiento administrativo permanece abierto para determinar posibles infracciones a la legislación de contrataciones públicas.
El oficio, firmado por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua, advierte que los contratos fueron celebrados en condiciones distintas a las ofertadas, lo que habría permitido recibir recursos públicos que no correspondían a la empresa.
La autoridad considera que estos hechos podrían representar infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
¿Cuál es el posible conflicto de interés entre Broxel y un funcionario de Hacienda?
Otro punto de la investigación involucra a Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, y a su hermano Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El documento identifica la relación familiar y la trayectoria laboral del funcionario federal.
Miguel Sergio Siliceo ocupa su puesto en Hacienda desde octubre de 2021. Antes de incorporarse a esa dependencia, trabajó entre febrero de 2019 y septiembre de 2021 como director general adjunto en la Dirección General de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext.
Al dejar esa institución, obtuvo una licencia sin goce de sueldo, por lo que Anticorrupción considera que podría conservar una relación laboral con el banco.
La situación llamó la atención de la dependencia porque fue precisamente Bancomext una de las instituciones involucradas en la evaluación del financiamiento solicitado por la empresa representada por su hermano.
¿Dónde estaría el posible conflicto?
El cuestionamiento se relaciona con la coincidencia de tres circunstancias: el parentesco entre el representante de Broxel y el funcionario federal, la relación laboral previa de este último con Bancomext y la solicitud de financiamiento presentada por la compañía.
Sin embargo, la existencia de un vínculo familiar no demuestra, por sí sola, tráfico de influencias o una intervención indebida.
El oficio no acredita que Miguel Sergio Siliceo haya participado en la autorización de contratos a Broxel ni en el trámite del crédito. Esa distinción es necesaria porque las posibles responsabilidades requieren una investigación y una determinación de las autoridades competentes.
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¿Cuántos millones de pesos obtuvo Broxel en contratos con el gobierno?
El volumen de contrataciones públicas es uno de los elementos que Anticorrupción consideró al evaluar la situación financiera de la empresa.
Según los montos señalados en el oficio, durante 2025 Broxel mantuvo contratos con instituciones federales y con el Gobierno de la Ciudad de México por los siguientes valores:
- Gobierno federal: entre 6 mil 928.7 y 9 mil 751 millones de pesos.
- Gobierno de la Ciudad de México: entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos.
- Cartera futura de negocios identificada: 32 mil 296 millones de pesos, de los cuales más del 60% se relacionaría con oportunidades vinculadas a Hacienda.
Las cifras de los contratos corresponden a rangos mínimos y máximos reportados, por lo que no deben interpretarse automáticamente como dinero ya cobrado por la empresa.
La Secretaría Anticorrupción advirtió que una parte importante de las operaciones de Broxel depende de las contrataciones con instituciones públicas.
Por ello, una eventual inhabilitación podría limitar sus ingresos y afectar su capacidad para cumplir obligaciones financieras.
¿Por qué Broxel solicitó un crédito de 4 mil 200 millones de pesos a Bancomext?
La empresa buscó un financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos para disponer de capital de trabajo y sostener sus operaciones.
La solicitud involucraba a Bancomext y Nacional Financiera (Nafin), instituciones de banca de desarrollo.
El expediente llegó a una instancia de evaluación del banco, pero el 10 de noviembre Anticorrupción emitió un oficio en el que recomendó no autorizar la operación.
La dependencia identificó varios factores de riesgo:
- Los recursos públicos pendientes de devolución.
- Los procedimientos administrativos relacionados con contratos gubernamentales.
- La posibilidad de que Broxel sea sancionada e inhabilitada para obtener nuevas adjudicaciones.
- Su dependencia económica de las contrataciones públicas.
- El posible conflicto de interés relacionado con su representante legal.
La preocupación de Anticorrupción era que, si la compañía perdía acceso a nuevos contratos gubernamentales, pudiera enfrentar dificultades para devolver el préstamo.
En sus conclusiones, el órgano de vigilancia consideró que no era viable autorizar el financiamiento para proteger los intereses de Bancomext y evitar que los riesgos económicos de la compañía se trasladaran al gobierno federal.
Hasta la información disponible, no se ha confirmado una resolución definitiva del comité bancario sobre la solicitud.
¿Qué relación tiene Broxel con las tarjetas entregadas a diputados de Morena?
La compañía también es conocida por emitir los monederos electrónicos que fueron distribuidos entre los diputados federales de Morena.
El 3 de noviembre, EL UNIVERSAL publicó que los 254 legisladores del partido habían recibido tarjetas precargadas con 10 mil pesos cada una.
La investigación periodística señaló que se entregaron cinco tarjetas por diputado. Sin embargo, el coordinador administrativo de la bancada, Faruk Miguel Take Roaro, reconoció la distribución, pero aseguró que únicamente se proporcionaron tres por legislador.
La diferencia cambia el monto total de la entrega:
- Versión de Morena: tres tarjetas de 10 mil pesos, equivalentes a 30 mil pesos por diputado.
- Versión de la investigación periodística: cinco tarjetas de 10 mil pesos, equivalentes a 50 mil pesos por diputado.
El funcionario de Morena aseguró que se trató de un adelanto de las prerrogativas ordinarias de fin de año y sostuvo que la entrega se realizó conforme a la ley.
No obstante, legisladores de oposición cuestionaron ese argumento y negaron recibir un beneficio equivalente.
La distribución también generó preguntas sobre el origen presupuestal de los recursos, su comprobación y los mecanismos de supervisión del gasto.
El vínculo con Broxel no se limita a estas tarjetas. La compañía también ha prestado servicios de distribución de vales de despensa para trabajadores de base y confianza de la Cámara de Diputados, según la información periodística proporcionada.
¿Qué respondió Broxel sobre las investigaciones y los contratos?
Servicios Broxel defendió la legalidad de su participación en la licitación de vales electrónicos de despensa.
En un posicionamiento difundido el 12 de noviembre, la empresa aseguró que obtuvo el contrato porque cumplió los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos del procedimiento.
También sostuvo que presentó una bonificación al gobierno federal superior a 480 millones de pesos y que entregó los vales en los plazos correspondientes.
Respecto al oficio de Anticorrupción, la compañía indicó que no había recibido una notificación formal del documento, por lo que cuestionó la posibilidad de verificar su autenticidad, contenido y alcance.
Broxel afirmó que mantiene disposición para atender los requerimientos de las autoridades y colaborar en los procesos de revisión.
Previamente había explicado que las diferencias identificadas en los contratos respondían a una discrepancia técnica e interpretativa relacionada con la aplicación de la bonificación económica ofrecida en la licitación.
¿Qué sanciones podría recibir Broxel si se comprueban las irregularidades?
La Secretaría Anticorrupción señaló que los procedimientos administrativos podrían concluir con sanciones previstas en la legislación federal de adquisiciones.
Entre las consecuencias posibles se encuentra la inhabilitación de Broxel para participar en nuevas contrataciones públicas.
Esa medida tendría implicaciones para una compañía que obtiene una parte importante de sus ingresos mediante contratos con instituciones gubernamentales.
Por otra parte, Norma Julieta del Río, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), advirtió que el caso requiere revisar tanto la legalidad de las adjudicaciones como la posible intervención indebida de funcionarios.
En declaraciones recogidas por EL UNIVERSAL, la especialista planteó que podría tratarse de una red de relaciones comparable con otros casos investigados en instituciones públicas.
“Quizá estamos ante una red similar a la del INE”, expresó.
Del Río señaló que una licitación puede cumplir formalmente sus etapas y, aun así, requerir una revisión para determinar si existió tráfico de influencias o uso ilícito de atribuciones.
También explicó que, si se acredita responsabilidad administrativa del funcionario de Hacienda, podría enfrentar sanciones, incluida la destitución e inhabilitación.
En cuanto a la empresa, mencionó la posibilidad de impedirle participar en contrataciones públicas durante un periodo determinado, según la gravedad de las faltas y la resolución correspondiente.
Estas declaraciones representan una valoración de la especialista y no una conclusión de las autoridades sobre la existencia de una red de corrupción.
¿Qué falta por aclarar en el caso Broxel?
Las investigaciones continúan y todavía existen asuntos que requieren una determinación oficial.
Entre ellos destacan el monto definitivo que Broxel debe reintegrar, la posible responsabilidad administrativa por los contratos celebrados, la existencia o no de una intervención indebida del funcionario de Hacienda y la resolución bancaria respecto al crédito solicitado.
También permanece pendiente conocer con precisión el origen y los mecanismos de comprobación de los recursos utilizados en las tarjetas distribuidas a diputados de Morena.
Hasta ahora, Broxel no ha sido declarada responsable de las irregularidades investigadas mediante una resolución definitiva en los procedimientos descritos.
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