FGR acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción que recibió una pensión vitalicia de Pemex tras la muerte de su esposo en 2004
María Amparo Casar ha sido acusada de intervenir en el mecanismo que hizo posible su pensión a pesar de que peritajes calificaran la muerte de su esposo como un caso de suicidio.
La Fiscalía General de la República judicializó una investigación contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De acuerdo con La Jornada, la FGR solicita que sea juzgada por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”.
El origen del caso es una pensión vitalicia que Casar ha recibido de Petróleos Mexicanos desde enero de 2005, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, y cuyo monto mensual reportado es de 125 mil pesos.
Este proceso legal sitúa a una de las figuras más visibles de la sociedad civil crítica frente a un escrutinio penal, en medio de un debate público sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios por parte de la paraestatal.
El origen del caso: Una muerte y una pensión rápida
Los hechos que dieron pie a la pensión ocurrieron en 2004 cuando Carlos Fernando Márquez Padilla García ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo el 1 de junio de ese año.
Márquez falleció el 7 de octubre de 2004, tras una caída desde el piso 12 del edificio A de la sede central de la empresa. Los peritajes calificaron el suceso como un caso de suicidio.
Doce días después, el 19 de octubre, se solicitó el pago de la pensión post mortem para los beneficiarios, con efectos retroactivos al día siguiente de la muerte. Su viuda, María Amparo Casar, comenzó a recibir el pago a partir de enero de 2005.
La acusación central: ¿En qué consiste el delito?
La FGR no investiga a Casar por el hecho de recibir la pensión, sino por su “probable intervención” en el mecanismo que la hizo posible.
El delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades” se aplica en dos vías: por un lado, a servidores públicos que otorguen indebidamente permisos o autorizaciones con contenido económico. Por otro lado, el mismo código señala que se puede acusar a “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos”.
La fiscalía considera que Casar pudo incurrir en esta conducta. La pena prevista va de seis meses a doce años de prisión y una multa de 30 a 150 días.
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La batalla legal reciente: Suspensión, amparo y reinstalación
El caso tomó nueva fuerza en 2024: en febrero, Pemex suspendió el pago de la pensión argumentando que el fallecimiento de Márquez Padilla no fue por accidente de trabajo.
Posteriormente, María Amparo Casar interpuso un juicio de amparo, por lo que un juez federal ordenó a Pemex reactivar el pago en menos de 24 horas.
La resolución indicó que, una vez generado el derecho a la pensión, este se convierte en un derecho adquirido que el patrón no puede suspender de forma unilateral. Aunque ese juez se declaró incompetente y turnó el caso a otro tribunal, el pago fue reintegrado.
El entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó en mayo que Casar había incurrido en un fraude a la paraestatal por 31 millones de pesos, aproximado correspondiente a los 125 mil recibidos mensualmente durante 20 años.
La postura presidencial y el debate público
El expresidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado abiertamente el caso. En sus conferencias matutinas del 2024, lo calificó como un acto “a todas luces deshonesto”.
Aseguró que se engañó al sistema al presentar la muerte como un accidente laboral y no como un suicidio.
Porque se engaña, como se lleva a cabo una investigación judicial y de principio a fin que se da este hecho lamentable, llega el perito, llegan familiares y empiezan a decir, fue un suicidio”, declaró el mandatario.
López Obrador ha defendido su derecho a denunciar el hecho, argumentando que callarlo lo convertiría en cómplice.
El titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) denunció que la pensión de Casar tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2999, a pesar de que existan acusaciones de manipulación de informes para la clasificación del motivo de muerte del esposo de Casar como un accidente.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La Fiscalía ya presentó la solicitud de audiencia inicial, la cual está programada para el 16 de diciembre.
En esa audiencia, un juez de control dará a conocer a María Amparo Casar y a otros dos posibles implicados los resultados de la investigación y las conductas que se les imputan.
Debido a la naturaleza del delito, aunque un juez decida vincularlos a proceso, los acusados podrán seguir su juicio en libertad. El proceso se centrará en demostrar o refutar si hubo una solicitud o promoción indebida para obtener la pensión.
El desenlace legal, que será gradual, definirá no solo la situación de la activista, sino también un precedente sobre cómo el sistema judicial mexicano aborda acusaciones de este tipo contra figuras públicas.
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