Niegan amparo a Hilda Brown y mantienen congeladas las cuentas de la diputada morenista, acusada por Estados Unidos de vínculos con ‘La Mayiza’

Un juez federal rechazó desbloquear las cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien es investigada por presuntos vínculos con “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La decisión judicial mantiene vigente la medida aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que congeló sus activos en el Banco Mercantil del Norte (Banorte).

Mediante el acuerdo 282/2025, la UIF incluyó a la exalcaldesa de Rosarito, Baja California, en su lista de personas bloqueadas, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la señalara como presunta recaudadora de pagos de extorsión para los hermanos Alfonso y René Arzate, operadores de Ismael “El Mayo” Zambada en Baja California Sur.

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Suprema Corte va por congelar cuentas bancarias a todos aquellos que tengan operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo sin necesidad de tener una orden judicial previa, lo que permite bloqueos inmediatos por la UIF y obliga a los usuarios a defenderse en plazos de hasta 5, 10 y 15 días

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la señala como presunta recaudadora de pagos de extorsión para los hermanos Alfonso y René Arzate

Al interponer un amparo, Brown Figueredo solicitó al juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, la suspensión provisional para ser retirada de la lista de bloqueo y recuperar el acceso a sus fondos. Sin embargo, el juzgador denegó la medida al considerar que la legisladora no presentó ningún documento que acreditara, siquiera de manera indiciaria, ser titular de las cuentas bancarias en disputa.

En su resolución, el juez Arreola Herrera señaló que, de concederse la suspensión, se transgrediría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se le presumiría “sin justificación alguna algún derecho legal respecto de los fondos de la cuenta bancaria multicitada”. Agregó que la narración de los hechos bajo protesta de decir verdad –un requisito formal de la demanda– no sustituye la prueba necesaria para acreditar su interés en la medida cautelar.

La acusación del Departamento del Tesoro estadounidense, emitida en septiembre pasado, detalla que los hermanos Arzate utilizaron la influencia de otros actores políticos para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito durante el mandato de Brown.

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Según la dependencia, Candelario Arcega Aguirre –señalado como agente del cártel– mantuvo una “estrecha relación personal” con la exalcaldesa y, a través de ella, pudo colocar a aliados en puestos clave del ayuntamiento.