Arrasan más de 3,700 hectáreas de selva: Profepa clausura 17 predios ilegales en la Península de Yucatán

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 31 de agosto de 2025. — En un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y autoridades estatales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 17 predios forestales por realizar cambios ilegales de uso de suelo, afectando más de 3,747 hectáreas de selva en tres estados de la Península de Yucatán.

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Las inspecciones se llevaron a cabo entre el 15 de junio y el 31 de agosto, y revelaron desmontes sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En todos los casos, la vegetación fue eliminada para establecer monocultivos agroindustriales, principalmente por parte de comunidades menonitas.

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Campeche, Quintana Roo y Yucatán: maquinaria asegurada y selva devastada

En Hopelchén, Campeche, se clausuraron dos predios en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, con afectaciones en 247.85 hectáreas. Se aseguró maquinaria pesada tipo oruga.

En Quintana Roo, los operativos se realizaron en José María Morelos, Bacalar y el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, donde se detectó el cambio de uso de suelo en 2,531.12 hectáreas. También se aseguró un tractor con bomba de fumigación.

En Tekax, Yucatán, se clausuraron predios en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con afectaciones en 968.62 hectáreas. Se aseguraron una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas.

Más de 6,000 hectáreas afectadas en cuatro meses

De mayo a agosto, la Profepa ha realizado 25 operativos en la región, con la clausura de predios que suman 6,325.60 hectáreas de selva afectada. Ante la gravedad de los desmontes, se convocó a la creación de una Mesa de combate a la tala ilegal y la deforestación en Quintana Roo, con participación de autoridades ambientales y de seguridad de los tres niveles de gobierno.

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“Hemos presentado 13 denuncias penales y abierto procedimientos administrativos. El compromiso es claro: frenar los desmontes ilegales, sancionar ejemplarmente y restaurar la vegetación nativa”, declaró Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de protección al ambiente.