Gobierno de Acapulco pide a la SCJN frenar auditoria por casi 900 millones de pesos en su contra
El municipio acusa invasión de competencias por parte de la Auditoría Superior del Estado.
ACAPULCO, Guerrero.- El municipio de Acapulco de Juárez presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), luego de que esta última lo señalara por no comprobar el uso de 898 millones de pesos provenientes de recursos federales, informó El Heraldo.
La demanda fue promovida por el síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, quien argumentó que la ASE carece de competencia legal para fiscalizar recursos de origen federal, ya que esta atribución corresponde únicamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Auditoría estatal está invadiendo funciones que son exclusivas de la Federación”, sostiene el municipio en su escrito.
La SCJN turnó el caso al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá analizar si admite el recurso y si concede una suspensión provisional que, en caso de aprobarse, frenaría temporalmente cualquier acción legal de la ASE contra funcionarios municipales, incluida la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
Alcaldesa se ampara ante posible denuncia penal
En paralelo, la alcaldesa Abelina López reveló que promovió un amparo judicial, ante la posibilidad de que la ASE haya presentado una denuncia penal en su contra por el presunto manejo irregular de los fondos federales. La funcionaria no confirmó si ya hay una investigación formal en curso, pero señaló que busca protegerse ante un eventual proceso judicial.
¿Qué está en juego?
De acuerdo con el acuerdo publicado por la presidencia de la Corte, el asunto se considera de “atención urgente o preferente”, debido a la solicitud de medidas cautelares. Si la SCJN otorga la suspensión, la ASE no podrá ejercer facultades de fiscalización ni sanción relacionadas con esos recursos, al menos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La resolución del ministro Laynez Potisek podría sentar un precedente nacional sobre los límites de fiscalización entre estados y federación, especialmente en casos donde existen sospechas de corrupción o mal manejo de recursos públicos.
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