¿Puede la SCJN de Norma Piña someter a revisión una reforma constitucional como la del Poder Judicial y cancelarla?

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad de revisar reformas constitucionales, pero con limitaciones específicas. La Corte no puede modificar el contenido sustantivo de una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, ya que estas reformas son consideradas expresiones de la soberanía popular. Sin embargo, la SCJN puede revisar ciertos aspectos relacionados con el proceso legislativo y el respeto a los límites formales y procedimentales.

• Violaciones al proceso legislativo: Si la reforma constitucional no fue aprobada conforme a los procedimientos exigidos por la Constitución (por ejemplo, si no obtuvo la mayoría calificada de dos tercios en el Congreso o si no fue ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales), la SCJN puede declararla inválida.
• Violación de principios fundamentales del sistema constitucional: Aunque en México no existe una jurisprudencia clara que permita la cancelación de reformas constitucionales por razones de fondo, algunos juristas han argumentado que la SCJN podría intervenir si una reforma constitucional atentara contra principios básicos o “cláusulas pétreas” (inmutables), como los derechos humanos, la democracia o la forma republicana de gobierno. Aunque esto es más una discusión teórica, algunos fallos recientes de la SCJN han sugerido que ciertos derechos y principios podrían estar más allá del alcance de reformas ordinarias.

Caso inédito: Revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF)

Un evento reciente ha puesto a prueba el papel de la SCJN en la revisión de una reforma constitucional. En un caso sin precedentes, la Corte decidió someter a revisión una reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión ha generado un intenso debate jurídico y político.

El 15 de septiembre de 2024, se aprobó una reforma al Poder Judicial que modificaba aspectos claves de su estructura y funcionamiento. Algunos jueces y magistrados federales presentaron impugnaciones argumentando que la reforma violaba principios como la independencia judicial y la división de poderes, solicitando que la SCJN revisara su validez. El 3 de octubre de 2024, la Corte, en una votación dividida de ocho votos contra tres, admitió una de estas impugnaciones y acordó revisar la reforma.

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Argumentos a favor de la revisión:

Los ministros que votaron a favor de la revisión argumentaron que, si bien la Corte no está tomando una decisión definitiva sobre el contenido de la reforma, el procedimiento seguido para su aprobación debe ser revisado. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y otros ministros como Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat señalaron que es necesario analizar si la reforma respetó las garantías constitucionales y los principios del Estado de derecho.

Argumentos en contra:

Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de la revisión, argumentando que la Corte no tiene facultades para someter a control constitucional una reforma aprobada por el poder legislativo. Sostuvieron que esto violaría el principio de supremacía constitucional y la división de poderes. Según Batres, permitir que la Corte revise una reforma constitucional sería un “golpe de Estado constitucional” que desestabilizaría el sistema democrático.

Análisis del jurista Eduardo Andrade: “La Suprema Corte atropella la Constitución”

En un análisis titulado “La Suprema Corte atropella la Constitución”, el jurista Eduardo Andrade criticó la reciente decisión de la SCJN. Según Andrade, algunos ministros de la Corte están creando “recovecos procedimentales” que permiten que una ley secundaria controle la constitucionalidad de una reforma constitucional, lo cual, en su opinión, es un atropello a los principios básicos de la Constitución.

Andrade plantea dos posturas enfrentadas. La primera, que él defiende como la correcta, es que nada debe estar por encima de la supremacía constitucional. La Constitución, según esta visión, es el poder máximo que organiza los poderes de la república y cualquier acción de la SCJN que contradiga este principio sería una violación a su compromiso de proteger la Constitución. La segunda postura, que critica severamente, es la que sostiene que algunos ministros han adoptado interpretaciones procedimentales que socavan la seguridad jurídica, poniendo en riesgo el equilibrio entre poderes y el respeto a la voluntad popular expresada en las reformas constitucionales.

Andrade advierte que si la Corte continúa por este camino, México podría enfrentar una “dictadura judicial” en la que la SCJN tendría el control no solo del Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo y Ejecutivo. Este análisis refleja una preocupación sobre el papel de la Corte en la política mexicana y su impacto en la estabilidad democrática.

Consecuencias y reacción del Poder Judicial

La decisión de la SCJN de revisar la reforma al Poder Judicial ha sido celebrada por cientos de trabajadores del PJF, quienes vieron en esta medida una oportunidad para proteger la independencia judicial. Al finalizar la sesión del Pleno, grupos de trabajadores del Poder Judicial celebraron en las afueras de la sede de la Corte, mostrando su apoyo a la decisión y exigiendo que se mantenga la unidad y la resistencia frente a lo que consideran una reforma perjudicial para su labor.

Las consignas en favor de la decisión de la SCJN fueron un reflejo del clima de tensión que ha surgido entre los diferentes sectores del Poder Judicial y los legisladores que impulsaron la reforma.

La Corte demostró su carácter faccioso: Noroña

• Suprema Corte abre controversia: La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió revisar si tiene facultades para intervenir en la reforma judicial.
• Gerardo Fernández Noroña: El presidente del Senado afirmó que la Corte demostró su carácter “faccioso” al posicionarse por encima del Poder Legislativo, el cual tiene la facultad soberana de reformar la Constitución.
• Noroña critica a la Corte: Señaló que ni la Corte ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica para revisar los actos del Poder Legislativo y la soberanía del pueblo de México.
• Elección de jueces en 2025: Noroña ratificó que la elección de jueces se realizará el primer domingo de junio de 2025, independientemente de lo que quiera la Suprema Corte.
• Crisis constitucional: Manuel Añorve, del PRI, advirtió que se avecina una “crisis constitucional” si la Suprema Corte revisa la reforma judicial.
• Claudia Anaya celebra: La senadora priista Claudia Anaya expresó su esperanza en que la República siga funcionando correctamente.