Zona Sísmica

A “tapar el pozo”

La muerte de la joven Ana Laura quien se encontraba en resguardo en el albergue del DIF estatal, vino a detonar la serie de deficiencias que tiene a la fecha la dependencia a cargo de Blanca Fabela Dávalos en el cuidado de los menores.

La joven se encontraba en las instalaciones estatales, de donde salió sin permiso y fue encontrada muerta por una sobredosis.

El problema no es nuevo ya que desde meses atrás se ha vuelto común el reporte de menores de edad que se han fugado del albergue, y toca a la Fiscalía General del Estado realizar la búsqueda de los infantes, para mala fortuna, este caso tuvo un trágico desenlace.

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Messifóbicos

Si bien se señala que el DIF no es culpable del fallecimiento de la menor, la problemática vivida desde meses atrás por la fuga de menores si es su responsabilidad y poco se ha visto que funcionen las medidas tomadas para evitarlos.

Ahora deberán de implementar medidas de seguridad y cuidados más estrictas, de lo contrario las fugas se mantendrán y pudiera haber desenlaces similares.

Colapso

El aniversario número diez de la implementación del todavía llamado "Nuevo Sistema de Justicia Penal" en Baja California, más específicamente en Mexicali, pasó prácticamente desapercibido. Si acaso, un boletín de la Fiscalía General del Estado donde hablaban de las bondades del sistema acusatorio adversarial.

De ahí en fuera, ya sea por la pandemia o la situación actual por la que atraviesa el Poder Judicial del Estado, a cargo apenas desde hace unos días del magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, parece que nadie se acordó de ese aniversario.

A diez años de distancia de haber sido instaurado en Mexicali por el entonces gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán y la magistrada María Esther Rentería Ibarra, hay quienes consideran que el "nuevo sistema" ya está colapsado y la agilidad que supuestamente iba a tener ha quedado en el olvido.

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‘Welcome’ despilfarro en campañas

Entre los abogados, sobre todo los penalistas, señalan que uno de los indicios de ese colapso son las fechas para la programación de las diferentes audiencias, algo que está a cargo del "administrador judicial".

Por ejemplo, si la Fiscalía pide una audiencia para solicitar una orden de aprehensión, es programada para efectuarse hasta dos o tres semanas después de la petición.

O en el caso de las audiencias para juicio oral, son programadas para realizarse meses después de la solicitud, lo que implica que en caso de haber un imputado preso, debe esperar hasta que haya lugar en la agenda, sea o no inocente de las acusaciones.

Eso en Mexicali, puesto que fue el primer municipio en Baja California en implementar el "nuevo sistema", mientras en el resto de la Entidad se pospuso varias veces hasta llegar finalmente a la implementación en todos los municipios.

Amador vs Referéndum

Varias reacciones fueron lo que provocó el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, cuando en un noticiero aseguró que se pagaron mil pesos por algunas de las firmas que presentaron partidos de oposición, grupos ciudadanos y empresarios ante el Instituto Estatal Electoral para solicitar un referéndum contra la reelección sin dejar el cargo, la denominada “Ley Gandalla”, aprobada por el Congreso local.

Y bueno, las reacciones en redes sociales no se dejaron esperar tanto de ciudadanos como de participantes y promotores del referéndum quienes calificaron las declaraciones del funcionario estatal como una falta de respeto a los ciudadanos.

Las firmas se encuentran ahora resguardadas por el Ieebc en una bodega, y será en los próximos días cuando se dé a conocer si el Instituto acepta o no la solicitud de referéndum, lo cual sería histórico y bastante complicado, pues si acepta esto marcaría la primera vez que se realice en Baja California este ejercicio de participación ciudadana que, entre otras cosas, requeriría una ampliación de presupuesto que tiene que aprobar el propio Congreso del Estado.