Riesgo total

Por el derecho a la libertad de expresión

Estamos los mexicanos viviendo una etapa de completa inseguridad. No tenemos certeza de que nuestros derechos humanos y los constitucionales vayan a ser respetados. No podemos asegurar de que, al desplazarnos una cuadra de nuestro hogar, vayamos a transitar sin problemas. La propia presencia de los agentes de las policías, del ejército, de la naval o de la Guardia Nacional no nos brindan confianza, sino que, al contrario, también están dentro de las fronteras de la desconfianza ciudadana, por hechos delictivos de los cuales ellos fueron los agresores de ciudadanos inocentes. De la misma manera, tampoco podemos decir que la violencia está ubicada en ciertos espacios del territorio nacional, por el contrario, es todo el país el que está en riesgo total.

El miércoles próximo pasado, en Jalisco, se protagonizaron una serie de hechos violentos que incluyeron balaceras, quema de negocios, ataques a gasolineras, quema de automóviles particulares y de transporte público y asesinatos de personas. Esta grave situación se reproduce ese mismo día en Guanajuato, con una serie de ataques indiscriminados a negocios y población en general. El día siguiente, jueves 11, en Chihuahua, hay un nuevo ataque armado indiscriminado, con negocios incendiados, robo de automóviles para quemarlos, disparos hacia bombas de gasolina y el asesinato de cuatro miembros de un noticiero local, y otras dos personas. Obviamente, lo que se persigue es fomentar el caos y el temor, por medio de ataques terroristas dirigidos hacia todos. Esta serie de conductas criminales obedece, en primera instancia, a la inexistencia de gobernabilidad en el país, producto de la ineficacia de los gobiernos legalmente electos, que durante años han promovido la corrupción y se han ligado con el crimen organizado. Pero también es resultado del poder real que las organizaciones criminales han obtenido a través de los años.

Esas alianzas estratégicas que les ayudaron a algunos a enriquecerse, y a otros a adquirir poder económico, pero también político, que pensaron iban a poder controlar con facilidad, están ahora viendo que han sido rebasados y que no hay arreglo sencillo ni posible, pues el poder real está compartido entre gobierno y organismos criminales en zonas geográficas, y puede llegar a convertirse en poder absoluto del crimen organizado en el mediano plazo. Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos miedo, nos sentimos inseguros, no vemos alternativas de protección gubernamental y estamos convencidos de que, llegado el momento, nosotros solos deberemos afrontar el peligro y defendernos, si podemos, de cualquier contingencia fatal que se presente. Nadie vendrá a defendernos.

Columnas

¿Hacia dónde vamos?

Mientras esto sucede, en otros ámbitos del quehacer nacional la ilegalidad e inequidad siguen presentes y se acentúan. En la comunidad de Agujita, del municipio de Sabinas, Coahuila, 10 mineros siguen atrapados en el interior de una mina de carbón, con escasas posibilidades de que sean rescatados con vida. En el lugar se han hecho presentes autoridades locales, miembros de grupos de rescate, los familiares de las víctimas, mineros de otras comunidades cercanas y los medios. No recuerdo que hayan estado presentes el gobernador ni mucho menos el Presidente de la República. Para ellos este es un asunto menor que no los reclama allí presentes. Para el resto del país, este es un drama que reúne varios asuntos de grave presencia en la dinámica nacional, entre otros muchos: Las condiciones generales de trabajo de los mineros son precarias en todos los yacimientos explotados en México; los salarios devengados por los trabajadores de la mina son increíblemente bajos; no cuentan con los aditamentos de protección reglamentarios; el equipo de introducción a la mina es no solo inseguro, sino inhumano, entran parados en una especie de tambo agarrados al cable con suspropias manos; entre otras muchas irregularidades.

Sin embargo, lo más grave y ridículo de este drama humano es que aún no conocemos, quién es el dueño de esta mina para que se le finquen responsabilidades. La prensa dice que andan buscando al administrador de la mina, pero no al propietario. En este asunto hay responsables obvios en los tres niveles de gobierno, en las organizaciones patronales, en los sindicatos y en la sociedad en general, que no hicieron el intento de denunciar esta gravísima situación. La ley debe aplicarse a todos y aquí se privilegia al capitalista abusador. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.